Bajo esa premisa no es de extrañar que, desde las primeras páginas, el
autor haga un esfuerzo encaminado a distinguir el discurso dirigido a la opinión
pública de los verdaderos intereses que pudieron mover a la elite del
tardofranquismo a recorrer el camino de la reforma política que conduciría a una
democracia liberal. En este punto la contundencia de Gallego es absoluta al
afirmar que el proyecto reformista puede constituir un precedente cronológico de
la democracia en España, pero nunca un precursor político. No sólo la propuesta
de Carlos Arias Navarro de permitir una estructura asociativa, sino todos los
proyectos reformistas del periodo, que son analizados con detenimiento en este
estudio, estaban encaminados al mantenimiento de la elite política y de las
reglas de juego que el franquismo había establecido. Pese a los giros semánticos
de sus discursos, se hace evidente la incompatibilidad con una democracia
verdaderamente representativa.
En opinión del autor, la heterogeneidad
de planteamientos del espectro político franquista, que anticipa la competencia
de liderazgo de los meses siguientes generando proyectos que iban desde el claro
continuismo promovido por el Movimiento, hasta el reformismo de Arias, pasando
por las propuestas de los democristianos o del propio Manuel Fraga, no lleva a
establecer una dicotomía entre aperturistas e inmovilistas cuando moralmente
compartían la aceptación del espíritu del 18 de julio y se amparaban bajo su
legitimidad, sino una línea divisoria entre los integrantes del franquismo,
independientemente de su color político, y la oposición, tal como fue evidente
tras los fusilamientos del 27 de noviembre de 1974.
A continuación, se
ocupa del periodo posterior a la muerte de Franco, momento en el que el nuevo
monarca habría de buscar un proyecto propio que lograra la implantación efectiva
de una monarquía encarnada en D. Juan Carlos. Su punto de partida era una
legitimidad que en aquel momento provenía directamente de la designación de
Franco y de sus leyes, lo que constituía, al mismo tiempo, un importante límite
en su gestión, y que sólo superaría representando la liberalización política.
No trata de relativizar las
dificultades y logros de los gestores políticos partícipes del proceso de
democratización, pues nadie puede dudar de que en la Transición se hallan las
bases para la actual democracia, indiscutiblemente consolidada, y a la que ya no
es necesario agregar el gentilicio “española” para justificar su espíritu, como
tampoco se puede negar –ni el autor lo pretende- la importancia de la Corona en
el proceso
Esto no debe hacernos olvidar que
la continuidad se refiere no únicamente a la Corona, sino también a un
importante bloque franquista, incluido el propio Arias Navarro; a menudo este
bloque también estaba investido del poder que procedía de una designación
directa de Franco, poder que se hacía ondear de manera reverencial hasta la
saciedad. A este respecto, Gallego llama la atención sobre la tendencia a
considerar a Adolfo Suárez como la verdadera elección de D. Juan Carlos para la
Presidencia del Gobierno, obviando que hubo un primer gobierno de la Monarquía,
con métodos y objetivos propios, que se definía por favorecer el entendimiento
entre los sectores procedentes del franquismo, a diferencia del segundo
gobierno, cuando se buscaba establecer una relación entre el reformismo más
avanzado y la oposición.
La presión que constituyó esta oposición, que
se incrementaba al calor del retraso de la reforma planteada, llevó a la Corona
a buscar nuevas opciones que se concretaron en el nombramiento de Suárez como
nuevo presidente del Gobierno por diversas causas, entre las que destaca, por un
lado, que carecía de un proyecto propio y, por tanto, contaba con una posición
más flexible para afrontar los nuevos retos, y, por otro lado, que le asistía el
apoyo del Movimiento y de su clientela política, a lo que sumaba la discreción y
su conocida intuición política.
De nuevo, el problema de la legitimidad
se hacía patente en el nuevo gobierno pues, como expresó John Locke en su
Ensayo sobre la tolerancia, “nadie puede ni está obligado a permitir que
alguien pretenda ejercer un poder más allá de lo que él pueda demostrar que le
corresponde”. Es así como Ferran Gallego entiende algunas de las medidas que
llevó a cabo el gobierno de Suárez, tales como la amnistía política, la
legalización del Partido Comunista o la Ley para la Reforma política, pues,
acompañadas de una retórica populista a la que aún no somos ajenos, le permitían
recuperar la iniciativa política y proclamarse como el “Gobierno del cambio”,
mientras causaba desunión entre las filas de una oposición que no supo
aprovechar las ventajas que hubiera podido rentabilizar en el periodo anterior.
