La utilización de la justicia como arma política no es algo nuevo. En algunos países se habla incluso de la judicialización de la política, lo que implica la irrupción de los jueces en el conflicto entre poderes y también entre los más diversos actores que se mueven en la arena política de sus respectivas sociedades. Este hecho, en sí mismo grave, adquiere mayores implicancias en aquellos casos en los que la independencia del poder judicial se ha convertido en una mera declaración de intenciones y la mano del ejecutiva es larga y todopoderosa. Pero todavía es posible ir todavía más allá, como sucede en Bolivia y Venezuela, donde la justicia se ha convertido en un mecanismo ideal para la lucha contra la oposición y los principales dirigentes opositores.

Este uso de la justicia como arma política permite dejar al margen los procesos electorales. Si a los opositores se los derrota en los tribunales y se los encierra en cárceles o se los aparta de la arena político en exilios forzosos el fraude electoral se hace innecesario. Teniendo en cuenta que la legitimidad de los gobiernos populistas proviene de las elecciones ganadas y no de revoluciones sólo existentes en los gabinetes de los ideólogos, es mejor no arrojar demasiadas sombras sobre el funcionamiento de los procesos electorales. El general retirado Alberto Müller Rojas, hasta ahora vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), renunció a su cargo a fines de marzo tras declarar que “El proceso revolucionario está pésimo” y describir al chavismo como “un nacionalismo pequeñoburgués que no representa las expectativas de la sociedad”.

La falta de sintonía entre los preceptos constitucionales y la acción de gobierno suele afectar, aunque no únicamente, a los apartados de derechos y garantías

En el momento actual en América Latina nadie cuestiona públicamente la democracia. Hasta el gobierno cubano firma sin ruborizarse declaraciones, como las de la Cumbre de Cancún, donde se reconoce que “la preservación de la democracia y de los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, son objetivos esenciales de nuestros países”. Sin embargo, hay casos nacionales donde la calidad de la democracia deja bastante que desear. Esto ocurre cuando las instituciones no funcionan, cuando la separación de poderes se ha convertido en una mera formalidad, cuando se eliminan los límites entre estado y gobierno, cuando se patrimonializa el uso del poder o cuando las minorías carecen absolutamente de derechos.

Una anomalía cada vez más visible en Bolivia y Venezuela es la constante vulneración de las constituciones aprobadas a pedido de unos gobiernos que posteriormente comienzan a no sentirse cómodos con ellas en función de sus intereses cotidianos. De ahí la necesidad de reformar el máximo texto legal una y otra vez para que el articulado responda exactamente a las demandas presidenciales. La falta de sintonía entre los preceptos constitucionales y la acción de gobierno suele afectar, aunque no únicamente, a los apartados de derechos y garantías. Para saltarlos, en Bolivia se aprueban nuevas normas, que inclusive introducen la posibilidad de juzgar retroactivamente delitos supuestamente cometidos por autoridades en el ejercicio del poder.

Está muy bien luchar contra la corrupción hasta sus últimas consecuencias y llevar a los culpables a la cárcel, pero el problema surge cuando las leyes se utilizan para cobrarse vendettas particulares

En los dos países bolivarianos encontramos una larga lista de dirigentes opositores que están en la cárcel esperando que se sustancien las causas penales en su contra, como ocurre con el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de instigar una masacre contra campesinos oficialistas en El Porvenir, en septiembre de 2008, o el ex ministro de Defensa venezolano Raúl Isaías Baduel, encarcelado bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Habrá que ver cuándo y cómo comienzan los juicios (¿justos?) en su contra y si en ellos podrá ejercerse libremente el derecho a la legítima defensa, con garantías jurídicas suficientes. Ante el temor que esto finalmente no ocurra muchos dirigentes políticos han decidido huir del país para eludir la acción de una justicia que no consideran imparcial. En esta situación se encuentran, por ejemplo, el venezolano Manuel Rosales refugiado en Lima o el boliviano Manfred Reyes Villa en Estados Unidos. Esto no impide que sean muchos los que deben ver como sobre sus cabezas pende la amenaza constante de ser llevados en cualquier momento ante los tribunales por denuncias que muchas veces tienen que ver con elementos tan subjetivos como la “traición a la patria”.

