Director: Rogelio López Blanco      Editora: Dolores Sanahuja      Responsable TI: Vidal Vidal Garcia     
  • Novedades

    Entrevista a Francisco Javier Carballo, autor de Circo Ensayo (por Jesús Martínez)
  • Cine

    Cary Grant, La biografía de Marc Eliot (Lumen) (Blog de Juan Antonio González Fuentes)
  • Sugerencias

  • Música

    Abandoneado, CD de Luis Caruana
  • Viajes

  • MundoDigital

    ¿Realmente hay motivos para externalizar la gestión de un website?
  • Temas

    La muerte de la voluntad
  • Blog

    El Che Guevara en España (blog de Juan Antonio González Fuentes)
  • Creación

    Manuel Arce: Aforismos (Carena, 2012)
  • Recomendar

    Su nombre Completo
    Direccción de correo del destinatario
Mapa de la España autonómica

Mapa de la España autonómica

    NOMBRE
Mikel Buesa

    LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
Guernica (Vizcaya), 1951

    BREVE CURRICULUM
Catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad Complutense de Madrid, donde desde 2006 dirige la Cátedra de Economía del Terrorismo. Además de sus libros, entre sus trabajos destaca el ensayo "Economía de la secesión: Los costes de la 'No-España' en el País Vasco", un análisis de las implicaciones económicas de una hipotética independencia del País Vasco




Tribuna/Tribuna libre
Economía y política territorial: cuatro dilemas para España
Por Mikel Buesa, jueves, 2 de octubre de 2008
Aunque, en las últimas semanas, la virulencia de la crisis económica ha apagado el rumor del debate territorial, singularmente la algarabía identitario–financiera catalana, ello no significa que ese debate esté resuelto, ni que no merezca la pena volver sobre él, sobre todo porque de las decisiones que se adopten con relación a los capítulos de su agenda dependerá también la capacidad que tenga España para superar la coyuntura adversa actual, viendo reforzada su economía. Cuatro son, desde mi punto de vista, los dilemas que es necesario afrontar: el primero se refiere al modelo de financiación autonómica; el segundo, a las barreras interiores que están fragmentando el mercado nacional; el tercero, a la cuestión de la libertad en el uso de las lenguas oficiales; y el cuarto, a la impostergable necesidad de frenar el deterioro del sistema educativo.
Aunque, en las últimas semanas, la virulencia de la crisis económica ha apagado el rumor del debate territorial, singularmente la algarabía identitario–financiera catalana, ello no significa que ese debate esté resuelto, ni que no merezca la pena volver sobre él, sobre todo porque de las decisiones que se adopten con relación a los capítulos de su agenda dependerá también la capacidad que tenga España para superar la coyuntura adversa actual, viendo reforzada su economía. Cuatro son, desde mi punto de vista, los dilemas que es necesario afrontar: el primero se refiere al modelo de financiación autonómica; el segundo, a las barreras interiores que están fragmentando el mercado nacional; el tercero, a la cuestión de la libertad en el uso de las lenguas oficiales; y el cuarto, a la impostergable necesidad de frenar el deterioro del sistema educativo.

La financiación autonómica

La importancia del dilema de la financiación autonómica es difícil de exagerar. De él depende la existencia misma de España como Estado unitario y como mercado nacional, con las ventajas que la dimensión otorga a la actividad económica. Y depende también la configuración de la oferta de los servicios públicos esenciales —pues, no se olvide, éstos son competencia de las Administraciones regionales—, tanto en cantidad como en calidad. Una oferta sobre la que, a su vez, gravita la plasmación real de la igualdad entre los ciudadanos, su posibilidad de ver preservada su salud sin discriminación alguna, de acceder a todos los niveles de la educación —desde la preescolar hasta la universitaria—, de ser atendidos solidariamente en caso de necesidad o de minusvalía, y de encontrar resueltos múltiples problemas cotidianos que, en la compleja sociedad en la que vivimos, requieren soluciones en las que necesariamente, sea por la vía de la regulación, sea a través de la intervención, han de participar los poderes públicos.

