Por tanto, podemos aproximarnos a la delimitación del alcance de la tregua
observando las actividades de ETA desde el mes de abril hasta el momento actual.
De acuerdo con los datos que he recogido en un
informe
que elaboro periódicamente a este respecto, la
organización terrorista no cometió atentados en ese período, pues su última
acción de esta naturaleza había tenido lugar el día 16 de marzo cuando asesinó,
en las cercanías de París, al brigadier Jean-Serge Nérin de la Gendarmería
Nacional. Sin embargo, no cesó en sus campañas de terrorismo callejero, pues se
contabilizaron 59 ataques con unos daños estimados en 789.700 euros —unas cifras
éstas que parten por la mitad las que se registraron en el mismo período del año
2009, en el que se anotaron 100 agresiones y unos daños de 1.431.600 €—. Tampoco
paralizó la extorsión a los empresarios vascos y navarros, de manera que en mayo
se registró una nueva oleada de cartas amenazantes hacia éstos cuyo rendimiento
potencial lo estimo en 1,2 millones de euros. Y, por último, no se frenaron las
operaciones logísticas como muestra la continuidad del robo de vehículos en
Francia y el descubrimiento en este país de tres escondites en los que se
almacenaban armamento y explosivos, en algunos casos debido a la actitud
sospechosa de los etarras que se encontraban trabajando en ellos. En
consecuencia, parece evidente que, con su alusión a las «acciones armadas
ofensivas», ETA se ha referido a los atentados y ha excluido de su tregua
cualquiera de las otras actividades violentas que realiza habitualmente. En
resumen, nada nuevo con respecto a las once ocasiones anteriores en las que,
durante las tres últimas décadas, ETA ha declarado algún tipo de «alto el
fuego».
Por otra parte, ETA tampoco ha precisado cuál es el alcance
temporal que quiere dar a esta nueva tregua. Si nos atenemos a los precedentes,
no cabe ser demasiado optimistas. Las treguas de ETA se han extendido por
períodos muy variables que han ido desde una semana hasta 17 meses, siendo el
promedio de 154 días, poco más de cinco meses. Además, esas treguas han estado
condicionadas siempre por dos elementos: uno, la consecución de objetivos
políticos; y dos, las necesidades de reorganización y fortalecimiento de la
banda.
Si nos atenemos al primero de ellos, cabe indicar que, también en
esta ocasión, ETA se plantea el logro de su programa máximo a través de lo que
en la jerga terrorista, dando un ejemplo casi perfecto de inversión lingüística,
se denomina «proceso democrático». De lo que se trata es, ni más ni menos, que
de posibilitar la independencia de «Euskal Herria» —es decir, del conjunto
formado por el País Vasco y Navarra— bajo el control y la hegemonía de propia
organización terrorista porque, según dice en su declaración, «será cuando los
derechos del Pueblo Vasco sean reconocidos y garantizados, cuando se abra la
verdadera solución al conflicto». Un documento de ETA fechado en 2009, incautado
por las fuerzas de seguridad del Estado y difundido por Ángeles Escrivá en
El
Mundo el pasado mes de agosto, revela cómo ha concebido la banda el proceso
que, con la tregua, pretende impulsar. Su plan consta de cinco fases: la primera
es la imposición de unos «mínimos democráticos», consistentes básicamente en el
cese de la represión sobre los terroristas y la declaración por el Estado de su
intención de «respetar lo que decida Euskal Herria»; la segunda se concreta en
la excarcelación de los presos de ETA con más de 20 años de cumplimiento y el
regreso de los huidos a Francia; la tercera se especifica en la puesta en marcha
de un plan de cinco años de duración para dejar en libertad a los restantes
reclusos terroristas; la cuarta delinea un «marco transitorio» reformando los
correspondientes Estatutos de Autonomía para que se fusionen Navarra y Euskadi,
a la vez que su territorio sea abandonado por la Policía Nacional y la Guardia
Civil y ETA declare aceptar «la desactivación armada»; y la quinta, ciertamente
confusa, verá concretado un cambio constitucional para que ETA pueda hacer una
declaración acerca de «lo que hemos ganado o perdido». El documento explicita
también que «ETA no cederá sus armas al Estado ni las destruirá; … no se
disolverá, sino que continuará como una institución dentro de la izquierda
abertzale; … y no pedirá perdón por las víctimas que ha generado».
