Las universidades han experimentado una profunda transformación desde
mediados de los años ochenta del pasado siglo, de manera que el impulso que se
derivó de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) les condujo, por una parte, a
absorber una demanda fuertemente creciente de estudios superiores entre los
jóvenes españoles y, por otra, a organizar sus estructuras para afrontar el reto
de la investigación. Puede decirse que, en ambos frentes, las instituciones
universitarias obtuvieron, en general, los resultados que la sociedad esperaba
de ellas, lo que no quita para que, entre ellas, se gestaran importantes
diferencias en cuanto al nivel científico y la calidad de su docencia y de su
investigación.
Pero el tiempo de la LRU se agotó con la llegada del
nuevo siglo. A partir de ese momento, la demanda de formación por parte de los
jóvenes descendió, tanto porque, como fruto de la caída continuada de la
fecundidad desde veinte años antes, las nuevas cohortes de estudiantes se hacían
cada año menos numerosas, como porque, con la definitiva implantación de la
reforma de la educación secundaria —con la LOGSE—, el fracaso escolar,
especialmente entre los hombres, aumentó. Y así, en lo que llevamos de década,
el número de alumnos matriculados ha descendido en más de 200.000 individuos —lo
que supone una pérdida del 12 por 100 con respecto al año 1999—. La universidad,
así, afronta un problema de dimensión, pues existen estudios para los que apenas
hay estudiantes interesados, con la consiguiente necesidad de ajustar su
capacidad. Y, dado que ese problema se plantea con diferente intensidad en unas
u otras zonas geográficas, también se suscita una exigencia de especialización.
Asimismo, en el terreno de la investigación los límites parecen bien
marcados. Por una parte, los recursos financieros disponibles se encuentran
estancados en el 0,33 por 100 del PIB —una cuarta parte menos que en el promedio
europeo— desde 2005. Por otra, la ampliación de las plantillas de profesores es
casi imposible, pues, al estar éstas determinadas por la función docente, el
estancamiento de la demanda estudiantil provoca su estabilización. No sorprende,
por ello, que la producción de publicaciones científicas en revistas académicas
internacionales se haya detenido en torno a las 37.000 anuales desde hace un
trienio, pues la productividad por investigador no experimenta apenas
variaciones —en torno a 50 artículos anuales por cada 100 investigadores— desde
mediados de los años noventa. Y, de nuevo, también es esto la desigualdad entre
las universidades es manifiesta.
Para que exista una docencia de gran
calidad —cuyo reflejo se encuentra en el nivel de conocimientos y destrezas de
los estudiantes recién graduados— se requiere un sistema más exigente que el
actual, con un control de resultados continuo y
obligatorio
Por consiguiente, parece claro
que las universidades enfrentan una nueva situación que les obliga a
redimensionar sus recursos y reorientar sus capacidades docentes e
investigadoras con objeto de situarse institucionalmente en un marco cada vez
más competitivo. Es en este contexto en el que la cuestión de la calidad se
suscita con urgencia, pues los demandantes de estudios tienen una capacidad
creciente de selección y los poderes públicos se ven obligados, ante la
sociedad, a justificar mejor los recursos que asignan a esas instituciones.
Pero el concepto de calidad es evasivo, pues reúne tres tipos de
dimensiones que son conceptualmente diversas. Por una parte, la calidad se puede
definir como el grado de ajuste a los propósitos explícitos de la institución.
Por otra, tratándose de la elite del conocimiento, alude sin duda al nivel de
excelencia que se alcanza tanto en la formación de los estudiantes como en los
resultados de la investigación académica. Y, en tercer lugar, se refiere también
al modo en el que su actuación se compadece con las exigencias de la sociedad.
En la práctica, esta pluridimensionalidad exige emplear múltiples indicadores
para afrontar la medida de la calidad universitaria, tal como revelan los
diferentes trabajos que han buscado establecer algún ranking de estas
instituciones. Unos trabajos que, en España, cuentan con poca tradición y con
enormes dificultades para su realización, pues no ha sido hasta muy
recientemente cuando se ha empezado a disponer de la información requerida para
todas las universidades. A este respecto, no es superfluo anotar que, aunque los
gestores de estas instituciones suelen apelar en su discurso público a la
calidad, son muy reacios a la elaboración y publicación de los datos necesarios
para medirla.
Por mi parte, soy autor, junto a Joost Heijs y Omar
Kahwash, de uno de esos rankings, sin duda el metodológicamente más complejo de
cuantos se han realizado en España y el que contempla un mayor número de
variables. El lector interesado en sus resultados puede consultarlo en la
web del Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, la institución que promovió y
financió la correspondiente investigación. Yo no me detendré ahora en ellos,
pues prefiero incidir en los aspectos del diseño institucional de nuestras
universidades que requieren cambios importantes para que mejore su calidad.
La excelencia docente también se
relaciona con la apertura de la universidad a la sociedad. La influencia de ésta
en el diseño de los planes de estudio es actualmente mínima y, con ello, se
pierden oportunidades para atender las necesidades
colectivas
Lo primero que debe tenerse en
cuenta a este respecto es que la universidad cumple una doble función —docente e
investigadora— dentro de la sociedad, y que los dos elementos de esa función son
igualmente relevantes. Una actividad docente que aspire a la excelencia no es
posible si, más allá de los medios materiales necesarios, no se cuenta con
profesores experimentados capaces de situarse en la frontera de la investigación
y de transmitir el conocimiento que emerge de su propia experiencia científica.