El modelo de financiación autonómica, basado en la multilateralidad y en la solidaridad, ha sido cuestionado a raíz de la aprobación del Estatuto de Cataluña y, posteriormente, de los Estatutos de otras Comunidades Autónomas en los que se han introducido normas reguladoras, generalmente contradictorias entre sí, que invaden el terreno competencial del Estado, a quien la Constitución otorga la potestad de legislar al respecto. Y lo que está en discusión no son sólo los recursos de que pueda disponer tal o cual gobierno regional, sino algo mucho más importante como es el reconocimiento fáctico de una singularidad que apela a la soberanía para determinados territorios. Lo que desde el gobierno autonómico catalán se plantea, entonces, en este debate, no es otra cosa que un estatus de independencia. Por tal motivo, si se atendiera su pretensión y se establecieran negociaciones bilaterales entre los gobiernos de Cataluña y España para la financiación autonómica, se daría un paso decisivo hacia la fragmentación del Estado.

Un elemento novedoso que debe ser tenido en cuenta en todo esto es que, dentro de la arena política, las posiciones soberanistas se han trasladado desde su feudo tradicional —los partidos nacionalistas— hacia las formaciones de ámbito estatal, que han encontrado en ellas la coartada necesaria para justificar unas políticas populistas que, de momento, han tenido un buen rendimiento electoral. Ocurrió así, en la pasada legislatura, con el Partido Socialista; y, en este momento, sigue sus pasos el Partido Popular que, en concreto, en Cataluña, ha acabado enmarañándose en un guirigay de declaraciones confusas en las que se acusa al Gobierno de Rodríguez Zapatero de no haber hecho honor a sus compromisos con respecto al cumplimiento de las previsiones del Estatut, a la vez que se abomina de éste por su carácter inconstitucional.

Digámoslo con claridad: si de lo que se trata es de corregir el modelo de financiación autonómica dentro del marco constitucional, entonces no cabe ni la bilateralidad, ni la desigualdad. El modelo —que hay que discutirlo porque el que se aprobó en 2001 era defectuoso y no previó la realidad demográfica cambiante que, como fruto de la inmigración, ha experimentado España— debe atender, por ello, a los siguientes principios:

  • Autonomía, de manera que los gobiernos regionales tengan margen para el desarrollo de sus propios programas políticos, pues son los ciudadanos de cada Comunidad, y no el Estado, los que deben pronunciarse acerca de su idoneidad a través de los procesos electorales.
  • Suficiencia para que las Comunidades Autónomas cuenten con los recursos que se requieren para el ejercicio de sus competencias. Y no se trata de que éstas se desenvuelvan en unos niveles mínimos —como, por cierto, se pretende desde Cataluña para limitar económicamente la solidaridad— sino en unos suficientemente amplios para que las cotas del bienestar individual y colectivo de los españoles, en lo que dependen de los servicios públicos, sean similares entre sí con independencia de su lugar de residencia.
  • Solidaridad, porque, en efecto, la solidaridad es un requisito imprescindible para lograr la suficiencia de los ingresos públicos regionales y la igualdad de los ciudadanos. La solidaridad —que, no se olvide, no nace del altruismo individual, sino del mandato constitucional— implica que, en las regiones más ricas, se generen y recauden parte de los recursos que han de destinarse a la financiación de las regiones más pobres. Ello no debe causar inquietud a los residentes de las Comunidades de mayor nivel de renta, pues es por medio de la solidaridad establecida como se agranda el mercado nacional y se amplían los horizontes a su producción. Dicho de otro modo, sin la solidaridad el mercado que abastecen las empresas localizadas en las regiones ricas se empequeñecería; y, si ello fuera así, sus posibilidades de crear riqueza serían menores, con lo que se empobrecería a sus habitantes. Para los ciudadanos de las regiones más desarrolladas, la solidaridad es así una garantía de su prosperidad; y para los de las menos avanzadas, de su bienestar.
  • ·Corresponsabilidad fiscal para que sean los gobiernos que toman decisiones de gasto los que asuman también, ante los ciudadanos, la responsabilidad de establecer los ingresos fiscales. El sistema de financiación autonómico se ha de basar, por ello, en la transferencia a las Comunidades Autónomas de un paquete fiscal mayor que el actual —y, en esto, las pretensiones catalanas no son una mala propuesta—, de modo que alrededor de un 90 por 100 de sus necesidades esté cubierta por él.
Por otra parte, la revisión del modelo de financiación sería insuficiente si no se abordara y se solucionara el problema de los privilegios que, como he mostrado en otros trabajos, implica el régimen foral en el País Vasco y en Navarra. Dado que ese régimen se incardina en la disposición transitoria primera de la Constitución, más que en su supresión, lo que cabe inmediatamente es trabajar en su reforma, teórica y práctica, para que de él no se deriven una subvaloración de la contribución del País Vasco y Navarra a las cargas del Estado que se puede valorar en no menos de 2.060 millones de euros en el primero, y de 640 en el segundo.

