Por tanto, podemos aproximarnos a la delimitación del alcance de la tregua observando las actividades de ETA desde el mes de abril hasta el momento actual. De acuerdo con los datos que he recogido en un informe que elaboro periódicamente a este respecto, la organización terrorista no cometió atentados en ese período, pues su última acción de esta naturaleza había tenido lugar el día 16 de marzo cuando asesinó, en las cercanías de París, al brigadier Jean-Serge Nérin de la Gendarmería Nacional. Sin embargo, no cesó en sus campañas de terrorismo callejero, pues se contabilizaron 59 ataques con unos daños estimados en 789.700 euros —unas cifras éstas que parten por la mitad las que se registraron en el mismo período del año 2009, en el que se anotaron 100 agresiones y unos daños de 1.431.600 €—. Tampoco paralizó la extorsión a los empresarios vascos y navarros, de manera que en mayo se registró una nueva oleada de cartas amenazantes hacia éstos cuyo rendimiento potencial lo estimo en 1,2 millones de euros. Y, por último, no se frenaron las operaciones logísticas como muestra la continuidad del robo de vehículos en Francia y el descubrimiento en este país de tres escondites en los que se almacenaban armamento y explosivos, en algunos casos debido a la actitud sospechosa de los etarras que se encontraban trabajando en ellos. En consecuencia, parece evidente que, con su alusión a las «acciones armadas ofensivas», ETA se ha referido a los atentados y ha excluido de su tregua cualquiera de las otras actividades violentas que realiza habitualmente. En resumen, nada nuevo con respecto a las once ocasiones anteriores en las que, durante las tres últimas décadas, ETA ha declarado algún tipo de «alto el fuego».

Por otra parte, ETA tampoco ha precisado cuál es el alcance temporal que quiere dar a esta nueva tregua. Si nos atenemos a los precedentes, no cabe ser demasiado optimistas. Las treguas de ETA se han extendido por períodos muy variables que han ido desde una semana hasta 17 meses, siendo el promedio de 154 días, poco más de cinco meses. Además, esas treguas han estado condicionadas siempre por dos elementos: uno, la consecución de objetivos políticos; y dos, las necesidades de reorganización y fortalecimiento de la banda.

Si nos atenemos al primero de ellos, cabe indicar que, también en esta ocasión, ETA se plantea el logro de su programa máximo a través de lo que en la jerga terrorista, dando un ejemplo casi perfecto de inversión lingüística, se denomina «proceso democrático». De lo que se trata es, ni más ni menos, que de posibilitar la independencia de «Euskal Herria» —es decir, del conjunto formado por el País Vasco y Navarra— bajo el control y la hegemonía de propia organización terrorista porque, según dice en su declaración, «será cuando los derechos del Pueblo Vasco sean reconocidos y garantizados, cuando se abra la verdadera solución al conflicto». Un documento de ETA fechado en 2009, incautado por las fuerzas de seguridad del Estado y difundido por Ángeles Escrivá en El Mundo el pasado mes de agosto, revela cómo ha concebido la banda el proceso que, con la tregua, pretende impulsar. Su plan consta de cinco fases: la primera es la imposición de unos «mínimos democráticos», consistentes básicamente en el cese de la represión sobre los terroristas y la declaración por el Estado de su intención de «respetar lo que decida Euskal Herria»; la segunda se concreta en la excarcelación de los presos de ETA con más de 20 años de cumplimiento y el regreso de los huidos a Francia; la tercera se especifica en la puesta en marcha de un plan de cinco años de duración para dejar en libertad a los restantes reclusos terroristas; la cuarta delinea un «marco transitorio» reformando los correspondientes Estatutos de Autonomía para que se fusionen Navarra y Euskadi, a la vez que su territorio sea abandonado por la Policía Nacional y la Guardia Civil y ETA declare aceptar «la desactivación armada»; y la quinta, ciertamente confusa, verá concretado un cambio constitucional para que ETA pueda hacer una declaración acerca de «lo que hemos ganado o perdido». El documento explicita también que «ETA no cederá sus armas al Estado ni las destruirá; … no se disolverá, sino que continuará como una institución dentro de la izquierda abertzale; … y no pedirá perdón por las víctimas que ha generado».

¿Está ETA debilitada hasta el punto de que necesitará mucho tiempo para restablecerse? Creo que la respuesta a esta cuestión es indudablemente positiva. El recuento numérico de las actividades terroristas de esta banda (...) muestra con nitidez que a partir del último trimestre de 2008 ETA entró en una progresiva incapacidad para cometer atentados y acciones de terrorismo callejero

Parece claro, por tanto, que ETA ha concebido su tregua como un paso inicial hacia una negociación con el Estado que puede durar bastantes años, tal vez una década. Lo mismo que en otras ocasiones, aunque con la particularidad de que esta vez no ha encontrado eco a sus pretensiones ni en el Gobierno nacional ni en el vasco, aunque haya habido algunas voces socialistas condescendientes en línea con los pronunciamientos de Batasuna y sus afines. Asimismo, el Partido Nacionalista vasco, al menos de momento, se ha mostrado muy reacio a aceptar que la tregua declarada por ETA sea un paso positivo y ha reclamado el final de las actividades terroristas. Todo ello configura una situación en la que la banda, al ver que no progresa el proceso que ha concebido, se verá pronto frustrada y tratará de recuperar la iniciativa cometiendo atentados, tal vez no más allá de pasado un semestre.

