El 10 de diciembre, en Argentina, comenzará la andadura del gobierno Kirchner II. Tras la discusión acerca de si éste tendrá más de cambio o de continuidad, cuya conclusión cada vez más se decanta en dirección al continuismo, uno de los principales problemas que deberá afrontar la nueva presidenta es el grave deterioro institucional que afecta a la vida política argentina. Entre los mayores obstáculos para iniciar un proceso continuado de construcción institucional, uno de los que destacan, en la mayor parte de los países de América Latina, incluida la Argentina, es la perentoria necesidad de los nuevos gobernantes, cualquiera sea su color político, de reinventar la rueda una y otra vez. Si los presidentes ocupan el poder en circunstancias especiales (golpes de estado, crisis políticas o económicas, etc.), esa necesidad se multiplica a la enésima potencia, ya que se hace casi obligatorio separarse lo más posible de los predecesores. Este periódico hacer tabla rasa con el pasado impide que se consolide mínimamente cualquier proceso de acumulación, sea de capital físico, humano o institucional.

Con la llegada de Néstor Kirchner al poder ocurrió algo similar, ya que había que marcar claramente distancias respecto a los tan denostados años 90. Con el ánimo de realzar las dificultades y potenciar los logros propios se magnificaron las consecuencias de la crisis económica de 2001, presentada como un tsunami totalmente devastador. No es que la crisis no haya sido profunda, que sí lo fue, pero no hay que olvidar que pese a ella, el tejido social, económico y político de la Argentina resistió. Esto no significa negar la magnitud del descalabro, ni el aumento del desempleo y la pobreza, sino intentar ponderar la crisis, ya que posteriormente la ampliación de sus efectos ha servido para justificar muchas cosas, comenzando por la reciente prórroga, un año más, de la “emergencia económica”. Este último hecho, pese a la recuperación económica, otorga una gran discrecionalidad al poder ejecutivo.

La ley “de administración financiera” le permite al ejecutivo nacional reasignar todas las partidas presupuestarias, salvo las de seguridad e inteligencia

El primer síntoma del deterioro institucional se manifiesta en el fortalecimiento del poder presidencial, avanzando sobre las competencias de los otros dos poderes clásicos del Estado, el legislativo y el judicial. Este proceso, que convive con la existencia de un régimen fuertemente presidencialista permite explicar la actual sucesión presidencial en argentina, de un Kirchner a otro, o de Kirchner I a Kirchner II. Lo que se ha podido ver en todo este período es cómo las instituciones republicanas iban perdiendo valor y se convertían en posesiones familiares. Por ejemplo, la Casa Rosada, sede del gobierno, ha comenzado a ser utilizada por Cristina Kirchner como su base de operaciones pese a no haber asumido formalmente el poder. También se ha visto como el presidente era el único centro de decisión, ya que durante los cuatro años de gobierno no hubo reuniones de gabinete. Es probable que este estilo continúe bajo Kirchner II.

El fortalecimiento presidencial comienza con la existencia de “superpoderes” para el ejecutivo, especialmente en cuestiones presupuestarias. Uno de los mayores problemas del país es que estos superpoderes se han “derramado” del poder central a 18 de las 24 provincias del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. En todas ellas los gobernadores pueden asumir poderes similares a los del presidente. Las excepciones son Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Catamarca y La Rioja. A esto se agrega que la ley “de administración financiera” le permite al ejecutivo nacional reasignar todas las partidas presupuestarias, salvo las de seguridad e inteligencia. En 2007, el presupuesto nacional fue de 170.000 millones de pesos, y las partidas de seguridad e inteligencia sólo sumaban 10.000 millones. Como se ve, la discrecionalidad del gobierno en este punto es casi absoluta. Pero el problema con el presupuesto no acaba aquí. Lo normal en los últimos años ha sido confeccionar un presupuesto a la baja, calculando unos ingresos menores de los que efectivamente va a recaudar el Tesoro público, de manera tal que el excedente pueda gastarse sin control parlamentario de ningún tipo. En 2007, según cifras del ministerio de Economía, el gobierno va a gastar más de 27.000 millones de pesos sin control legislativo.

La ley aprobada recientemente para reglamentar el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, que refuerza al ejecutivo en contra del legislativo, fue impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora

El segundo síntoma del deterioro institucional afecta al Parlamento. En este sentido se han visto afectadas las tres principales funciones del Congreso: control del ejecutivo, redacción de leyes y aprobación de los presupuestos. El gobierno de Néstor Kirchner ha abusado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), a tal punto que durante su mandato se ha superado la marca establecida en su día por el tan denostado Carlos Menem. Es más, la ley aprobada recientemente para reglamentar el control parlamentario de los DNU, que de hecho refuerza al ejecutivo en contra del legislativo, fue impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora.

En lo que se refiere al poder judicial, hay que consignar que se empezó bien, restituyendo la normalidad a la Corte Suprema, afectada seriamente durante el gobierno de Menem. Sin embargo, la ley que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, también fue impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner. Esta ley potencia la presencia, y por ende el control, del ejecutivo sobre el gobierno de los jueces y también sobre los jueces mismos.