Más concretamente, se debe corregir la metodología que se sigue en el cálculo del «cupo» del País Vasco y de la «aportación» de Navarra para que refleje los costes reales de las competencias que ejerce el Estado y que no han sido transferidas a esas Comunidades Autónomas. Tal corrección tiene que incidir en tres elementos:

  • Primero, en la actualización de los índices de imputación que se emplean para atribuir a ambas regiones el valor que les corresponde de las cargas del Estado.
  • Segundo, en la supresión del concepto de déficit por el que, en los dos casos, se reduce de manera exagerada su contribución a la caja común al utilizarse datos falsificados. Más concretamente, desde que, gobernando el Partido Popular, en 1997 se negoció el cupo vasco, la ley correspondiente reproduce unas cifras irreales que tienen la virtud de restar entre 2.000 y 2.800 millones de euros a la cantidad que la región paga al Estado. Y en Navarra ocurre otro tanto.
  • Y tercero, en el empleo de datos realistas para el cálculo de las compensaciones por el IVA que reducen también el «cupo» y la «aportación». Unas compensaciones que, según un reciente trabajo elaborado por la Junta de Castilla y León, están sobrevaloradas, como promedio anual, en casi un 125 por 100 (ver pdf  "Cálculo Cupo Vasco").
Un apunte final sobre este dilema de la financiación autonómica debe referirse a la cuestión asociada de la fragmentación de la Agencia Tributaria a la que aspiran, de momento, los gobiernos de Cataluña y Andalucía. Los inspectores de hacienda han alertado a este respecto sobre «los graves perjuicios que se producirían en la Administración Tributaria, …sobre todo para la lucha contra el fraude fiscal», así como porque «puede romperse la unidad del mercado», si los planes catalanes, con su Agencia Tributaria de Catalunya, se llevan al extremo. Por ello, un planteamiento razonable sería el de crear un consorcio tributario entre el Estado y las Comunidades Autónomas, da manera que éstas tuvieran participación en el consejo de administración de una única Agencia Tributaria.

La fragmentación del mercado nacional

Como es sabido, la actividad reguladora de las Administraciones Públicas, referida a las actividades de producción de bienes y servicios, a su distribución o a sus condiciones generales de funcionamiento, tiene su justificación en la corrección de los fallos del mercado que encuentran su raíz en las condiciones tecnológicas, de información o institucionales de éste, o en los objetivos redistributivos y de estabilización de los gobiernos. Las regulaciones que corrigen fallos del mercado tienden generalmente a favorecer la eficiencia y, con ella, el desarrollo económico. Pero las regulaciones orientadas por objetivos de redistribución o estabilización conducen muchas veces a reducir la eficiencia y a generar barreras a la entrada en los mercados, en beneficio de las empresas ya instaladas y en detrimento de la competencia.

Por otra parte, aún cuando las Administraciones Públicas orientan su actividad reguladora a la corrección de fallos del mercado, pueden generar ineficiencias con ella si existen problemas de información asimétrica y costes de agencia, si los costes de transacción inherentes a la regulación son elevados, si la incertidumbre sobre sus costes y beneficios es alta o si se dan fallos del sector público.

