Este caso ha adquirido un especial relieve al difundirse la noticia de que
el Gobierno español, con la intermediación de las autoridades de Mali, ha
llegado a un acuerdo con los secuestradores para pagar un rescate de cinco
millones de dólares. Aunque la información no ha sido confirmada por las
autoridades españolas, ni lo será en el futuro, todo indica que ese acuerdo se
entrelaza con la decisión adoptada por Mali para excarcelar a varios militantes
del AQMI y facilitar así la liberación de un rehén francés y, en un segundo
paso, de los tres españoles. Especial relieve el de este caso porque pone sobre
la mesa la espinosa cuestión de las negociaciones con terroristas con el
aparente fin humanitario de salvar a los rehenes aunque ello sea a cambio de
dinero —lo que incide sobre la financiación de sus actividades futuras— y del
reconocimiento de una interlocución política —lo que abre un portillo a la
legitimación del empleo de la violencia como procedimiento válido para la
consecución de fines políticos—.
La
Economía del Terrorismo, como
ha recordado recientemente uno de sus más destacados cultivadores, Todd Sandler,
aporta alguna luz al primero de esos asuntos, por lo conviene repasar ahora sus
hallazgos. De entrada, los estudios disponibles señalan que las políticas
antiterroristas generan en ocasiones cambios en los incentivos que encuentran
las organizaciones terroristas para realizar unos u otros tipos de acciones. Por
ejemplo, la introducción en los años ochenta de los detectores de metales en los
aeropuertos hizo caer los secuestros aéreos, pero desplazó las acciones
terroristas internacionales hacia la toma de rehenes y hacia otros tipos de
incidentes. De la misma manera, la intensificación de la seguridad en las
legaciones diplomáticas redujo los ataques a las embajadas, pero no evitó que
aumentaran los asesinatos de sus funcionarios fuera de ellas. Quiere esto decir
que las organizaciones terroristas buscan los modos menos costosos para ejercer
su violencia y proyectar así sus reivindicaciones políticas; y, de hecho,
durante aquel decenio, aunque se produjo una sustitución entre los diferentes
tipos de actividades terroristas, el número de atentados se mantuvo estable en
el tiempo.
Las políticas desarrolladas por los
Gobiernos para enfrentar el terrorismo pueden modificar las condiciones de
riesgo y los incentivos en función de los cuales actúan los
terroristas
En el caso de España puede
observarse el mismo fenómeno en lo que atañe a las acciones emprendidas por ETA
para proveerse de recursos financieros. Así, el secuestro de personas con la
finalidad de obtener rescates, como destacó en su día Florencio Domínguez, tuvo
su auge en la segunda mitad del decenio de los setenta para extenderse después
durante cierto tiempo en un retroceso permanente, de modo que, entre 1987 y
1997, apenas se registró una acción de este tipo por año. Entretanto, ETA había
perfeccionado su sistema de extorsión a los empresarios —
cuya represión apenas ha dado resultados hasta
hoy en día— y, sobre todo, se había asentado institucionalmente a
través de su representación política en los Ayuntamientos y en el Parlamento
Vasco, lo que le permitió obtener recursos financieros con mucho menos riesgo e,
incluso,
en ciertos casos sin contravenir las leyes.
Por tanto, parece claro que las acciones de las organizaciones
terroristas se orientan hacia aquellos objetivos que ofrecen una menor
resistencia o un menor riesgo para sus militantes, a la vez que resultan
apropiados para la transmisión de sus reivindicaciones políticas. En este
sentido, el comportamiento de las organizaciones terroristas se ajusta a una
racionalidad de carácter económico, pues se busca minimizar los costes
operativos y personales en la realización de atentados o de otras actividades
delictivas. En consecuencia, las políticas desarrolladas por los Gobiernos para
enfrentar el terrorismo pueden modificar las condiciones de riesgo y los
incentivos en función de los cuales actúan los terroristas. En el caso concreto
de los secuestros, una reciente
investigación de los profesores Patrick T.
Brandt y Todd Sandler en la que se estudian los incidentes de este
tipo entre 1968 y 2005, concluye que, tal como señala la sabiduría convencional,
la cesión a las demandas de las organizaciones terroristas —como el pago de
rescates o la liberación de presos, supuestos ambos que se han dado en el caso
de los españoles secuestrados en el Sahel por el AQMI— conduce a la realización
de nuevas tomas de rehenes en un futuro inmediato. Más concretamente, estos
investigadores cuantifican esa derivación en la realización de 2,62 nuevos
secuestros por cada cesión realizada en el pasado. Es cierto también que el
análisis empírico de la experiencia internacional de las casi cuatro décadas que
abarca el estudio que estoy citando, es poco alentador acerca de la cuestión de
los secuestros, pues todas las soluciones posibles conducen a un mal resultado.
