Este caso ha adquirido un especial relieve al difundirse la noticia de que el Gobierno español, con la intermediación de las autoridades de Mali, ha llegado a un acuerdo con los secuestradores para pagar un rescate de cinco millones de dólares. Aunque la información no ha sido confirmada por las autoridades españolas, ni lo será en el futuro, todo indica que ese acuerdo se entrelaza con la decisión adoptada por Mali para excarcelar a varios militantes del AQMI y facilitar así la liberación de un rehén francés y, en un segundo paso, de los tres españoles. Especial relieve el de este caso porque pone sobre la mesa la espinosa cuestión de las negociaciones con terroristas con el aparente fin humanitario de salvar a los rehenes aunque ello sea a cambio de dinero —lo que incide sobre la financiación de sus actividades futuras— y del reconocimiento de una interlocución política —lo que abre un portillo a la legitimación del empleo de la violencia como procedimiento válido para la consecución de fines políticos—.

La Economía del Terrorismo, como ha recordado recientemente uno de sus más destacados cultivadores, Todd Sandler, aporta alguna luz al primero de esos asuntos, por lo conviene repasar ahora sus hallazgos. De entrada, los estudios disponibles señalan que las políticas antiterroristas generan en ocasiones cambios en los incentivos que encuentran las organizaciones terroristas para realizar unos u otros tipos de acciones. Por ejemplo, la introducción en los años ochenta de los detectores de metales en los aeropuertos hizo caer los secuestros aéreos, pero desplazó las acciones terroristas internacionales hacia la toma de rehenes y hacia otros tipos de incidentes. De la misma manera, la intensificación de la seguridad en las legaciones diplomáticas redujo los ataques a las embajadas, pero no evitó que aumentaran los asesinatos de sus funcionarios fuera de ellas. Quiere esto decir que las organizaciones terroristas buscan los modos menos costosos para ejercer su violencia y proyectar así sus reivindicaciones políticas; y, de hecho, durante aquel decenio, aunque se produjo una sustitución entre los diferentes tipos de actividades terroristas, el número de atentados se mantuvo estable en el tiempo.

Las políticas desarrolladas por los Gobiernos para enfrentar el terrorismo pueden modificar las condiciones de riesgo y los incentivos en función de los cuales actúan los terroristas

En el caso de España puede observarse el mismo fenómeno en lo que atañe a las acciones emprendidas por ETA para proveerse de recursos financieros. Así, el secuestro de personas con la finalidad de obtener rescates, como destacó en su día Florencio Domínguez, tuvo su auge en la segunda mitad del decenio de los setenta para extenderse después durante cierto tiempo en un retroceso permanente, de modo que, entre 1987 y 1997, apenas se registró una acción de este tipo por año. Entretanto, ETA había perfeccionado su sistema de extorsión a los empresarios —cuya represión apenas ha dado resultados hasta hoy en día— y, sobre todo, se había asentado institucionalmente a través de su representación política en los Ayuntamientos y en el Parlamento Vasco, lo que le permitió obtener recursos financieros con mucho menos riesgo e, incluso, en ciertos casos sin contravenir las leyes.

Por tanto, parece claro que las acciones de las organizaciones terroristas se orientan hacia aquellos objetivos que ofrecen una menor resistencia o un menor riesgo para sus militantes, a la vez que resultan apropiados para la transmisión de sus reivindicaciones políticas. En este sentido, el comportamiento de las organizaciones terroristas se ajusta a una racionalidad de carácter económico, pues se busca minimizar los costes operativos y personales en la realización de atentados o de otras actividades delictivas. En consecuencia, las políticas desarrolladas por los Gobiernos para enfrentar el terrorismo pueden modificar las condiciones de riesgo y los incentivos en función de los cuales actúan los terroristas. En el caso concreto de los secuestros, una reciente investigación de los profesores Patrick T. Brandt y Todd Sandler en la que se estudian los incidentes de este tipo entre 1968 y 2005, concluye que, tal como señala la sabiduría convencional, la cesión a las demandas de las organizaciones terroristas —como el pago de rescates o la liberación de presos, supuestos ambos que se han dado en el caso de los españoles secuestrados en el Sahel por el AQMI— conduce a la realización de nuevas tomas de rehenes en un futuro inmediato. Más concretamente, estos investigadores cuantifican esa derivación en la realización de 2,62 nuevos secuestros por cada cesión realizada en el pasado. Es cierto también que el análisis empírico de la experiencia internacional de las casi cuatro décadas que abarca el estudio que estoy citando, es poco alentador acerca de la cuestión de los secuestros, pues todas las soluciones posibles conducen a un mal resultado. Y, así, cuando los secuestros finalizan con una acción violenta por parte de los gobiernos, se produce la realización de 1,18 nuevas acciones en el futuro; y cuando los incidentes se cierran con la muerte de los rehenes, la cifra futura desciende hasta 0,47 pero sigue siendo positiva. Ello es así porque, seguramente, las organizaciones que realizan este tipo de acciones creen que aún les quedan posibilidades para evitar ser localizadas si llevan a cabo un nuevo secuestro.

