Hay que reconocer, en su justa medida, la decidida y, en principio, responsable actuación de los agentes sociales, especialmente de los sindicatos, cuando, hace justo siete meses, escenificaron una huelga general ante la decepcionante reforma laboral que el gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Congreso tras su famoso Real Decreto-Ley de 16 de junio.

¿Qué ha cambiado en la sociedad a estas alturas para que patronal y sindicatos hayan decidido ir juntos de la mano? Obviamente, más de cinco millones de parados, miles de empresas desaparecidas o en vísperas de desaparición, millares de jóvenes sin porvenir profesional alguno, pensiones congeladas, miles de funcionarios que han visto recortados sus salarios e inmigrantes que han tenido que regresar a sus países de origen, y ello considerando que de allí escaparon de salarios de miseria.

En fin, se entiende que el panorama no estaba como para no llegar a un acuerdo. Sin embargo, la cuestión central es si este acuerdo, que tanto se celebra, responde a las perentorias necesidades de este país o, por el contrario, no es más que otra cortina de humo ante las exigencias de la opinión pública. Por descontado, si es así, sólo de ello debe responsabilizarse a los agentes sociales en tanto el Gobierno no promulgue una nueva reforma laboral. De su calado cabrá entonces entender si el Ejecutivo también participa de una maniobra que pretende distraer a mercados y ciudadanos.

Es evidente que en materia de flexibilidad, teletrabajo, formación y descuelgue no se han hecho progresos importantes

El acuerdo firmado entre los agentes sociales trata sobre flexibilidad interna, empleo, formación, descuelgue de condiciones de trabajo e incrementos salariales. Por primera vez los sindicatos han abierto una alternativa de negociación en materia salarial que se desvincula de los automatismos que hasta la fecha estaban referenciados directamente al IPC.

Sin embargo, de su efectividad comienzan a abrigarse serias dudas. Así, se ha abierto una sutil brecha en materia de salarios variables, de forma tal que, lo que hasta el momento constituía un recurso de las empresas para premiar la productividad de sus trabajadores en función a su mayor esfuerzo, corre el riesgo de consolidarse como una carga retributiva más que deberán soportar sin remedio, sean cuales sean sus necesidades productivas, la evolución de sus ingresos, márgenes comerciales, su posición competitiva o el verdadero desempeño de sus trabajadores.

Pero esto no es todo. Es evidente que en materia de flexibilidad, teletrabajo, formación y descuelgue no se han hecho progresos importantes. La reforma de junio del pasado año permitió que los sindicatos tomaran mayores cotas de participación, en concreto en materia de negociación en procesos de modificaciones sustanciales implantadas por las empresas sin representación sindical. Por lo tanto, el panorama, en lo sustancial y sustantivo, prácticamente no ha variado y sigue manteniéndose un límite temporal, esto es, la duración de la modificación no podrá superar el período de vigencia del convenio inaplicado ni, en todo caso, tres años. ¿Cómo es posible que pueda plantearse un límite temporal a una medida que pretende mantener la actividad productiva de las empresas? ¿Son acaso los agentes sociales que hoy han pactado el acuerdo quienes están en condiciones de calibrar que los problemas productivos de nuestro tejido empresarial tienen una vigencia máxima de tres años?

La crisis no espera de medidas a aplicar en 2014 o en años venideros, sencillamente requiere de una respuesta efectiva e inmediata

Por lo que respecta a la negociación colectiva, tampoco se ha avanzado mucho, salvo en la declaración programática de abrir mayores cotas de libertad a las empresas en el seno de la negociación de sus propios convenios colectivos. Sin embargo, en la práctica, se sigue apostando por la preeminencia de los convenios sectoriales, con las salvedades anteriormente indicadas, y se refuerza el papel de los convenios provinciales (leáse también, autonómicos). Y esto es una falta de responsabilidad sólo achacable al intento sindical de seguir manteniendo sus cotas de poder y al empresarial de continuar liderando sectores productivos mediante organizaciones cada vez más alejadas de los reales intereses de nuestro tejido productivo, prevaleciendo en sus posiciones negociadoras los intereses de las grandes entidades empresariales del país.

¿Y qué decir sobre los acuerdos en materia salarial, en concreto, la tan aireada contención de los incrementos salariales en los términos temporales del acuerdo, esto es, 2012 a 2014? Ciertamente, se ha producido un avance en cuanto a las variables que deben ser tenidas en cuenta para los incrementos salariales y su revisión. Sin embargo, todo el esfuerzo realizado puede quedar reducido a una pura manifestación de buenas intenciones. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque el acuerdo no contempla una obligación de las partes negociadoras de proceder a una traslación real de los límites de crecimiento salarial a los convenios vigentes en la actualidad. Esto se traduce, como fácilmente puede comprenderse, en que serán los interlocutores sectoriales, autonómicos, provinciales o de empresa los que, a su criterio, decidirán realmente la aplicación de los límites de incremento salarial que contempla el acuerdo. Y, en este sentido, no podemos olvidar que los sindicatos juegan un papel de extrema importancia. Si sus bases no están dispuestas a aplicar los límites que el acuerdo recoge para este próximo trienio, ello significará el más rotundo fracaso de esta negociación. La crisis no espera de medidas a aplicar en 2014 o en años venideros, sencillamente requiere de una respuesta efectiva e inmediata.

Por tanto, todo parece indicar que el acuerdo es fruto de una puesta en escena bien calculada en la que ambas partes, con supuesto ánimo conciliador, han hecho aparente (que no decidida) dejación de sus tópicas y anquilosadas posiciones en aras de nuestra maltrecha economía, conscientes de que su falta de voluntad para abordar, como era su obligación, un nuevo marco legal de las relaciones laborales en nuestro país, obliga al Ejecutivo a asumir el protagonismo en la promulgación de una reforma laboral. A partir de aquí, veremos cómo se comportan los agentes sociales, especialmente los sindicatos, dado que tienen la llave de la conflictividad laboral. Ante esta situación, no queda más que confiar en la reforma laboral del Gobierno. Y esperamos que ésta sea la definitiva. Las empresas de este país, que las integran también, no lo olvidemos, los trabajadores, no pueden esperar más tiempo ni soportar más decepciones.