No obstante, el plazo que tentativamente acaba de enunciarse estará condicionado al segundo de los aspectos antes mencionados. En efecto, serán la reorganización y el fortalecimiento de ETA los que, siempre que el Gobierno rechace cualquier viso de negociación, determinen la duración final de esta tregua.

Con relación a este asunto, conviene precisar que ETA, como otras organizaciones terroristas, ha asumido doctrinalmente del principio general de la conservación de la capacidad de acción que enunció, en 1938, Mao Zedong en su obra Sobre la guerra prolongada. Mao señaló allí que «el objetivo de la guerra no es otro que el de conservar las fuerzas propias y destruir las del enemigo», para añadir inmediatamente que, aunque «el ataque es el medio principal para destruir las fuerzas enemigas, …no se puede prescindir de la defensa», y aclarar que «la retirada pertenece a la categoría de la defensa y es una continuación de ésta». Por tanto, según esta doctrina, para lograr el objetivo principal de la guerra, puede haber ocasiones en las que sea necesario un repliegue estratégico que favorezca la acumulación de fuerzas ofensivas; repliegue cuya duración pudiera ser tan amplia como se considere conveniente. Mao dejó claro sobre esto último que «la guerra será prolongada … (porque) el enemigo es fuerte y nosotros débiles»; y por ese mismo motivo rechazó «la teoría totalmente infundada de la victoria rápida, … (pues, como fruto de esa debilidad,) es una mera ilusión». De ahí que concluyera que «debemos esforzarnos siempre por transformar nuestra inferioridad en superioridad y nuestra pasividad en iniciativa, a fin de que la correlación de fuerzas cambie a nuestro favor». Por tanto, desde esta perspectiva, la duración de la tregua puede extenderse sobre un período tan amplio como sea conveniente para que ETA se considere suficientemente fortalecida.

¿Está ETA debilitada hasta el punto de que necesitará mucho tiempo para restablecerse? Creo que la respuesta a esta cuestión es indudablemente positiva. El recuento numérico de las actividades terroristas de esta banda que se contiene en el informe que antes he mencionado muestra con nitidez que a partir del último trimestre de 2008 ETA entró en una progresiva incapacidad para cometer atentados y acciones de terrorismo callejero, lo que se plasmó en unas cifras tendencialmente descendentes tanto en lo que se refiere a los incidentes registrados como a las víctimas ocasionadas y al valor de los daños causados. Esta tendencia estuvo estrechamente correlacionada con los resultados, bajo la forma de detenciones, de la represión policial del terrorismo, lo que señala el éxito relativo de la política que, a este respecto, han impulsado el Gobierno y el poder judicial.

A esta reducción de la capacidad operativa de ETA, que se refleja en la menor intensidad de sus actividades, hay que añadir las enormes dificultades que tiene la banda para ampliar su influencia política

Sin embargo, existe un ámbito en el que los resultados no son tan nítidos. Se trata de las actividades de extorsión que, si bien se refrenaron en 2009 con respecto a 2008, en el primer semestre de 2010 se estabilizaron con relación a idéntico período del año anterior. La debilidad de la política de represión de la financiación del terrorismo —aún cuando en abril de 2010 se tipificó por primera vez el delito correspondiente y, por otra parte, se transpusieron las directivas europeas al respecto, que databan de 2005 y 2006— es, seguramente, un factor que ha coadyuvado a este mal resultado.

A esta reducción de la capacidad operativa de ETA, que se refleja en la menor intensidad de sus actividades, hay que añadir las enormes dificultades que tiene la banda para ampliar su influencia política. Con ocasión de la ruptura de la tregua de 1998-99 y, sobre todo, de la ilegalización de Batasuna en 2003, los indicadores sociológicos que expresan la adhesión política a ETA se desplomaron, tal como revelan las diferentes ediciones del Euskobarómetro que se elabora por la Universidad del País Vasco. Y de esta manera, se ha podido ver que la proporción de la población vasca que guarda una imagen positiva de la organización terrorista se redujo a la mitad —pasando del 49 al 23 por 100 entre 1999 y 2007, último año para el que se dispone del dato—. Además, la justificación de la violencia que en 2002 alcanzaba al 18 por 100 de los vascos, cayó hasta el 2 por 100 en 2006, aunque remontó algo en 2007 y 2008. Y, finalmente, lo que se podría calificar como extremismo proetarra —es decir, las actitudes de apoyo total o de justificación de ETA— que en 1999 alcanzaba su máximo tamaño —el 11 por 100 de la población adulta—, cayó estrepitosamente y, ya en 2008, apenas se extendía sobre el 1 por 100 los vascos, mostrando las cifras ulteriores un pequeño repunte hasta el tres por ciento.