¿Está ETA debilitada hasta el punto
de que necesitará mucho tiempo para restablecerse? Creo que la respuesta a esta
cuestión es indudablemente positiva. El recuento numérico de las actividades
terroristas de esta banda (...) muestra con nitidez que a partir del último
trimestre de 2008 ETA entró en una progresiva incapacidad para cometer atentados
y acciones de terrorismo callejero
Parece
claro, por tanto, que ETA ha concebido su tregua como un paso inicial hacia una
negociación con el Estado que puede durar bastantes años, tal vez una década. Lo
mismo que en otras ocasiones, aunque con la particularidad de que esta vez no ha
encontrado eco a sus pretensiones ni en el Gobierno nacional ni en el vasco,
aunque haya habido algunas voces socialistas condescendientes en línea con los
pronunciamientos de Batasuna y sus afines. Asimismo, el Partido Nacionalista
vasco, al menos de momento, se ha mostrado muy reacio a aceptar que la tregua
declarada por ETA sea un paso positivo y ha reclamado el final de las
actividades terroristas. Todo ello configura una situación en la que la banda,
al ver que no progresa el proceso que ha concebido, se verá pronto frustrada y
tratará de recuperar la iniciativa cometiendo atentados, tal vez no más allá de
pasado un semestre.
No obstante, el plazo que tentativamente acaba de
enunciarse estará condicionado al segundo de los aspectos antes mencionados. En
efecto, serán la reorganización y el fortalecimiento de ETA los que, siempre que
el Gobierno rechace cualquier viso de negociación, determinen la duración final
de esta tregua.
Con relación a este asunto, conviene precisar que ETA,
como otras organizaciones terroristas, ha asumido doctrinalmente del principio
general de la conservación de la capacidad de acción que enunció, en 1938, Mao
Zedong en su obra
Sobre la guerra prolongada. Mao señaló allí que «el
objetivo de la guerra no es otro que el de conservar las fuerzas propias y
destruir las del enemigo», para añadir inmediatamente que, aunque «el ataque es
el medio principal para destruir las fuerzas enemigas, …no se puede prescindir
de la defensa», y aclarar que «la retirada pertenece a la categoría de la
defensa y es una continuación de ésta». Por tanto, según esta doctrina, para
lograr el objetivo principal de la guerra, puede haber ocasiones en las que sea
necesario un repliegue estratégico que favorezca la acumulación de fuerzas
ofensivas; repliegue cuya duración pudiera ser tan amplia como se considere
conveniente. Mao dejó claro sobre esto último que «la guerra será prolongada …
(porque) el enemigo es fuerte y nosotros débiles»; y por ese mismo motivo
rechazó «la teoría totalmente infundada de la victoria rápida, … (pues, como
fruto de esa debilidad,) es una mera ilusión». De ahí que concluyera que
«debemos esforzarnos siempre por transformar nuestra inferioridad en
superioridad y nuestra pasividad en iniciativa, a fin de que la correlación de
fuerzas cambie a nuestro favor». Por tanto, desde esta perspectiva, la duración
de la tregua puede extenderse sobre un período tan amplio como sea conveniente
para que ETA se considere suficientemente fortalecida.
¿Está ETA
debilitada hasta el punto de que necesitará mucho tiempo para restablecerse?
Creo que la respuesta a esta cuestión es indudablemente positiva. El recuento
numérico de las actividades terroristas de esta banda que se contiene en el
informe que antes he mencionado muestra con nitidez que a partir del último
trimestre de 2008 ETA entró en una progresiva incapacidad para cometer atentados
y acciones de terrorismo callejero, lo que se plasmó en unas cifras
tendencialmente descendentes tanto en lo que se refiere a los incidentes
registrados como a las víctimas ocasionadas y al valor de los daños causados.