En estas circunstancias, desde la segunda mitad de la década de 1990, diversas organizaciones internacionales y gobiernos nacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, la Union of Industrial and Employer’s Confederations of Europe (UNICE), han alertado acerca de los posibles efectos negativos de las regulaciones administrativas de carácter económico, en especial cuando esas regulaciones son excesivas, superpuestas y acumulativas en un mismo sector de actividad. Y, consecuentemente con ello, han propiciado políticas de revisión de las regulaciones y, en su caso, de desregulación, para favorecer la competencia en los mercados y la eficiencia en la asignación de los recursos económicos.

España no ha sido ajena a esta orientación revisionista de la actividad reguladora del Estado y, en general, ha aplicado las directrices europeas en esta materia, favoreciendo así una mayor competencia en determinados mercados. Sin embargo, mientras el Estado ha propiciado la desregulación, no ha ocurrido lo mismo con respecto a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, de manera que en muchos de éstos se ha registrado una auténtica carrera legislativa que se ha traducido en la existencia de varios miles de normas publicadas.

Desde diferentes instancias empresariales y sindicales se ha llamado la atención acerca de los efectos perniciosos que pudieran derivarse de la acción normativa de las Comunidades Autónomas en materia económica, toda vez que con ella se están generando barreras a la movilidad de los factores productivos, tanto de capital como de trabajo. El Consejo de Cooperación Económica, en su labor de asesoramiento a la Comisión Europea, ha alertado recientemente acerca de la necesidad de favorecer en España políticas que restablezcan la unidad de mercado, en tanto en cuanto que ésta se ha visto mermada por las regulaciones autonómicas. A su vez, algunos estudios académicos realizados en los últimos años han aportado evidencias de que las regulaciones autonómicas tienen un efecto negativo sobre las ganancias de productividad, lo que se traduce en un menor desarrollo de las Comunidades Autónomas en las que la proliferación normativa ha sido mayor.
En definitiva, las barreras interiores son un hecho que dificulta el desarrollo económico en España. Y por ello se debe actuar desde el Estado para restablecer la unidad del mercado, tal como previó en su día la Constitución cuando le otorgó la competencia para «dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas… cuando así lo exija el interés general».

La libertad lingüística

Un tipo especial de barrera interior que limita la circulación de factores productivos y que, por tanto, incide negativamente sobre la unidad del mercado nacional, se deriva de las políticas de normalización lingüística desarrolladas por las Comunidades Autónomas bilingües. En ellas, la normalización se ha entendido como imposición a todos los ciudadanos de la lengua regional en detrimento del empleo del español y, sobre todo, menoscabando su libertad para elegir la lengua en la que quieren expresarse, relacionarse con las Administraciones Públicas y educar a sus hijos.

Las políticas de normalización lingüística se han convertido así en un obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como ha señalado acertadamente Xavier Pericay, «allí donde gobierna el nacionalismo, la política lingüística … perjudica la convivencia entre los ciudadanos» y «crea una red clientelar, … una trama de dependencias y lealtades que no hace sino reforzar el silencio cómplice sobre sus abusos». Pero también hay que destacar, en este momento, que esas políticas están teniendo también importantes efectos negativos para la economía y para el bienestar colectivo. Entre ellos, se pueden señalar, a título ilustrativo, los siguientes: 