La transversalidad es un proyecto hegemónico que intenta subordinar a los principales partidos políticos al poder presidencial

En lo que respecta al sistema político, se observa una política deliberada de debilitar el sistema de partidos, caracterizada por la llamada transversalidad. La transversalidad es un proyecto hegemónico que intenta subordinar a los principales partidos políticos al poder presidencial. A fin de suavizar el objetivo, éste se oculta con la justificación de construir un sistema bipartidista que gire en torno a un partido de centro izquierda, el kirchnerista, y otro de centro derecha. En realidad, esta iniciativa no es la primera en su género en la política argentina, que cuenta con numerosos antecedentes. El primer proyecto hegemónico fue el del yrigoyenismo, seguido por el peronismo y, posteriormente, por el intento de Raúl Alfonsín de construir el “tercer movimiento histórico”, superador del radicalismo y el peronismo. En el caso del actual gobierno ha sido clara su política de debilitar al radicalismo, potenciando a los llamados radicales K, seguidores del gobierno, así como su intención de no fortalecer el Partido Justicialista (PJ). En los próximos meses veremos una lucha descarnada por el control del PJ, ya que Néstor Kirchner finalmente ha decidido utilizar en beneficio de su proyecto las estructuras partidarias, pero hay otros líderes peronistas, como Eduardo Duhalde o Adolfo Rodríguez Sáa, que tienen un proyecto alternativo y totalmente contradictorio con el kirchnerista.

La falta de institucionalidad también afecta el funcionamiento electoral, como se ha visto en las últimas elecciones, donde han recrudecido las denuncias por el mal funcionamiento del sistema. La más impactante fue un reportaje de Teresa Bo, corresponsal de Al Jazeera en Buenos Aires, que mostraba cómo los punteros compraban votos o movilizaban gente (el video se puede ver en YouTube). Los reglamentos y las leyes electorales no han sido adaptados a la situación actual, lo que ha dado lugar en las últimas elecciones a la existencia de las llamadas listas colectoras, permitiendo que distintas listas tuvieran un mismo candidato en la elección de rango superior, algo repetido sin límite en el caso de Cristina Kirchner. Esto ha tenido numerosos efectos perversos, ya que hasta fines de noviembre no había concluido el escrutinio en la provincia de Buenos Aires de las elecciones celebradas un mes antes.

En un avión procedente de Venezuela se interceptaron 800.000 dólares que se trataban de introducir clandestinamente en el país

La lucha contra la inflación ha mostrado de forma descarnada el respeto por las formas y el deterioro institucional. El secretario de Estado de Comercio Interior, Guillermo Moreno (ver De cuando la lechuga se convierte en cuestión de Estado) ha destacado ampliamente en este combate y, como justa recompensa por sus servicios prestados, ha sido confirmado en sus funciones en el gobierno Kirchner II y la propia presidenta lo ha respaldado públicamente. Una de las principales víctimas de la labor de Moreno ha sido el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la institución encargada de confeccionar los índices de inflación y de vigilar la evolución de las tasas de desempleo y pobreza, entre otras. Dada la brutal ingerencia sufrida por el INDEC, cuyos profesionales se han visto desplazados del control de su trabajo, su credibilidad prácticamente ha desaparecido tanto nacional como internacionalmente, lo que implica que la desconfianza frente a los índices y tasas que publica es tremenda.

Por último tenemos el recurrente tema de la corrupción, una lacra que viene de épocas y gobiernos anteriores, aunque, más allá de las declaraciones, con escasos resultados en su combate durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entre los casos más sonados que afectaron al actual gobierno se pueden mencionar, sin ánimo de ser exhaustivo: 1) el caso Skanska, que afectó al ministro de Planificación, Julio de Vido, 2) la ministra de Defensa, Nilda Garré, se vio envuelta en un caso de tráfico de armas, 3) a la ministra de Economía, Felisa Miceli se le encontró un bolso lleno de dinero en el ministerio y debió renunciar, sin embargo, meses después fue contratada por las Madres de Plaza de Mayo para administrar los amplios fondos de que disponen para construir viviendas de protección social (como se ve, la acusación de corrupción no es una mancha sino un punto a favor) y 4) en un avión procedente de Venezuela se interceptaron 800.000 dólares que se trataban de introducir clandestinamente en el país. Hay un último caso, que es el de la esposa del ministro De Vido, Alessandra Minnicelli, que hace cuatro años atrás fue nombrada subdirectora e la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el ente encargado de controlar al ejecutivo, y en particular al ministerio de su marido, que es el responsable de buena parte de los ajustes presupuestarios. Si bien la señora Minnicelli ha renunciado a la SIGEN, todo apunta a que en el próximo gobierno se desempeñará como asesora legal de su marido, que continúa al frente del ministerio de Planificación. Ardua tarea la que le espera a la presidenta Fernández de Kirchner si quiere convertir a la Argentina en un país próspero, moderno y que pueda presentarse ante el mundo como una garantía de estabilidad institucional.