Y
cuando esto decía pensé que el nuevo gobierno tal vez deba seguir combatiendo
con la fuerza pública a los delincuentes, pero aún puede rescatar a los
ejércitos de niños y jóvenes que el crimen utiliza como espías, correos,
vendedores o carne de cañón en las luchas contra otras bandas, contra la
Policía, el Ejército y la Marina. Y que esta inmensa tarea exige muchos y muy
variados esfuerzos, pero tiene los mismos dos ingredientes que en el siglo XX
nos dieron un porvenir a mí y a los hombres y mujeres de varias generaciones:
educación y empleo.
Por
eso aplaudo el discurso del presidente
Peña Nieto aunque reconozco que en el terreno declaratorio se puede
decir cualquier cosa, pero para hacer realidad la mancuerna escuela-economía
como base de la solución de todo lo demás, hace falta mover muchas voluntades y
enfrentar intereses muy arraigados.
La
educación es imposible sin los maestros y hacer que éstos se preparen y
recuperen la mística de otros tiempos, no será nada fácil, sobre todo cuando sus
dos grandes sindicatos, el de Elba Esther y el de los trogloditas, los han
corrompido con “derechos” a no prepararse ni rendir cuentas a nadie y a cobrar
como salarios y prestaciones crecientes sin considerar los resultados de su
trabajo: el “derecho” a no educar a los niños y jóvenes mexicanos pese a que esa
es la clave para rescatar a las familias de la miseria.
Por
su parte, la generación de empleos es imposible sin nuevas inversiones públicas
y privadas, lo que exige eliminar el gasto corriente improductivo, elevar las
tasas impositivas conforme aumentan los ingresos de las personas, reconstruir
los mecanismos de fomento económico, regular a la banca para que otorgue
créditos a la producción, definir y cumplir planes de desarrollo agropecuario,
industrial y de servicios y de comercio exterior y vincularlos con la
investigación y el desarrollo tecnológico.
Todas
estas acciones están llenas de
obstáculos y riesgos, pero hay que emprenderlas si se
quiere educar y emplear a la gente como vía para mejorar todo lo demás, incluido
el logro de la paz. Los cinco ejes y las 13 decisiones anunciadas por el
presidente en su discurso apuntan en esta dirección y lo hacen con un criterio
tan incluyente, que los dirigentes de los dos principales partidos políticos de
oposición negociaron este programa y lo hicieron más específico en el Pacto por
México firmado por los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD
ante el presidente de la República.
Este
es un hecho de gran trascendencia porque rompe el desencuentro con que inauguró
la oposición su mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, y que se convirtió en
sorda disputa durante el gobierno de Felipe Calderón. La vía ha sido la
política: el para entonces presidente electo recogió las demandas planteadas en
su campaña y las propuestas de los partidos contrarios al suyo, y éstos
decidieron públicamente sumarse en torno a políticas y programas concretos. Lo
que sigue es mantener y fortalecer en los próximos años el estilo de gobernar en
la pluralidad a partir de consensos claros, pues no hay otra vía para resolver
los graves problemas que afectan al país.
Pero
no todo es responsabilidad del gobierno; también lo es de la oposición, de las
organizaciones sociales, de los empresarios y de la sociedad
en su conjunto. Por eso preocupa que el mismo día que se
daba a conocer el proyecto político del presidente, la Ciudad de México, y en
menor medida Guadalajara, fueran tomadas por sujetos armados que destruyeron
todo a su paso, y que un político viscoso llamado Ricardo Monreal haya
“denunciado” en la Cámara de Diputados y por cadena nacional que ya había un
muerto entre los “jóvenes”.
Esto
evidencia, en el mejor de los casos, que los políticos
cercanos a López Obrador se subieron en la ola de fango
formada por los vándalos y, en el peor, que hordas como las que controla René
Bejarano y quién sabe quiénes más, han irrumpido a la
política.
Si
las autoridades del D. F. no sabían que esto iba a ocurrir, mostraron una
peligrosa incompetencia, porque desde hace tiempo que el
132 y otras organizaciones amenazaron con crear disturbios
para impedir la toma de posesión de Peña Nieto. En cualquier caso, el nuevo
gobierno capitalino debe decirnos qué pasó y proceder conforme a derecho contra
quienes pagaron y movilizaron las hordas
Y
López Obrador debe explicar por qué exigió la renuncia del secretario de
Gobernación y el encargado del despacho de Seguridad Pública y no dijo una sola
palabra de condena a los que atacaron a la policía con bombas molotov, tanques
de gas, varillas de acero y hasta una granada.
Es
mucho lo que está en juego para dejar estos actos en la impunidad a nombre de la
libertad y la democracia.