Y, así, cuando los secuestros finalizan con una acción violenta por parte de los
gobiernos, se produce la realización de 1,18 nuevas acciones en el futuro; y
cuando los incidentes se cierran con la muerte de los rehenes, la cifra futura
desciende hasta 0,47 pero sigue siendo positiva. Ello es así porque,
seguramente, las organizaciones que realizan este tipo de acciones creen que aún
les quedan posibilidades para evitar ser localizadas si llevan a cabo un nuevo
secuestro.
En definitiva, el tema de los secuestros tiene siempre una
mala solución. Pero ello no oculta que, al menos desde la perspectiva de la
prevención de la violencia terrorista y, por tanto, del afianzamiento de la
seguridad futura, la peor de las posibles es la de ceder a las demandas de las
organizaciones terroristas pagando rescates o liberando a sus militantes cuando
éstos han sido detenidos y encarcelados. Por ello, es necesario destacar que,
cuando se ha afrontado el asunto de los secuestros del AQMI, tanto la actuación
del Gobierno de Mali —poniendo en libertad a cuatro presos salafistas,
seguramente debido a las presiones y promesas del Gobierno de Francia— como la
del Gobierno de España —realizando o facilitando el pago de un rescate— han sido
muy insatisfactorias y, seguramente, serán perniciosas a medio o largo plazo.
Más aún si se tiene en cuenta que ni siquiera se ha ensayado previamente la
realización de algún ataque a la base logística de los secuestradores, a pesar
de que, según algunas informaciones periodísticas, se conocía su localización.
El terrorismo, como señaló en sus
memorias el dirigente del Irgún y posterior Primer Ministro del Estado de Israel
Menachem Begin, es «una lucha política desarrollada con medios militares»; y,
por tanto, cualquier interlocución que se establezca con quien lo ejerce saca su
acción del terreno de la violencia para introducirla en el de la
política
Si la
Economía del
Terrorismo da respuestas cuantitativas al análisis del problema de los
secuestros, permitiendo jerarquizar las diferentes opciones gubernamentales para
afrontarlo, la
Política del Terrorismo, aún cuando no se concreta en
cifras, ofrece también elementos de juicio relevantes para guiar la acción de
los responsables políticos. Entre ellos, el principal alude a la legitimación
que se otorga a las organizaciones terroristas cuando se les reconoce como
interlocutores dentro de una negociación acerca de los términos en los que ha de
resolverse un secuestro. El terrorismo, como señaló en sus memorias el dirigente
del Irgún y posterior Primer Ministro del Estado de Israel Menachem Begin, es
«una lucha política desarrollada con medios militares»; y, por tanto, cualquier
interlocución que se establezca con quien lo ejerce saca su acción del terreno
de la violencia para introducirla en el de la política. La negociación de
rescates u otras contrapartidas en cualquier secuestro acaba así justificando a
las organizaciones terroristas ante su comunidad de referencia y se convierte,
al menos en parte, en una victoria para ellas.
No debe sorprender por
estos motivos que, en el caso que aquí nos ocupa, las reacciones de los
Gobiernos de Argelia y Mauritania frente a la actitud adoptada por los de Mali y
España haya sido muy negativa, pues aquellos no solo han visto crecer las
acciones de AQMI en su territorio, con el consiguiente riesgo político, sino que
además se han embarcado en una activa lucha contra él. De esta manera, Argelia,
desde el año 2007, viene empleando a su ejército para la realización de
operaciones sistemáticas contra objetivos terroristas en la región de la Cabila,
con resultados positivos. Y, por su parte, Mauritania también ha adoptado una
posición intransigente con las reclamaciones de liberación de terroristas
prisioneros, y ha llegado incluso a retirar a su embajador en Mali.
En
resumen, parece claro que, en la lucha contra los secuestros terroristas, tal
como revelan los análisis basados en la economía y la ciencia política, todas
las opciones son insatisfactorias, pero ello no obsta para que se pueda
establecer una jerarquización de los instrumentos que tienen en su mano los
gobiernos para combatirlos, especialmente si se toman en consideración criterios
de prevención con respecto al futuro. Y esa jerarquización señala que la más
negativa de las políticas prácticas es la que basa la resolución del conflicto
en la negociación y pago de rescates o en la cesión, aunque sea parcial, a las
reivindicaciones de liberación de terroristas presos. En estas cuestiones
nuestros gobernantes deberían saber que, como escribió en cierta ocasión Italo
Calvino, «a lo más a lo que pueden aspirar es a evitar lo peor» y, con la
conciencia de que ello es así, evitarlo.