La “Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas” fue aprobada por el nuevo parlamento boliviano, en el cual el oficialismo, el MAS, tiene una cómoda y amplia mayoría. El proyecto ya había sido presentado por el gobierno en 2006, pero en ese entonces el MAS no tenía la mayoría suficiente. La ley se aplicará a autoridades y ex autoridades sospechosas de corrupción, a las que no se les reconoce inmunidad, fuero o privilegio de ningún tipo. También crea un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, así como tribunales y policías especializados y un sistema de protección de denunciantes, lo que estimulará las denuncias anónimas. Introduce, igualmente, nuevos delitos en la legislación boliviana como el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito o el cohecho trasnacional (activo y pasivo), a la vez que de acuerdo con la nueva Constitución declara imprescriptibles los delitos “que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico”. Está muy bien luchar contra la corrupción hasta sus últimas consecuencias y llevar a los culpables a la cárcel, pero el problema surge cuando las leyes se utilizan para cobrarse vendettas particulares, como ocurre con Evo Morales, resentido por la persecución que dice haber sufrido durante los gobiernos de los ex presidentes a los que se quiere llevar a la cárcel.

Pese a que el gobierno ha manifestado su neutralidad y su voluntad de moverse únicamente por el deseo de cumplir y hacer cumplir la ley, lo cierto es que algunas declaraciones de Evo Morales y algunos de sus colaboradores van en la línea contraria

Junto a esta ley contra la corrupción, el gobierno de Morales impulsa la de Responsabilidades, que permitiría acelerar una serie de procesos impulsados por el oficialismo contra varios ex presidentes por supuestos delitos de daño al Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones. La sensación de inseguridad denunciada por los ex mandatarios se acentúa por el hecho de que en febrero pasado la mayor parte de los magistrados de las principales instituciones jurídicas fueron designados directamente por el presidente, aunque con carácter interino.

Pese a que en repetidas oportunidades el gobierno ha manifestado su neutralidad en el tema y su voluntad de moverse únicamente por el deseo de cumplir y hacer cumplir la ley, lo cierto es que algunas declaraciones del presidente y de algunos de sus colaboradores van en la línea contraria. Evo Morales y su gobierno reivindican la “revolución moral” que han puesto en marcha para combatir la corrupción pasada y presente y prevenir la futura. Y para ello han sancionado esta Ley Anticorrupción. Por eso, Evo Morales, tras criticar a los tres ex presidentes y al ex vicepresidente que denunciaban la persecución a la que se han visto sometidos, ha señalado que “si alguien no tiene nada, no hay por qué temer a nada. Yo puedo entender que (los ex presidentes) son delincuentes confesos y que se organizan en un sindicato para defenderse”.

Si se quiere hacer en Bolivia una “revolución moral” y acabar con las injusticias que tradicionalmente han padecido los sectores populares, el gobierno debería trabajar para fortalecer a la justicia y convertirla en un poder independiente y al amparo de las presiones políticas

En la misma línea, el ministro de Defensa Rubén Saavedra calificó de “manifiesto político”, la denuncia de los pasados gobernantes y su crítica de la Ley de Responsabilidades: “Las cuatro ex altas autoridades tienen procesos abiertos aún antes que el presidente Evo Morales comenzara su primera gestión de Gobierno, entonces, entendemos que el pronunciamiento de esas ex autoridades es más un manifiesto político que un argumento jurídico… Los procesos en contra de los ex presidentes y ex vicepresidente comenzaron con una anterior ley, la 2445, esa será la norma que se aplicará en los procesos que se han abierto en contra de ellos. Esto demuestra que cae por su propio peso el argumento de que estuvieran siendo sometidos a una persecución política o linchamiento político”.

Si de verdad se quiere hacer en Bolivia una “revolución moral”, si se quiere acabar con las injusticias que tradicionalmente han padecido los sectores populares, lo que debería hacer el gobierno es trabajar para fortalecer a la justicia, para convertirla en un poder totalmente independiente y al amparo de las presiones políticas. Pero ésta no es la senda elegida. Los tiros, en esta ocasión, van por otros derroteros, más vinculados al “patria o muerte” impuesto a las fuerzas armadas bolivianas que a la superación de los conflictos étnicos y a la plena integración de los indígenas en la vida política nacional.