Para tener una idea de la
importancia de ese
consejo, baste señalar que lo copresiden Carla Hills y
Robert Rubin y cuenta entre sus miembros a los expresidentes Carter y Clinton.
La calificación resultó de una encuesta entre académicos y funcionarios del
gobierno del presidente Obama, sobre las principales amenazas externas para ese
país.
En México, el eje de la
escalada
político-electoral del presidente contra el PRI es la
afirmación de que el narcotráfico se ha infiltrado en los procesos electorales.
El primer acto de este drama fue Michoacán, debido sin duda a la derrota de
Luisa María Calderón por el ahora gobernador electo, Fausto Vallejo. El segundo
acto es el proceso electoral federal que culminará el 1 de julio de
2012.
Primero en su mensaje por su quinto año de gobierno, luego en una
ceremonia luctuosa y después en un noticiario de televisión, el presidente
afirmó que en las elecciones de Michoacán intervino el crimen organizado y que
“el país tiene que responder” a la pregunta que él le hace, olvidando que es el
presidente quien tiene que responder a las preguntas que le haga el país. Estas
palabras suyas sintetizan su posición:
¿A quién beneficia la acción de
los criminales y a quién perjudica? Es una pregunta clave que el país tiene que
responder. Por lo pronto, ya sabemos a quién perjudica: perjudica al PAN, a sus
mejores alcaldes, al mejor alcalde que hayamos tenido, y perjudica al pueblo de
México. La pregunta de a quién beneficia también tiene que ser respondida […]
Sí, me parece que es una amenaza para México el que el crimen organizado este
interviniendo ya tan burdamente en los procesos.
1. Al decir que
alguien se benefició de la irrupción del narcotráfico en las elecciones
michoacanas, el presidente da pie a que se concluya que los delincuentes
actuaron por cuenta de ese beneficiario o al menos con su
conocimiento.
2. Cada quien puede escoger a su beneficiario favorito,
pero es obvio que si las elecciones fueron ganadas por los candidatos del PRI,
ese solo hecho, absolutamente legítimo, los convierte en los primeros
sospechosos de las alusiones mal disimuladas del presidente.
3. Por lo
mismo, el honor y buen nombre del gobernador, los alcaldes y los diputados
locales electos de Michoacán que pertenecen al PRI han sido manchados nada menos
que por el primer mandatario de la Nación, lo que constituye cuando menos una
arbitrariedad.
4. La función del presidente de la República no es
denunciar los ilícitos ante los medios de comunicación; eso está bien para
personajes como Javier Sicilia, un líder social sin más poder que su
credibilidad.
5. Pero si el presidente tiene información de un ilícito,
su deber es hacer la denuncia formal de los hechos y presentar las pruebas ante
la Procuraduría General de la República para que cumpla con su tarea de procurar
justicia, abra una averiguación previa, persiga y presente a los responsables
ante un juez.
6. Si es verdad que el crimen organizado ha escalado al
extremo de convertirse en un actor de las elecciones en Michoacán, entonces no
puede ser verdad que la estrategia del gobierno para combatirlo ha tenido
éxito.
7. Y si la estrategia ha fracasado, no hay más que dos
conclusiones: o
La Familia Michoacana no ha sido desarticulada, como han
dicho las voces oficiales, o los supuestos lugartenientes que con frecuencia se
dice que han sido aprehendidos, son piezas menores.
Lo que más preocupa
es la repercusión internacional de las afirmaciones poco ponderadas del
presidente
sobre el narcotráfico y el riesgo cada vez más cierto de
que el gobierno intervendrá en el proceso electoral federal de 2012, sea para
suspenderlo en los lugares que a su juicio que no tienen condiciones de
seguridad o de plano para cancelarlo, lo que sumiría al país en una crisis
política y constitucional.
Ya lo decía el senador Pedro Joaquín Coldwell
al asumir la presidencia nacional del PRI: “Al gobierno federal le exigimos que
no haga de este tema un arma para minar la confianza en las autoridades
electorales, socavar el proceso o agredir a partidos y a
candidatos”.
Santiago Creel Miranda propuso un pacto entre partidos y sus
candidatos para cerrarle la puerta al
crimen
organizado y el PRI, en palabras de su nuevo dirigente,
“está dispuesto a pactar con las otras fuerzas políticas, con la autoridad
electoral y las de procuración de justicia, las medidas que sean necesarias para
blindar el proceso electoral de la infiltración del narcotráfico”.
Un
pacto de los partidos contra la intromisión del narcotráfico es positivo, pero
debería complementarse con una acción institucional: el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TFPJF) y el Congreso de la Unión, deberían
hacer un llamado respetuoso pero claro al presidente de la República para que se
abstenga de hacer referencias públicas al proceso electoral de 2012, pues las
que ha hecho hasta ahora deslegitiman el acto masivo más importante de nuestra
democracia.