Suárez habría podido así mantener el control del proceso, de modo que pudiera
garantizar las condiciones que favorecían la presencia de una buena parte de la
elite que procedía del régimen anterior.
La conclusión la conocemos todos:
había otros caminos posibles; la democracia no estaba predeterminada. En El
mito de la transición se argumenta que tampoco la democracia era un objetivo
en sí mismo para el bloque reformista
Bajo
este punto de vista, esta estrategia implicaba dos elementos que no son menores
puesto que, por un lado, alejaba el debate de algunos de los puntos que habían
estado en las reivindicaciones iniciales de PSOE y PCE, y que no habían podido
ser “absorbidos” por el Gobierno; por otro lado, esta estrategia tendía a crear
un rasgo de complicidad con la oposición, permitiendo desdibujar la anterior
línea divisoria, aunque sin necesidad de una conversión de posiciones ni la
renuncia a su origen político. Los límites de estas reformas, que estaban en
función del objetivo de la continuidad, explican algunos de los elementos que
hoy asociamos abiertamente como consecuencias del proceso de transición, tales
como la cuestión territorial o un particular sistema de representación
electoral.
Por tanto,
El mito de la transición constituye un
estudio de elites, un análisis agudo de los grupos de poder político y de sus
estrategias, encaminado a poner las decisiones políticas en la perspectiva
adecuada y explicar, parafraseando al autor, “por qué se tomó ese camino y no
otro”. No se trata de relativizar las dificultades y logros de los gestores
políticos partícipes del proceso de democratización, pues nadie puede dudar de
que en la Transición se hallan las bases para la actual democracia,
indiscutiblemente consolidada, y a la que ya no es necesario agregar el
gentilicio “española” para justificar su espíritu, como tampoco se puede negar
–ni el autor lo pretende- la importancia de la Corona en el proceso.
En
definitiva, el verdadero objetivo de esta investigación no son las propias
acciones políticas, sino las motivaciones que llevaron a ellas. En este sentido,
Ferran Gallego, basándose en un exhaustivo y meticuloso estudio de las fuentes y
de los documentos del periodo, que cuenta, no sólo con fuentes bibliográficas a
las que quizás estamos más acostumbrados, sino también con fuentes hemerísticas
que abarcan la práctica totalidad del amplio espectro político de 1974 a 1978,
analiza una realidad política desde un planteamiento que no sólo es crítico con
la elite que provenía del franquismo –de la que afirma que sin la movilización
popular y sin el temor a perder la iniciativa política hubieran impuesto medidas
de un alcance significativamente menor-, sino también, y especialmente, con la
elite opositora, pues no supo imponer un mayor alcance de la democratización,
dividida como estaba por la lógica de los propios partidos una vez se vislumbró
el horizonte de las elecciones generales. Subyace, además, que la clase política
en general no supo interpretar la realidad de la sociedad española y, por tanto,
adoleció de errores tácticos fruto de ignorar que el franquismo contaba con una
importante base social pero no política, base que pronto evolucionó hacia el
eclecticismo ideológico y el pragmatismo político.
Por otro lado,
constituye un valor añadido a la obra la honestidad de los planteamientos de
Gallego, si bien resulta indudablemente complejo tratar de delimitar la voluntad
democratizadora y su plasmación en los límites de los proyectos políticos
-pensemos por ejemplo en la figura de Suárez, su sagacidad para anticipar
respuestas y en el carácter que imprimió finalmente a la reforma-, especialmente
al tratarse de proyectos de claro perfil personalista.
La conclusión la
conocemos todos: había otros caminos posibles; la democracia no estaba
predeterminada. En
El mito de la transición se argumenta que tampoco la
democracia era un objetivo en sí mismo para el bloque reformista. Como decíamos,
los mitos no son ya ciudadelas inexpugnables, y ni tan siquiera los mitos
fundacionales consiguen hoy escapar de la inescrutable mirada de la historia.
Sobre la mesa queda diseccionado un ayer siempre rico en matices e
interpretaciones, que nos permite reflexionar, no sólo sobre el pasado, sino
también sobre la realidad de nuestro presente, sobre la forma en que revisitamos
la Historia desde una memoria a menudo cómoda y conformista.