Otro problema relevante del modelo energético español es el del alto coste al que se produce la energía eléctrica, con la inevitable consecuencia de unas tarifas demasiado elevadas que repercuten negativamente sobre las empresas al incrementar sus costes de producción de bienes y servicios. Así, en uso doméstico los precios más frecuentes son actualmente en España alrededor de un 15 por 100 superiores al promedio de los veintisiete países de la Unión Europea; y en uso industrial superan ese promedio en aproximadamente el diez por ciento, según datos para el segundo semestre de 2009. Naturalmente, este problema se gesta en una estructura de la producción en la que las centrales de menores costes —las nucleares y las de ciclo combinado— apenas suman el 30 por 100 de la potencia instalada, y las de mayores costes —basadas en energías renovables—, cuya cuota de mercado va en aumento, superan la cuarta parte del total. El resto se lo reparten las térmicas de carbón o de fuel y algunas otras instalaciones de coste intermedio.

Y un tercer problema relevante alude a la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El compromiso de España con respecto al Protocolo de Kyoto fue que, en 2010, esas emisiones no serían superiores al 15 por 100 de las contabilizadas en 1990. Sin embargo, el incumplimiento de este compromiso es manifiesto, toda vez que los gases arrojados a la atmósfera superan con mucho los del año tomado como base para el cálculo, siendo el principal sector responsable de tal situación el energético. De este modo, en los últimos años, las emisiones se sitúan entre un 40 y un 60 por 100 del nivel comprometido, cuando en el ámbito europeo se observa, por el contrario, de manera agregada, un incumplimiento mucho más reducido, pues las emisiones se encuentran estancadas en un nivel del orden del 90 por 100 de la cifra de hace dos decenios.

La energía nuclear es una alternativa razonable para afrontar los principales problemas que afectan al sector energético en España y que tienen severas repercusiones sobre la competitividad de la economía española

Estos tres problemas son de compleja resolución, aunque, al menos parcialmente, podrían encontrar una vía de salida en la producción de energía eléctrica a partir de la fisión nuclear. En primer lugar, por lo que se refiere a la dependencia energética, debe señalarse que, aunque las centrales nucleares requieren el suministro exterior de uranio enriquecido, el valor de las importaciones, de unos 300 millones de euros al año, sólo supone la centésima parte del correspondiente a las de petróleo. Por ello, su capacidad potencial de contribuir a la reducción de la dependencia energética es muy elevada.

Por otra parte, en lo que se refiere a los costes de producción, se puede señalar que éstos, aunque no son los más reducidos de entre todas las tecnologías de producción de electricidad, pues resultan aventajados por los de las centrales hidráulicas, sí están entre los más bajos. Así, la Comisión Nacional de la Energía estimó en 2008 que, bajo condiciones estandarizadas, la obtención de un megavatio–hora nuclear costaba, en España, 44,4 euros, mientras que el hidráulico se situaba en 39,0 euros. Y los demás tipos de centrales tenían costes más elevados: 68,6 euros por megavatio–hora las de ciclo combinado que queman gas, 71,8 las térmicas de carbón, 84,0 de las eólicas y 430,0 las fotovoltaicas. En esta estimación de los costes de la electricidad en las centrales nucleares se han tenido en cuenta no sólo el valor del combustible consumido y de la amortización del capital, sino también los desembolsos por la gestión futura de los residuos radiactivos y los que tendrán lugar, en su momento, por la clausura y desmantelamiento de las instalaciones. Ello señala que estamos ante una de las opciones energéticas más favorables desde el punto de vista económico. Y a ello se añade que el funcionamiento habitual de dichas centrales supera las 8.000 horas al año, nivel éste no superado por ninguna otra de las alternativas posibles, lo que hace que el suministro sea no sólo barato sino además continuado a lo largo del tiempo.

