Pero como un juego malabar, lo visible era la determinación de combatir a
la modalidad más destructora del crimen organizado y parecía lícito que el
presidente emprendiera una defensa a fondo del país contra los narcotraficantes
y aprovechara el viaje para legitimarse. El malabarista se encargó de que los
espectadores no advirtiéramos, en el primer momento, que las prioridades de esa
guerra estaban exactamente al revés: primero la legitimación –y de paso el
combate, desde entonces, al
odiado
PRI, autor de todos los males del país– y, subordinada a
ese objetivo, como consecuencia, casi por filtración, la desarticulación de las
bandas de narcotráfico.
Para que el exterminio de los narcotraficantes
–que por cierto no se ha logrado en ninguna parte del mundo– fuera el objetivo
mayor o siquiera un objetivo viable, habría sido necesario que el Estado
conociera a fondo y con detalle al enemigo: su tamaño, su peligrosidad, su
distribución en el territorio nacional, los medios que utiliza para intercalarse
en las comunidades, los circuitos financieros por los que lava el dinero, las
rutas por las que transitan las armas que recibe desde el extranjero.
Para contar con esta información, el gobierno de Vicente Fox habría
debido contar con un servicio avanzado y confiable de inteligencia policial y
sus expertos en estas materias habrían tenido que poner a disposición del
presidente Calderón tres o cuatro estrategias opcionales, en las que no sólo se
definieran metas sucesivas y simultáneas, plazos, instituciones responsables en
cada caso, costos, etcétera, de suerte que el nuevo presidente pudiera someter
esas estrategias a sus propios expertos –incluyendo desde luego a los altos
mandos del ejército– para poder adoptar la estrategia que a juicio de su
gobierno fuera la óptima y ponerla en marcha cuando el propio gobierno estuviera
listo para ello.
El presidente, por su propia e
individual voluntad, lanzó al país a una guerra contra un enemigo al que conocía
muy por encima, y que esa decisión no sólo ha costado vidas humanas de todas las
partes en el conflicto, sino que ha acelerado el desgaste de las
instituciones
No fue así. El presidente
Calderón declaró al diario
El País que al emprender esta guerra no
conocía la peligrosidad del enemigo y dio un ejemplo que a los españoles pudo
parecerles un monumento a la autocrítica: le sucedió, dijo, lo que a un cirujano
que se dispone a extirpar el apéndice al paciente y, al abrir el vientre, se
encuentra con que tiene un cáncer avanzado que ha hecho metástasis.
Esto
significa que el presidente, por su propia e individual voluntad, lanzó al país
a una guerra contra un enemigo al que conocía muy por encima, y que esa decisión
no sólo ha costado vidas humanas de todas las partes en el conflicto, sino que
ha acelerado el desgaste de las instituciones, ha exigido la dotación de enormes
volúmenes de recursos públicos que tal vez de todos modos habrían tenido que
utilizarse, pero para depurar a tiempo a las corporaciones policiacas federales,
estatales y municipales, establecer sistemas avanzados de evaluación y
confiabilidad, contratar, entrenar y equipar a nuevos policías, pagarles bien y
dotarlos de seguros y prestaciones a sus familias en caso de incapacidad o
fallecimiento e incluso, si hubiese sido indispensable, para entrenar a
batallones del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en estos menesteres.
Éstas y muchas acciones más se han iniciado después de que se declaró la
guerra y todavía hace unos días, el presidente Calderón se reunió con diez
gobernadores electos y en funciones para establecer doce compromisos con metas y
plazos para acciones como la formación de unidades antisecuestro, el apoyo a la
iniciativa para formar una policía con mando único, combatir delitos como la
extorsión, el plagio y el homicidio; avanzar en el nuevo sistema de justicia
penal y en el sistema de evaluación y control de confianza.
La lucha contra el crimen organizado
es algo demasiado grave, costoso y delicado como para pretender darla con
reuniones y acuerdos que no se cumplen y deben ser ratificados una y otra vez en
actos vistosos ante los medios de
comunicación
Aun a destiempo y después de que
se han perdido casi 30 mil vidas humanas, es plausible la coordinación entre los
distintos órdenes de gobierno para combatir al crimen organizado, ya no sólo al
narcotráfico, pero no se dio explicación pública alguna de por qué no
participaron 22 gobernadores, dos tercios del total. Supongo que acudieron los
que aún no han iniciado su gestión o los que la empezaron recientemente, aunque
no acudieron los de Puebla y Tlaxcala, pero de cualquier manera puede deducirse
que ya se ha hecho el mismo acuerdo con los demás. Si éste fuera el caso,
quedaría la impresión de que el gobierno federal no ha hecho acuerdos de
coordinación con los gobiernos estatales sino con las personas de los
gobernadores, lo que es poco menos que absurdo.
Sea como fuere, hay un
elemento que mueve a gran preocupación: después de los famosos diálogos en el
Campo Marte, que no condujeron a nada, como no fuera el aliento al protagonismo
de los participantes, el presidente Calderón continúa sin percatarse de que en
una guerra o en una lucha cualquiera, las decisiones y acciones no se ventilan
en público si no se quiere dar al enemigo la ventaja de conocer los diagnósticos
del gobierno y las medidas que se propone tomar. El acto de anteayer en
Chihuahua fue otra exhibición pública que tal vez abone a la formación de
“percepciones” sociales que el presidente considera determinantes, pero no
parece servir para nada, por ejemplo, que se difunda que diez gobernadores
“ratificaron su adhesión al Acuerdo por la Legalidad de agosto de 2009”, se
comprometieron a depurar sus cuerpos policiacos y crear unidades antisecuestro
antes de seis meses.
La lucha contra el crimen organizado es algo
demasiado grave, costoso y delicado como para pretender darla con reuniones y
acuerdos que no se cumplen y deben ser ratificados una y otra vez en actos
vistosos ante los medios de comunicación. Esta guerra, llámela como la llame el
presidente Calderón, ya no es sólo de él, sino de todo el país, y tendrá que
continuarla cualquier gobierno, pero lo menos que se puede exigir es que el
actual no siga cometiendo los mismos errores ni confundiendo las funciones de
gobierno con el espectáculo en vivo y a todo color.