Esta tendencia estuvo estrechamente correlacionada con los resultados, bajo la
forma de detenciones, de la represión policial del terrorismo, lo que señala el
éxito relativo de la política que, a este respecto, han impulsado el Gobierno y
el poder judicial.
A esta reducción de la capacidad
operativa de ETA, que se refleja en la menor intensidad de sus actividades, hay
que añadir las enormes dificultades que tiene la banda para ampliar su
influencia política
Sin embargo, existe un
ámbito en el que los resultados no son tan nítidos. Se trata de las actividades
de extorsión que, si bien se refrenaron en 2009 con respecto a 2008, en el
primer semestre de 2010 se estabilizaron con relación a idéntico período del año
anterior. La debilidad de la política de
represión de
la financiación del terrorismo —aún cuando en abril de
2010 se tipificó por primera vez el delito correspondiente y, por otra parte, se
transpusieron las directivas europeas al respecto, que databan de 2005 y 2006—
es, seguramente, un factor que ha coadyuvado a este mal resultado.
A
esta reducción de la capacidad operativa de ETA, que se refleja en la menor
intensidad de sus actividades, hay que añadir las enormes dificultades que tiene
la banda para ampliar su influencia política. Con ocasión de la ruptura de la
tregua de 1998-99 y, sobre todo, de la ilegalización de Batasuna en 2003, los
indicadores sociológicos que expresan la adhesión política a ETA se desplomaron,
tal como revelan las
diferentes ediciones del
Euskobarómetro que se elabora por la Universidad
del País Vasco. Y de esta manera, se ha podido ver que la proporción de la
población vasca que guarda una imagen positiva de la organización terrorista se
redujo a la mitad —pasando del 49 al 23 por 100 entre 1999 y 2007, último año
para el que se dispone del dato—. Además, la justificación de la violencia que
en 2002 alcanzaba al 18 por 100 de los vascos, cayó hasta el 2 por 100 en 2006,
aunque remontó algo en 2007 y 2008. Y, finalmente, lo que se podría calificar
como extremismo proetarra —es decir, las actitudes de apoyo total o de
justificación de ETA— que en 1999 alcanzaba su máximo tamaño —el 11 por 100 de
la población adulta—, cayó estrepitosamente y, ya en 2008, apenas se extendía
sobre el 1 por 100 los vascos, mostrando las cifras ulteriores un pequeño
repunte hasta el tres por ciento.
Esta endeblez política de ETA se ha
trasladado a los partidos a través de los cuales concurre en los procesos
electorales, lo que, más allá de la ilegalización de sus listas, se pudo
comprobar en los últimos comicios municipales. En 2007, Acción Nacionalista
Vasca (ANV), la marca electoral de ETA, logró hacerse con la alcaldía de 44
Ayuntamientos vascos y navarros —los mismos, aproximadamente, que gobernó
Batasuna en 1999—, pero sólo en la mitad de ellos lo hizo con los votos, pues en
la otra mitad fue el desistimiento de los concejales de los demás partidos,
presionados por una intensa campaña de violencia, el que propició que ETA se
hiciera con el poder.
Pues bien, en estas circunstancias, después de que
ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) fueran ilegalizados, la
perspectiva de que sea imposible revalidar el poder local, sencillamente porque
cualquier partido vinculado con ETA podrá ser excluido de las elecciones
municipales, las disensiones internas dentro de la que eufemísticamente se suele
denominar
izquierda abertzale y que no es otra cosa que ETA, Batasuna y
sus organizaciones afines —la mayoría de ellas informales y alegales— no se han
hecho esperar. Y, de esta manera, se ha visto que durante el último año ha
aflorado una facción dispuesta, aunque sólo sea tácticamente, al abandono del
terrorismo.
