Por otra parte, algunos estudios han indagado en los efectos del terrorismo 
por comparación con los que se derivan de otros tipos de violencia política como 
las guerras internacionales y los conflictos armados de carácter interno. Un 
interesante trabajo de los profesores Brock Blomberg y Gregory Hess, del 
Claremont McKenna College, y Athanasios Orphanides, de la Reserva Federal 
norteamericana, concluyó que «la incidencia del terrorismo puede tener un efecto 
negativo significativo sobre el crecimiento económico, aunque ese efecto es 
considerablemente más pequeño y menos persistente que el asociado con cualquiera 
de las guerras externas o conflictos internos». Estos mismos autores destacaron, 
a partir de un examen referido a 177 países a lo largo de un período superior a 
tres décadas, que los ataques terroristas de carácter internacional son bastante 
más frecuentes en los países de mayor nivel de renta per capita que en los 
países menos 
adelantados, aunque, paradójicamente, en estos últimos «la 
influencia negativa de los incidentes terroristas en el crecimiento económico 
parece más significativa». 
En el terreno comparativo también debe 
resaltarse el hallazgo de Khusrav Gaibulloev y Todd Sandler acerca de la 
diferente 
incidencia del terrorismo internacional y del local en los 
países de Europa occidental, de manera que el primero es mucho más dañino que el 
segundo y, así, mientras que el aumento de un atentado por cada millón de 
habitantes, atribuible a una organización terrorista internacional, provoca una 
reducción de 0,45 puntos porcentuales en el PIB, la misma variación, en el caso 
de las organizaciones terroristas internas, conduce a una pérdida de PIB tres 
veces menor, de sólo 0,17 puntos porcentuales.
Desde la perspectiva del análisis 
económico, el esfuerzo que conjuntamente realizan el Estado y el Gobierno Vasco 
para combatir el terrorismo etarra se justifica por unas ganancias de bienestar 
que superan claramente su coste
Esto últimos 
resultados nos pueden servir para valorar la incidencia macroeconómica que han 
tenido las 
políticas 
antiterroristas en España y, a partir de ahí, para establecer el 
balance coste–beneficio correspondiente. La pregunta que me planteo es la 
siguiente: ¿merece la pena dedicar recursos al desarrollo de las políticas de 
prevención y represión del terrorismo desde el punto de vista de las mejoras que 
puede experimentar la economía del país con ellas? 
En el caso del 
terrorismo 
doméstico sabemos que a lo largo de la última década se ha producido 
una caída bien perceptible en el número de atentados cometidos por ETA. El siglo 
XXI arrancó con una importante ofensiva terrorista que perdió fuelle desde 2003, 
aunque, tras la frustrada negociación política que llevó el gobierno de 
Rodríguez Zapatero 
con esa organización terrorista, se rehizo, bien es verdad que con 
un nivel inferior en cuanto a sus resultados, de manera que descendió el número 
de acciones violentas y también el de sus víctimas. En términos promedio, los 
terroristas de ETA pasaron de cometer 44,2 atentados anuales entre los años 2000 
y 2004 —lo que supone una tasa de 1,07 por millón de habitantes— a 23,8 anuales 
en el quinquenio 2005–2009 —con lo que la tasa por millón de habitantes se 
redujo hasta 0,53—. Pues bien, si tenemos en cuenta los resultados de Gaibulloev 
y Sandler antes mencionados, esto significa que la economía española pudo 
experimentar una ganancia anual de 0,092 puntos porcentuales en su PIB como 
consecuencia del freno que la política antiterrorista puso a las acciones de ETA 
entre la primera y la segunda mitad del decenio. Esta ganancia equivale a 879,2 
millones de euros al año, lo que, por comparación con el coste de la referida 
política —que es, conforme a las 
estimaciones 
que he publicado en otro lugar, expresadas en euros actuales, de 
587,9 millones de euros anuales—, arroja un balance positivo de 291,3 millones 
de euros. Digámoslo de otra manera, desde la perspectiva del análisis económico, 
el esfuerzo que conjuntamente realizan el Estado y el Gobierno Vasco para 
combatir el terrorismo etarra se justifica por unas ganancias de bienestar que 
superan claramente su coste. 
La macroeconomía del terrorismo nos 
proporciona, a través de sus estimaciones econométricas, una herramienta muy 
precisa para comprender que merece la pena asignar recursos a la prevención y 
represión de su violencia política
Vayamos 
ahora con el terrorismo yihadista o islámico que, como es de todos sabido, 
produjo el 11 de marzo de 2004 los atentados de mayor gravedad que se han vivido 
en España. Afortunadamente, después de aquellos acontecimientos, no han vuelto a 
repetirse las acciones violentas de este carácter internacional, lo que no 
significa que no hayan sido preparadas por algunas células desmanteladas antes 
de su ejecución. En ello ha jugado un papel fundamental el desarrollo por el 
Ministerio del Interior de una actuación específica en este campo, con la 
formación de unidades especializadas en él. Además, ha habido una atención al 
asunto en los Ministerios de Defensa y Justicia, así como en las 
Administraciones regional y local de Madrid, y en las empresas públicas de 
transporte, tal como han estudiado con detalle Aurelia Valiño y Joost Heijs en 
uno de los capítulos de 
The 
Economic Repercussions of Terrorism, libro 
que he editado este mismo año en Oxford University Press junto con Thomas 
Baumert. 
Pues bien, si tenemos en cuenta que hemos pasado de 0,117 
acciones terroristas internacionales por millón de habitantes en 2004, a ninguna 
posteriormente, siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado con relación 
al terrorismo de ETA, llegamos a la conclusión de que la reducción de aquella 
violencia ha podido repercutir en una ganancia de 0,052 puntos porcentuales del 
PIB anual. Tal mejora equivale a 498,7 millones de euros; una cifra ésta que 
resulta sólo un poco superior a la de 488,5 millones anuales en la que los 
profesores Valiño y Heijs valoran los costes de la política destinada a prevenir 
y combatir este tipo de terrorismo. Por consiguiente, también en este caso, 
aunque de una manera más ajustada, se puede afirmar que el análisis 
coste–beneficio proporciona una justificación de los gastos en los que ha 
incurrido el Estado para tratar de librar a la sociedad española de la zozobra 
del terrorismo yihadista internacional. 
En resumen, la macroeconomía del 
terrorismo, además de advertirnos acerca de las nada irrelevantes pérdidas que, 
en cuanto al crecimiento del PIB, pueden ocasionar los atentados sistemáticos de 
las organizaciones terroristas, nos proporciona, a través de sus estimaciones 
econométricas, una herramienta muy precisa para comprender que merece la pena 
asignar recursos a la prevención y represión de su violencia política. 
Naturalmente, esta perspectiva hemos de considerarla complementaria a otras, 
como la de la política, que apoya la acción antiterrorista en la preservación 
del 
orden 
democrático–constitucional, y la de la moral, que lo hace en la 
reclamación de 
justicia para con 
sus víctimas.