La utilización de la justicia como arma política no es algo nuevo. En
algunos países se habla incluso de la judicialización de la política, lo que
implica la irrupción de los jueces en el conflicto entre poderes y también entre
los más diversos actores que se mueven en la arena política de sus respectivas
sociedades. Este hecho, en sí mismo grave, adquiere mayores implicancias en
aquellos casos en los que la independencia del poder judicial se ha convertido
en una mera declaración de intenciones y la mano del ejecutiva es larga y
todopoderosa. Pero todavía es posible ir todavía más allá, como sucede en
Bolivia y
Venezuela,
donde la justicia se ha convertido en un mecanismo ideal para la lucha contra la
oposición y los principales dirigentes opositores.
Este uso de la
justicia como arma política permite dejar al margen los procesos electorales. Si
a los opositores se los derrota en los tribunales y se los encierra en cárceles
o se los aparta de la arena político en exilios forzosos el fraude electoral se
hace innecesario. Teniendo en cuenta que la
legitimidad de
los gobiernos populistas proviene de las elecciones
ganadas y no de
revoluciones
sólo existentes en los gabinetes de los ideólogos, es
mejor no arrojar demasiadas sombras sobre el funcionamiento de los procesos
electorales. El general retirado
Alberto Müller Rojas, hasta ahora
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), renunció a su
cargo a fines de marzo tras declarar que “El proceso revolucionario está pésimo”
y describir al chavismo como “un nacionalismo pequeñoburgués que no representa
las expectativas de la sociedad”.
La falta de sintonía entre los
preceptos constitucionales y la acción de gobierno suele afectar, aunque no
únicamente, a los apartados de derechos y
garantías
En el momento actual en América
Latina nadie cuestiona públicamente la democracia. Hasta el gobierno cubano
firma sin ruborizarse declaraciones, como las de la Cumbre de Cancún, donde se
reconoce que “la preservación de la democracia y de los valores democráticos, la
vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el compromiso con el
respeto y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, son
objetivos esenciales de nuestros países”. Sin embargo, hay casos nacionales
donde la calidad de la democracia deja bastante que desear. Esto ocurre cuando
las instituciones no funcionan, cuando la separación de poderes se ha convertido
en una mera formalidad, cuando se eliminan los límites entre estado y gobierno,
cuando se
patrimonializa
el uso del poder o cuando las minorías carecen
absolutamente de derechos.
Una anomalía cada vez más visible en Bolivia
y Venezuela es la constante vulneración de las constituciones aprobadas a pedido
de unos gobiernos que posteriormente comienzan a no sentirse cómodos con ellas
en función de sus intereses cotidianos. De ahí la necesidad de
reformar el
máximo texto legal una y otra vez para que el articulado
responda exactamente a las demandas presidenciales. La falta de sintonía entre
los preceptos constitucionales y la acción de gobierno suele afectar, aunque no
únicamente, a los apartados de derechos y garantías. Para saltarlos, en Bolivia
se aprueban nuevas normas, que inclusive introducen la posibilidad de juzgar
retroactivamente delitos supuestamente cometidos por autoridades en el ejercicio
del poder.
Está muy bien luchar contra la
corrupción hasta sus últimas consecuencias y llevar a los culpables a la cárcel,
pero el problema surge cuando las leyes se utilizan para cobrarse vendettas
particulares
En los dos países bolivarianos
encontramos una larga lista de dirigentes opositores que están en la cárcel
esperando que se sustancien las causas penales en su contra, como ocurre con el
ex prefecto de Pando,
Leopoldo Fernández, acusado de instigar una masacre
contra campesinos oficialistas en El Porvenir, en septiembre de 2008, o el ex
ministro de Defensa venezolano
Raúl Isaías Baduel, encarcelado bajo
cargos de enriquecimiento ilícito. Habrá que ver cuándo y cómo comienzan los
juicios (¿justos?) en su contra y si en ellos podrá ejercerse libremente el
derecho a la legítima defensa, con garantías jurídicas suficientes. Ante el
temor que esto finalmente no ocurra muchos dirigentes políticos han decidido
huir del país para eludir la acción de una justicia que no consideran imparcial.
En esta situación se encuentran, por ejemplo, el venezolano
Manuel
Rosales refugiado en Lima o el boliviano
Manfred Reyes Villa en
Estados Unidos. Esto no impide que sean muchos los que deben ver como sobre sus
cabezas pende la amenaza constante de ser llevados en cualquier momento ante los
tribunales por denuncias que muchas veces tienen que ver con elementos tan
subjetivos como la “traición a la patria”.