El Gobierno español, si quiere
contribuir en las actuales circunstancias al logro del final del terrorismo, no
debe atender ninguna demanda de ETA, tal como de momento está haciendo. Debe así
mantener su política de acoso policial a los terroristas y de exclusión de los
partidos a ello vinculados de los procesos electorales
Finalmente, a todo lo anterior deben añadirse otros dos
elementos. El primero es una derivación del retraimiento de la adhesión política
a ETA y alude al hecho de que el que podría denominarse como «territorio
abertzale» —o, con la expresión que acuñó Francisco Llera en un artículo
publicado en 2001 por
El Mundo, «fortaleza Udalbiltza»—, una especie de
zona liberada y sustraída al control del Estado democrático, en la que la
hegemonía
abertzale era completa y la anomia se extendía sobre todas las
manifestaciones de la vida social, se ha ido contrayendo con el retroceso del
poder político de la organización terrorista y, con ello, ha disminuido
ostensiblemente su base logística asentada sobre el territorio del País Vasco. Y
el segundo alude a la
contracción de
los recursos económicos de los que han dispuesto ETA y
Batasuna después de que, por efecto de las ilegalizaciones, hayan disminuido las
subvenciones que recibían sus organizaciones de las distintas Administraciones
Públicas vascas, así como los ingresos procedentes del entramado de negocios
—principalmente las herriko tabernas y las txoznas— que controlan.
En
síntesis, toda una serie de factores políticos, económicos y operativos hacen
que las necesidades de reorganización y fortalecimiento de ETA sean muchas y
que, en consecuencia, tal vez ello le pudiera inducir a alargar su período de
repliegue con la finalidad de:
- En primer lugar, restablecer la disciplina en las filas de su entorno,
singularmente de Batasuna, y tratar a la vez de ampliar su influencia en la
sociedad.
- En segundo término, reclutar nuevos militantes, formarlos y armarlos, para
lo que es esencial el espacio vital que le proporcionaba el «territorio
liberado» del medio centenar de municipios que podía controlar a través de la
gestión de los respectivos ayuntamientos.
- Y, finalmente, incrementar sus ingresos para poder sostener no sólo a su
militancia activa —que el Departamento
de Estado norteamericano ha cifrado recientemente en unas
trescientas personas— y sufragar las necesidades de sus presos —que suman
otros 750 individuos entre España y Francia—, sino también para afrontar el
gasto de las acciones políticas y de la materialización de la violencia.
Es en este contexto en el que hay que ubicar la cuestión de la
participación de ETA en las elecciones locales. El control de unos cuantos
ayuntamientos es clave para el logro de los objetivos que acabo de enunciar por
varios motivos. Así, puede premiar, con su participación en las candidaturas,
las aspiraciones de quienes dentro de la clase política
abertzale sean
más fieles a sus planteamientos; puede también restablecer el espacio geográfico
en el que se construye la utopía independentista y se expresa su universo
simbólico; y puede, en fin, externalizar la financiación de una parte de sus
necesidades económicas.
Por todo ello, el Gobierno español, si quiere
contribuir en las actuales circunstancias al logro del final del terrorismo, no
debe atender ninguna demanda de ETA, tal como de momento está haciendo. Debe así
mantener su política de acoso policial a los terroristas y de exclusión de los
partidos a ello vinculados de los procesos electorales. Para ello, además de dar
continuidad a la política emprendida después del fracaso de la tregua anterior,
debería reforzar la persecución de la financiación del terrorismo; tiene también
que tramitar con premura las reformas legislativas que garanticen la exclusión
de la banda terrorista de los procesos electorales; y tiene que prestar una
mayor atención al ámbito internacional para contrarrestar las acciones
propagandísticas de ETA ante los gobiernos y los medios de comunicación de otros
países. Sólo con el sostenimiento de una política de firmeza frente a ETA se
podrán acentuar los factores que determinan su debilidad y, así, incentivar a
sus los dirigentes para que acepten que sus delirios nacionalistas no tienen
futuro y decidan abandonar el terrorismo.