Y, a su vez, una investigación puntera, también más allá de las instalaciones y
medios que requiera, sólo es factible si existen profesores con un alto nivel de
cualificación. Además, en la perspectiva de la asignación de los recursos
económicos, esa combinación de docencia e investigación es un requisito de la
eficiencia, tal como destacó hace casi medio siglo el Premio Nobel de Economía
Kenneth Joseph Arrow, hasta el punto de que pudo escribir, haciendo precisamente
referencia al diseño institucional, que «la complementariedad entre la enseñanza
y la investigación es algo así como un accidente afortunado desde el punto de
vista de la economía». Por consiguiente, no me parece que algunas propuestas
recientes, según las cuales deberían distinguirse las universidades de enseñanza
de las de investigación, vayan por el camino más adecuado.
Para que
exista una docencia de gran calidad —cuyo reflejo se encuentra en el nivel de
conocimientos y destrezas de los estudiantes recién graduados— se requiere un
sistema más exigente que el actual, con un control de resultados continuo y
obligatorio. Además, entre los requisitos y criterios de selección que se
aplican a los profesores según van pasando los hitos de su carrera académica, se
tendrían que tener en cuenta esos resultados. Ello no ocurre en la actualidad,
pues normalmente su valoración se basa en el número de años o el número de
créditos impartidos, sin tener en cuenta su capacidad para la transmisión del
conocimiento. De ahí que los profesores jóvenes prefieran dedicarse con más
ímpetu a las tareas investigadoras que a las docentes, pues ello responde al
cuadro de incentivos que el sistema ha generado.
La excelencia docente
también se relaciona con la apertura de la universidad a la sociedad. La
influencia de ésta en el diseño de los planes de estudio es actualmente mínima
y, con ello, se pierden oportunidades para atender las necesidades colectivas,
en especial las derivadas del sistema productivo. La interpretación
fundamentalista de la autonomía universitaria ha convertido a estas
instituciones en unos organismos donde prevalecen los intereses del profesorado
por encima de cualquier consideración hacia el medio en el que se desarrolla su
actividad. En este sentido, el proceso que se ha vivido en los últimos meses con
relación a la reformulación de los planes de estudio derivada de los acuerdos de
Bolonia, ha sido sintomático del autismo institucional de una buena parte de los
centros académicos españoles.
La excelencia investigadora sólo se
adquiere si, desde la base del sistema, los niveles de exigencia son muy
elevados. Me refiero a la selección de becarios, por una parte, y a la concesión
de títulos de doctorado, por otra
Es
evidente, por todo ello, que en el sistema de universitario español la
valoración de la excelencia resulta poco importante y que, además, esa
excelencia no se exige por parte de las Administraciones Públicas que financian
las universidades. La autonomía universitaria se ha traducido en una suerte de
descontrol por parte de los gobiernos regionales, que desde hace unos años
ostentan las competencias en la materia. El problema no está en la
descentralización, sino la carencia de control sobre la calidad de los
resultados y sobre el empleo de los recursos. Por ejemplo, la selección del
personal docente e investigador es un proceso poco transparente donde existe
gran discrecionalidad en la aplicación de los criterios de calificación de los
candidatos. El actual sistema de acreditación puede atenuar este problema, pero
ello no oculta que el nivel exigido difiere mucho entre las distintas agencias
regionales y que en algunas Comunidades Autónomas se manejan requisitos de poca
altura. Otro aspecto donde se debería incidir se refiere a la composición de los
tribunales evaluadores y a las formalidades a las que han de ajustarse los
procesos de selección, con el fin de evitar el alto nivel de endogamia que
padecen nuestras universidades.
La excelencia investigadora sólo se
adquiere si, desde la base del sistema, los niveles de exigencia son muy
elevados. Me refiero a la selección de becarios, por una parte, y a la concesión
de títulos de doctorado, por otra. En los últimos años se ha extendido la idea
de que los primeros tienen que ser reconocidos bajo el régimen común de los
trabajadores, de manera que gocen de sus mismos derechos en cuanto a la
negociación colectiva y a la protección del desempleo. No comparto esta idea por
dos motivos. Uno, porque el sistema laboral, tal como está establecido en
España, introduciría una rigidez en el ámbito investigador que impediría la
selección a través de la excelencia. Y otro, porque entiendo que los becarios
deben ser investigadores en formación y no personal al servicio de sus
directores o de los departamentos e institutos en los que se integran. Y, por lo
que concierne a los doctorados, está claro que la generalización de la máxima
calificación —el conocido «cum laude»— no ayuda en nada a la jerarquización de
los doctorandos según sus méritos.
Otro problema que afecta a la calidad
de las universidades, tanto en la docencia como en la investigación, es el bajo
nivel salarial de los profesores —que aleja a una buena parte de los mejores del
camino universitario— y su escasa diferenciación. A este respecto, los
incentivos que, con la evaluación de los resultados de la investigación cada
seis años, introdujo la LRU, se han mostrado muy insuficientes. Así, a igualdad
de antigüedad, un catedrático que cuente con cinco evaluaciones positivas
—expresivas de su excelencia investigadora continuada a lo largo de una carrera
de treinta años— es retribuido sólo con un 15 por 100 más de sueldo que otro que
no cuente con tal reconocimiento. Por ello, la mejora retributiva de los
docentes universitarios debe orientarse hacia un aumento sustancial de la
diferenciación salarial si se quiere que el sistema contribuya a la mejora de la
calidad del profesorado.
En resumen, la excelencia se tiene que
convertir en el centro de la gestión universitaria, informando su organización
docente e investigadora y sirviendo de guía tanto para la evaluación de los
estudiantes como para el reconocimiento de los profesores. Las universidades,
debido a su inercia institucional, no se han mostrado capaces de orientarse en
este sentido; y, por ello, son los poderes públicos los que, por medio de la
regulación y también de las formas de financiación, los que tienen por delante
la tarea de encauzar su reforma si se quiere que, en efecto, la calidad imprima
su actividad en el futuro.