Esta endeblez política de ETA se ha trasladado a los partidos a través de los cuales concurre en los procesos electorales, lo que, más allá de la ilegalización de sus listas, se pudo comprobar en los últimos comicios municipales. En 2007, Acción Nacionalista Vasca (ANV), la marca electoral de ETA, logró hacerse con la alcaldía de 44 Ayuntamientos vascos y navarros —los mismos, aproximadamente, que gobernó Batasuna en 1999—, pero sólo en la mitad de ellos lo hizo con los votos, pues en la otra mitad fue el desistimiento de los concejales de los demás partidos, presionados por una intensa campaña de violencia, el que propició que ETA se hiciera con el poder.

Pues bien, en estas circunstancias, después de que ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) fueran ilegalizados, la perspectiva de que sea imposible revalidar el poder local, sencillamente porque cualquier partido vinculado con ETA podrá ser excluido de las elecciones municipales, las disensiones internas dentro de la que eufemísticamente se suele denominar izquierda abertzale y que no es otra cosa que ETA, Batasuna y sus organizaciones afines —la mayoría de ellas informales y alegales— no se han hecho esperar. Y, de esta manera, se ha visto que durante el último año ha aflorado una facción dispuesta, aunque sólo sea tácticamente, al abandono del terrorismo.

El Gobierno español, si quiere contribuir en las actuales circunstancias al logro del final del terrorismo, no debe atender ninguna demanda de ETA, tal como de momento está haciendo. Debe así mantener su política de acoso policial a los terroristas y de exclusión de los partidos a ello vinculados de los procesos electorales

Finalmente, a todo lo anterior deben añadirse otros dos elementos. El primero es una derivación del retraimiento de la adhesión política a ETA y alude al hecho de que el que podría denominarse como «territorio abertzale» —o, con la expresión que acuñó Francisco Llera en un artículo publicado en 2001 por El Mundo, «fortaleza Udalbiltza»—, una especie de zona liberada y sustraída al control del Estado democrático, en la que la hegemonía abertzale era completa y la anomia se extendía sobre todas las manifestaciones de la vida social, se ha ido contrayendo con el retroceso del poder político de la organización terrorista y, con ello, ha disminuido ostensiblemente su base logística asentada sobre el territorio del País Vasco. Y el segundo alude a la contracción de los recursos económicos de los que han dispuesto ETA y Batasuna después de que, por efecto de las ilegalizaciones, hayan disminuido las subvenciones que recibían sus organizaciones de las distintas Administraciones Públicas vascas, así como los ingresos procedentes del entramado de negocios —principalmente las herriko tabernas y las txoznas— que controlan.

En síntesis, toda una serie de factores políticos, económicos y operativos hacen que las necesidades de reorganización y fortalecimiento de ETA sean muchas y que, en consecuencia, tal vez ello le pudiera inducir a alargar su período de repliegue con la finalidad de:

• En primer lugar, restablecer la disciplina en las filas de su entorno, singularmente de Batasuna, y tratar a la vez de ampliar su influencia en la sociedad.
• En segundo término, reclutar nuevos militantes, formarlos y armarlos, para lo que es esencial el espacio vital que le proporcionaba el «territorio liberado» del medio centenar de municipios que podía controlar a través de la gestión de los respectivos ayuntamientos.
• Y, finalmente, incrementar sus ingresos para poder sostener no sólo a su militancia activa —que el Departamento de Estado norteamericano ha cifrado recientemente en unas trescientas personas— y sufragar las necesidades de sus presos —que suman otros 750 individuos entre España y Francia—, sino también para afrontar el gasto de las acciones políticas y de la materialización de la violencia.

Es en este contexto en el que hay que ubicar la cuestión de la participación de ETA en las elecciones locales. El control de unos cuantos ayuntamientos es clave para el logro de los objetivos que acabo de enunciar por varios motivos. Así, puede premiar, con su participación en las candidaturas, las aspiraciones de quienes dentro de la clase política abertzale sean más fieles a sus planteamientos; puede también restablecer el espacio geográfico en el que se construye la utopía independentista y se expresa su universo simbólico; y puede, en fin, externalizar la financiación de una parte de sus necesidades económicas.

Por todo ello, el Gobierno español, si quiere contribuir en las actuales circunstancias al logro del final del terrorismo, no debe atender ninguna demanda de ETA, tal como de momento está haciendo. Debe así mantener su política de acoso policial a los terroristas y de exclusión de los partidos a ello vinculados de los procesos electorales. Para ello, además de dar continuidad a la política emprendida después del fracaso de la tregua anterior, debería reforzar la persecución de la financiación del terrorismo; tiene también que tramitar con premura las reformas legislativas que garanticen la exclusión de la banda terrorista de los procesos electorales; y tiene que prestar una mayor atención al ámbito internacional para contrarrestar las acciones propagandísticas de ETA ante los gobiernos y los medios de comunicación de otros países. Sólo con el sostenimiento de una política de firmeza frente a ETA se podrán acentuar los factores que determinan su debilidad y, así, incentivar a sus los dirigentes para que acepten que sus delirios nacionalistas no tienen futuro y decidan abandonar el terrorismo.