  • En primer lugar, las dificultades que encuentran los grandes servicios públicos —principalmente, los sanitarios y educativos— para reclutar el personal de alta cualificación que requiere su prestación. En el País Vasco, por ejemplo, se ha denunciado la carencia de médicos de diferentes especialidades y la imposibilidad de completar las plantillas de los hospitales, con el consiguiente deterioro del servicio que se presta a los ciudadanos. Lo mismo puede decirse de las Universidades, pues la contratación o selección de los profesores e investigadores queda constreñida a los hablantes de las lenguas cooficiales, con independencia de los méritos académicos; y ello dificulta el logro de elevados niveles de calidad.
  • En segundo término, se puede destacar que, en el sector público, las exigencias lingüísticas de algunas Comunidades Autónomas se han convertido en un obstáculo objetivo para la movilidad de los funcionarios o trabajadores contratados. Ello, incluso, se extiende sobre los servicios de titularidad estatal, de manera que, en determinados destinos, es difícil completar las plantillas o consolidarlas, pues se produce una continua salida de los trabajadores con experiencia hacia lugares menos conflictivos. Es el caso, por ejemplo, de los jueces en el País Vasco, Galicia y Cataluña; o de los controladores aéreos en esas mismas Comunidades.
  • En tercer lugar, se anota la extensión de esos mismos problemas al sector privado, de manera que, como recientemente ha denunciado el Club Financiero Vigo «muchas empresas (en Galicia) se están enfrentando a la dificultad de retener o contratar personal cualificado procedente de otras regiones españolas o de otros países, cuya edad se sitúe en la franja de 30 a 50 años y que tengan hijos en edad escolar». Esta misma institución destaca que se registra ya un flujo perceptible de profesionales que se alejan de Galicia por motivos lingüísticos y, más grave aún, que «algunas grandes corporaciones, por las mismas razones y ante la presión de sus directivos, pueden trasladar sus delegaciones territoriales fuera de las Comunidades en las que se aplica la política (de normalización lingüística)».
  • Y, por último, no son irrelevantes las dificultades que las empresas foráneas tienen en las Comunidades Autónomas bilingües para presentarse a las licitaciones y concursos públicos. Las exigencias idiomáticas se ha añadido a las más tradicionales de coparticipación de empresas locales, haciendo muchas veces imposible o extremadamente costoso competir en los mercados correspondientes.
En resumen, no es exagerado afirmar que, a través de las políticas lingüísticas, se está fragmentando el mercado nacional. Y, con ello, se reducen las oportunidades para los trabajadores y empresas de las regiones castellanohablantes, a la vez que para éstas estrechan sus posibilidades de aprovechar las economías de escala que se asocian a los mercados amplios, con la consiguiente merma de su capacidad competitiva. Por lo tanto, las iniciativas ciudadanas que exigen el respeto a los derechos individuales con respecto el empleo de las lenguas, como es el caso del reciente Manifiesto por la lengua común, tienen, además de una proyección cívica y política, otra económica, pues las trabas a la libertad lingüística se han convertido en obstáculos para el desarrollo.

El deterioro del sistema educativo

Afirmar que, en España, la educación es uno de los principales problemas con vistas al futuro, es ya un lugar común, a pesar de la resistencia de los poderes públicos, singularmente del Gobierno nacional a reconocerlo. Y no se trata de un problema de asignación de recursos, como muchas veces se ha dicho, pues el nivel del gasto público educativo de España —5.718 € por alumno en 2005 o, lo que es lo mismo, el 24,8 por 100 del PIB por habitante— no es muy diferente del que corresponde al promedio de la zona del euro —6.186 € o el 25 por 100 del PIB por habitante—. Es más bien un problema de calidad que se deriva de un imperfecto diseño organizativo.

En efecto, los informes recientes de la OCDE acerca del fracaso escolar señalan que España es uno de los países más deficientes del área. Así, sólo un 72 por 100 de los estudiantes logran titularse en la enseñanza secundaria, lo que está a diez puntos por debajo de la media de la OCDE y a catorce de la Unión Europea. Además los informes PISA revelan con nitidez que los conocimientos que se transmiten a los niños y adolescentes que acuden a las aulas son muy reducidos. No se trata sólo de que las puntuaciones medias que obtienen los estudiantes españoles en matemáticas, ciencia y lectura sean menores que el promedio de la OCDE —lo que nos sitúa en posiciones desaventajadas en la ordenación de los países analizados—, sino de que la mediocridad impera entre esos alumnos, de manera que la proporción de los que alcanzan un elevado rendimiento escolar es aproximadamente la mitad de la media del área.