En definitiva, el tema de los secuestros tiene siempre una mala solución. Pero ello no oculta que, al menos desde la perspectiva de la prevención de la violencia terrorista y, por tanto, del afianzamiento de la seguridad futura, la peor de las posibles es la de ceder a las demandas de las organizaciones terroristas pagando rescates o liberando a sus militantes cuando éstos han sido detenidos y encarcelados. Por ello, es necesario destacar que, cuando se ha afrontado el asunto de los secuestros del AQMI, tanto la actuación del Gobierno de Mali —poniendo en libertad a cuatro presos salafistas, seguramente debido a las presiones y promesas del Gobierno de Francia— como la del Gobierno de España —realizando o facilitando el pago de un rescate— han sido muy insatisfactorias y, seguramente, serán perniciosas a medio o largo plazo. Más aún si se tiene en cuenta que ni siquiera se ha ensayado previamente la realización de algún ataque a la base logística de los secuestradores, a pesar de que, según algunas informaciones periodísticas, se conocía su localización.

El terrorismo, como señaló en sus memorias el dirigente del Irgún y posterior Primer Ministro del Estado de Israel Menachem Begin, es «una lucha política desarrollada con medios militares»; y, por tanto, cualquier interlocución que se establezca con quien lo ejerce saca su acción del terreno de la violencia para introducirla en el de la política

Si la Economía del Terrorismo da respuestas cuantitativas al análisis del problema de los secuestros, permitiendo jerarquizar las diferentes opciones gubernamentales para afrontarlo, la Política del Terrorismo, aún cuando no se concreta en cifras, ofrece también elementos de juicio relevantes para guiar la acción de los responsables políticos. Entre ellos, el principal alude a la legitimación que se otorga a las organizaciones terroristas cuando se les reconoce como interlocutores dentro de una negociación acerca de los términos en los que ha de resolverse un secuestro. El terrorismo, como señaló en sus memorias el dirigente del Irgún y posterior Primer Ministro del Estado de Israel Menachem Begin, es «una lucha política desarrollada con medios militares»; y, por tanto, cualquier interlocución que se establezca con quien lo ejerce saca su acción del terreno de la violencia para introducirla en el de la política. La negociación de rescates u otras contrapartidas en cualquier secuestro acaba así justificando a las organizaciones terroristas ante su comunidad de referencia y se convierte, al menos en parte, en una victoria para ellas.

No debe sorprender por estos motivos que, en el caso que aquí nos ocupa, las reacciones de los Gobiernos de Argelia y Mauritania frente a la actitud adoptada por los de Mali y España haya sido muy negativa, pues aquellos no solo han visto crecer las acciones de AQMI en su territorio, con el consiguiente riesgo político, sino que además se han embarcado en una activa lucha contra él. De esta manera, Argelia, desde el año 2007, viene empleando a su ejército para la realización de operaciones sistemáticas contra objetivos terroristas en la región de la Cabila, con resultados positivos. Y, por su parte, Mauritania también ha adoptado una posición intransigente con las reclamaciones de liberación de terroristas prisioneros, y ha llegado incluso a retirar a su embajador en Mali.

En resumen, parece claro que, en la lucha contra los secuestros terroristas, tal como revelan los análisis basados en la economía y la ciencia política, todas las opciones son insatisfactorias, pero ello no obsta para que se pueda establecer una jerarquización de los instrumentos que tienen en su mano los gobiernos para combatirlos, especialmente si se toman en consideración criterios de prevención con respecto al futuro. Y esa jerarquización señala que la más negativa de las políticas prácticas es la que basa la resolución del conflicto en la negociación y pago de rescates o en la cesión, aunque sea parcial, a las reivindicaciones de liberación de terroristas presos. En estas cuestiones nuestros gobernantes deberían saber que, como escribió en cierta ocasión Italo Calvino, «a lo más a lo que pueden aspirar es a evitar lo peor» y, con la conciencia de que ello es así, evitarlo.