La “Ley de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas” fue aprobada
por el nuevo parlamento boliviano, en el cual el oficialismo, el MAS, tiene una
cómoda y amplia mayoría. El proyecto ya había sido presentado por el gobierno en
2006, pero en ese entonces
el MAS no
tenía la mayoría suficiente. La ley se aplicará a
autoridades y ex autoridades sospechosas de corrupción, a las que no se les
reconoce inmunidad, fuero o
privilegio de
ningún tipo. También crea un Consejo Nacional de Lucha
contra la Corrupción, así como tribunales y policías especializados y un sistema
de protección de denunciantes, lo que estimulará las denuncias anónimas.
Introduce, igualmente, nuevos delitos en la legislación boliviana como el uso
indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito o el cohecho
trasnacional (activo y pasivo), a la vez que de acuerdo con la nueva
Constitución declara imprescriptibles los delitos “que atenten contra el
patrimonio del Estado y causen grave daño económico”. Está muy bien luchar
contra la corrupción hasta sus últimas consecuencias y llevar a los culpables a
la cárcel, pero el problema surge cuando las leyes se utilizan para cobrarse
vendettas particulares, como ocurre con
Evo Morales, resentido por la
persecución que dice haber sufrido durante los gobiernos de los ex presidentes a
los que se quiere llevar a la cárcel.
Pese a que el gobierno ha
manifestado su neutralidad y su voluntad de moverse únicamente por el deseo de
cumplir y hacer cumplir la ley, lo cierto es que algunas declaraciones de Evo
Morales y algunos de sus colaboradores van en la línea
contraria
Junto a esta ley contra la
corrupción, el gobierno de
Morales impulsa la de Responsabilidades, que
permitiría acelerar una serie de procesos impulsados por el oficialismo contra
varios ex presidentes por supuestos delitos de daño al Estado cometidos en el
ejercicio de sus funciones. La sensación de inseguridad denunciada por los ex
mandatarios se acentúa por el hecho de que en febrero pasado la mayor parte de
los magistrados de las principales instituciones jurídicas fueron designados
directamente por el presidente, aunque con carácter interino.
Pese a que
en repetidas oportunidades el gobierno ha manifestado su neutralidad en el tema
y su voluntad de moverse únicamente por el deseo de cumplir y hacer cumplir la
ley, lo cierto es que algunas declaraciones del presidente y de algunos de sus
colaboradores van en la línea contraria.
Evo Morales y su gobierno
reivindican la “revolución moral” que han puesto en marcha para combatir la
corrupción pasada y presente y prevenir la futura. Y para ello han sancionado
esta Ley Anticorrupción. Por eso,
Evo Morales, tras criticar a los tres
ex presidentes y al ex vicepresidente que denunciaban la persecución a la que se
han visto sometidos, ha señalado que “si alguien no tiene nada, no hay por qué
temer a nada. Yo puedo entender que (los ex presidentes) son delincuentes
confesos y que se organizan en un sindicato para defenderse”.
Si se quiere hacer en Bolivia una
“revolución moral” y acabar con las injusticias que tradicionalmente han
padecido los sectores populares, el gobierno debería trabajar para fortalecer a
la justicia y convertirla en un poder independiente y al amparo de las presiones
políticas
En la misma línea, el ministro de
Defensa
Rubén Saavedra calificó de “manifiesto político”, la denuncia de
los pasados gobernantes y su crítica de la Ley de Responsabilidades: “Las cuatro
ex altas autoridades tienen procesos abiertos aún antes que el presidente
Evo
Morales comenzara su primera gestión de Gobierno, entonces, entendemos que
el pronunciamiento de esas ex autoridades es más un manifiesto político que un
argumento jurídico… Los procesos en contra de los ex presidentes y ex
vicepresidente comenzaron con una anterior ley, la 2445, esa será la norma que
se aplicará en los procesos que se han abierto en contra de ellos. Esto
demuestra que cae por su propio peso el argumento de que estuvieran siendo
sometidos a una persecución política o linchamiento político”.
Si
de verdad se quiere hacer en Bolivia una “revolución moral”, si se quiere acabar
con las injusticias que tradicionalmente han padecido los sectores populares, lo
que debería hacer el gobierno es trabajar para fortalecer a la justicia, para
convertirla en un poder totalmente independiente y al amparo de las presiones
políticas. Pero ésta no es la senda elegida. Los tiros, en esta ocasión, van por
otros derroteros, más vinculados al “
patria o
muerte” impuesto a las fuerzas armadas bolivianas que a la
superación de los
conflictos
étnicos y a la plena
integración de
los indígenas en la vida política
nacional.