Juan Antonio González Fuentes

La llegada del neoliberalismo a finales de los años 1970 supuso una actualización de los principios liberales clásicos, el rechazo por principio del Estado del Bienestar (EB), justificando su oposición en la incompatibilidad de los objetivos y métodos del EB con el progreso económico y en la indispensable reducción del aparato estatal para la superviven­cia de la economía de mercado y de una sociedad libre. La crítica liberal-conservadora atribuye al EB la postración de la iniciativa individual, del trabajo y del ahorro, la consolidación de infraclases parasitarias a costa del Estado, la pérdida de competitividad y eficiencia de la economía. Se considera que genera lacras como la promoción de una burocracia excesiva y poderosa, una utilización ineficiente de los recursos…, dando lugar a un sector público de pobres resultados por la falta de competencia y la garantía del empleo, generador de déficit en caso de crisis. Se achaca a la continua ampliación de derechos sociales una sobrecarga al Estado de demandas imposibles de satisfa­cer. También se considera negativa la protección que el EB asegura los intereses materiales de los trabajadores, pues la fuerza de trabajo se ajusta con dificultad a las contingencias del mercado. El sistema resulta un problema para las empresas debido a los costes salariales, las garantías frente al despido y las cargas fiscales, todo lo cual dificulta el crecimiento económico.

Ante las dificultades crecientes de las economías occidentales, denuncia a ambos lados del Atlántico el agotamiento del paradigma keynesiano, rechazando la intervención pública y propugnando el retorno a las teorías neoclásicas del mercado. La Escuela de Chicago (Milton Friedman) recupera las ideas económicas de la Escuela de Friburgo (Hayek), al defender el protagonismo del mercado en la asignación de los recursos, limitándose el Estado a crear el orden necesario para la libre competencia. Se trata de restablecer en su plenitud las leyes del mercado y la política monetaria para rebajar los índices de inflación, reducir el gasto público, depreciar el interés del capital y los impuestos para relanzar la iniciativa privada e incentivar la inversión. El Estado debe retirar sus manos de la economía y dejar que el mercado cumpla su papel, incluyendo sus efectos darwinianos sobre los más ineficien­tes. Esta visión suponía la eliminación o restricción de la política social y de la actuación concreta del Estado como proveedor de servicios de bienestar. También se abandona el objetivo del pleno empleo, al considerar que es natural y positiva para el mercado cierta tasa de desempleo, mientras que los esfuerzos por rebajarla llevan a elevar los precios.



Ronald Regan (1981)

El neoliberalismo supone una ruptura del compromiso político entre los intereses del capital y los del trabajo sobre el común beneficio del EB, poniendo de relieve una gran dificultad para conciliar la economía capitalismo de mercado y el compromiso social del bienestar, que supone un elevado gasto social además del pleno empleo. Los fracasos frente a la crisis de los setenta provocaron además una pérdida de credibilidad de las políticas socialdemócratas y keynesianas. A ello se unieron las patentes limitaciones de la planificación económica practicada en los países del bloque socialista. Por su parte el neoliberalismo encontró una gran acogida en los partidos conservadores, las organizaciones empresariales y los sectores acomodados de la sociedad, que acogieron con entusiasmo la defensa de la limitación del papel estatal, de los recortes sociales, de la bajada de impuestos, así como de reducir el poder de los sindicatos.

Patrias del liberalismo económico, Estado Unidos y Gran Bretaña fueron los países que pusieron en marcha en primer lugar y con mayor intensidad las políticas neoliberales. El triunfo de Thatcher y Reagan evidenciaron no sólo el apoyo de los poderosos intereses capitalistas a su programa, sino también el descontento de las clases medias ante la crisis del EB y su pérdida comparativa de status social.

Elegido presidente de EEUU en 1980, Ronald Reagan, atribuyó la causa de todos los males al aumento excesivo de los poderes del Estado del que eran responsables las administraciones demócratas desde 1960. Planteó como remedio la vuelta a las reglas de mercado, suprimiendo o flexibilizando toda normativa que pusiera obstáculos a la economía. Para ello suprimió las políticas adoptadas para favorecer el empleo de las mujeres y las minorías étnicas, así como las que favorecían la integración escolar, o las iniciativas a favor de los consumidores. Se llevaron a cabo restricciones en el presupuesto federal mediante recortes de los créditos a la ayuda social o la interrupción del empleo de nuevos funcionarios en la administración federal. Por último, para sacar al país de la crisis, el gobierno decidió aplicar la “teoría de la oferta” preconizada por los economistas liberales: disminuir los impuestos en un 10% durante tres años para estimular la inversión y permitir el relanzamiento del engranaje económico.



Margaret Hilda Thatcher (1982)

Una política liberal idéntica es la que pretendió aplicar la conservadora Margaret Thatcher en el Reino Unido desde su victoria en 1979. Oponiéndose al consenso establecido desde 1945, preconizó el retorno a los valores victorianos, exaltando el esfuerzo individual y esperando de las prácticas liberales un enderezamiento de la economía británica, según ella deteriorada por el intervencionismo estatal, si bien no cuestionó abiertamente el EB, que la población aprobaba. Su acción vino configurada por la disminución de impuestos para favorecer la inversión y estimular el mercado, junto a un amplio programa de privatizaciones que amputó al sector público más de la mitad de su patrimonio en sectores como el petróleo, los transportes, las comunicaciones, la aeronáutica y el automóvil, así como la supresión de más de un millón de viviendas sociales. El Estado decidió clausurar las empresas no rentables, en particular el sector minero. Las protestas de las Trade Unions fueron respondidas con dureza por la “Dama de Hierro”, que consiguió hacer fracasar la gran huelga de mineros de 1984-1985 y acabar con el poder sindical. Esta política de liberalismo integral logró sus éxitos: la consumación del relanzamiento, el aumento de la producción industrial, el recorte de la inflación y el déficit presupuestario. Con todo, resultó muy costosa en el campo social, al provocar un aumento del paro, un fuerte crecimiento de las desigualdades y fenómenos de marginación en los suburbios urbanos.

Si bien en Europa abundaron las críticas contra el neoliberalismo de Reagan y Thatcher, finalmente fue la solución adoptada por los demás países occidentales. En Alemania, la coalición cristianodemócrata-liberal, en el poder desde 1982, siguió una política de rigor monetario que permitió vencer la inflación y hacer circular los excedentes comerciales, a costa de un alto índice de paro. Más sorprendente fue el caso de Francia, donde los socialistas abandonaron la política intervencionista y dieron un marcado giro liberal desde 1984; esta tendencia se acentuó con la formación en 1986 de un gobierno de derecha dirigido por Jacques Chirac, que llevó a cabo una política de tipo thatcheriano, suprimiendo el impuesto sobre las grandes fortunas, privatizando numerosas empresas estatales y facilitando el despido. En España los socialistas, en el poder desde 1982, llevaron a cabo una política similar a la de sus homólogos franceses, dirigida por ministros defensores de la ortodoxia liberal y monetaria como Miguel Boyer o Carlos Solchaga. En todo el mundo desarrollado, así como en los países que abandonaron el sistema socialista en los noventa, la economía de mercado neoliberal se convirtió en el modelo económico-social dominante.