Esto último tiene unas especiales implicaciones para la configuración de un modelo óptimo del parque de generación de electricidad. En efecto, la Comisión Nacional de la Energía, en el mismo informe que se acaba de citar, destacó que, si el mercado eléctrico funcionara en condiciones de competencia perfecta, sin barreras a la entrada para la instalación de cualquier tipo de centrales, el coste variable del combustible nuclear señalaría la frontera del coste marginal de la producción eléctrica en la mitad de las horas de funcionamiento del sistema, correspondiendo el resto, fundamentalmente, a la energía hidráulica. Sin embargo, ello no es así en la realidad española actual debido a que, por una parte, la moratoria nuclear ha impedido la expansión de la capacidad productiva de este tipo de centrales y, por tanto, su adaptación al aumento de la demanda; y, por otra, a que se han agotado las posibilidades de expansión del parque hidroeléctrico. Y ello hace que el coste marginal de la producción eléctrica esté determinado, en la mitad del tiempo, por las centrales de ciclo combinado y las de carbón, y en la otra mitad por las hidráulicas. En otros términos, la política energética española ha conducido a que, inevitablemente, la electricidad haya acabado teniendo unos costes de producción más elevados que lo que un empleo racional de las tecnologías disponibles podría permitir.

No se entiende empeño del Gobierno socialista para mantener inalterado el esquema de la política energética que se estableció en la década de 1980 y que implicó el veto administrativo a cualquier ampliación de la capacidad productiva nuclear. Y menos aún se entiende que esa política se haya revestido recientemente de un ecologismo simplista

Finalmente, este recorrido por las características de la energía nuclear no puede terminar sino señalando que no hay en esta forma de energía emisiones de gases de efecto invernadero, lo que, por cierto, también ocurre en el caso de las renovables. Por tanto, cuando se justifica la promoción de éstas por su contribución al cumplimiento del Protocolo de Kioto, lo mismo cabe decir de aquella.

En resumen, la energía nuclear es una alternativa razonable para afrontar los principales problemas que afectan al sector energético en España y que tienen severas repercusiones sobre la competitividad de la economía española. Por ello, no se entiende empeño del Gobierno socialista para mantener inalterado el esquema de la política energética que se estableció en la década de 1980 y que implicó el veto administrativo a cualquier ampliación de la capacidad productiva nuclear. Y menos aún se entiende que esa política se haya revestido recientemente de un ecologismo simplista cuando se ha tratado de contraponer a la energía nuclear con la producida por los molinos de viento o las granjas solares, toda vez que estas tecnologías suponen costes de generación de electricidad que resultan excesivos para los consumidores. El mix energético puede nutrirse de diferentes fuentes de suministro que se complementan entre sí, y ello hace que puedan convivir dentro de él las diferentes tecnologías disponibles.

Actualmente España cuenta con ocho centrales nucleares con una capacidad instalada de 7.700 megavatios que producen en torno al 19 por 100 de la energía primaria que consume el país. Esta participación sólo llega a la mitad de la ratio que, como promedio, registra la Unión Europea, donde países como Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia y Bélgica cuentan con importantes instalaciones. Por ello, parece razonable que duplicar la capacidad de producción española pueda ser un objetivo la política energética. Para lograrlo sería necesario no sólo emprender los procesos de inversión requeridos en nuevas instalaciones, sino también ampliar hasta donde sea técnicamente posible la vida útil de las que ya funcionan. Éstas tienen autorizaciones de funcionamiento hasta los años que van de 2021 a 2026, pudiéndose alargar una década más.

Sin embargo, el Gobierno de Zapatero no parece que se encamine hacia una solución de este tipo. Primero, porque no parece dispuesto a autorizar la construcción de nuevas centrales; y segundo, porque en el caso de la de Garoña, a pesar del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que certificó la viabilidad técnica de su continuidad hasta 2019, decidió prorrogar sus operaciones sólo hasta 2013. Sus argumentos no fueron demasiado sólidos, pues se refirieron al hecho de que se trata de una central pequeña y a que el programa electoral del PSOE no contemplaba su continuidad. Por ello, tal vez conviniera recordar que, cuando se adoptan esas decisiones, lo que se juega no es el rendimiento electoral de un Gobierno, sino más bien la capacidad que en el futuro pueda tener el país para enderezar sus problemas energéticos y, con ello, contribuir a reforzar su economía y su capacidad para salir de la crisis con los menores estragos posibles.