En definitiva, el sistema educativo tiene un rendimiento insuficiente y no está añadiendo a los jóvenes el capital humano que se requiere para sustentar un modelo de desarrollo económico basado en el conocimiento y en la innovación tecnológica. Es un sistema que no responde a las necesidades actuales de la sociedad española y que se configura como un freno para la salida de la crisis económica.

Las causas de este deterioro del sistema educativo son múltiples y van desde la concepción misma que inspira su organización hasta su fragmentación real en diecisiete subsistemas como fruto de la cesión de las competencias educativas del Estado a las Comunidades Autónomas. Es este último aspecto el que aquí interesa, pues el rendimiento educativo se ha visto disminuido especialmente con la definitiva descentralización del sistema que tuvo lugar en las dos legislaturas en las que gobernó el Partido Popular. Esa descentralización, al abarcar una buena parte de los aspectos normativos, aún cuando formalmente el sistema sea único, y sobre todo al no haber sido acompañada por un efectivo ejercicio de las competencias residuales del Estado en orden a preservar el estricto cumplimiento de los programas educativos, se ha convertido en una trampa para los ciudadanos. Éstos, en efecto, son sus principales perjudicados, pues quienes son usuarios inmediatos de los servicios educativos, los estudiantes, no reciben una formación de suficiente calidad; y los que los tutelan, sus padres, no se explican cómo, después de tanto tiempo de asistencia a las aulas, sus hijos carezcan de unas oportunidades de empleo y retribución acordes con los años acumulados de escolaridad.

La reforma educativa, si se quiere enfilar, tras la crisis actual, una nueva etapa de desarrollo económico basada en el conocimiento y la innovación, es impostergable. Habrá que revisar esa sorprendente concepción de la igualdad que se ha desplazado desde la idea de que todos los ciudadanos, con independencia de su renta, deben tener las mismas oportunidades educativas, a la de que todos ellos tienen que alcanzar la misma titulación, aún cuado ello sea a costa de una drástica reducción de los niveles de conocimiento exigidos. Habrá también que restablecer en las aulas la disciplina que requiere la transmisión del conocimiento entre maestros y discípulos. Habrá que revisar los programas educativos para que se adapten a las necesidades técnicas del momento. Y habrá que devolver al Estado una buena parte de las competencias que están ahora en manos de las Comunidades Autónomas, para dotar al sistema de una concepción unitaria, en la teoría y en la práctica, que sea ajena a los intereses caciquiles de las oligarquías locales o a los ensueños nacionalistas de fundar la soberanía sobre el adoctrinamiento de toda una generación de escolares.

* * *

En resumen, los españoles nos enfrentamos en la actual coyuntura a cuatro dilemas territoriales de los que depende, en buena medida la capacidad, de nuestro país para sostener tanto su unidad política, como su desarrollo económico. Y lo hacemos en el marco general de una crisis que, como la que dio lugar a la definición en los años setenta de nuestro sistema democrático a través de la Constitución, tiene a la vez un carácter político y económico. Político, porque se ha cuestionado el principal fundamento organizativo de ese sistema —que no es otro que el carácter unitario y descentralizado del Estado—; y ello se ha hecho a costa del quebranto de los derechos individuales cuya garantía constituye su esencial fundamento político. Y económico porque, como resultado del embate exterior y de la endeblez interna, se han desvanecido las oportunidades de crecimiento y generación de empleo. Para salir fortalecidos de esa crisis habrá que saber, como entonces, conjugar voluntades políticas y consenso ciudadano; y, sobre todo, habrá que evitar los errores que entonces se cometieron cuando se creyó, falsamente, que las fuerzas políticas nacionalistas periféricas debían ser compensadas por ignotos agravios y se sembraron las semillas de la fragmentación del Estado que hoy están germinando.
  • Suscribirse





    He leido el texto legal


  • Reseñas

    Amable Arias: La mano muerta (reseña de Rogelio Blanco Martínez)
  • Publicidad

  • Autores

    Diario anónimo de Valente, un místico voluntario (por Miguel Veyrat)