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Opinión/Editorial
La pureza de intenciones y sus efectos balsámicos
Por ojosdepapel, martes, 05 de febrero de 2008
Poco a poco, por boca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero o por obra de sus subordinados en el área de Justicia, el ministro Mariano Fernández Bermejo y el Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, la sociedad española va conociendo en detalle los manejos, falsedades y manipulaciones a las que se plegó el gabinete para llevar adelante el proceso de negociación con la banda terrorista ETA, mientras sostenía públicamente que mentían quienes recelaban y denunciaban sus maniobras en la penumbra y que dicho proceso era todo un ejemplo de “transparencia”.

Primero lo hizo el presidente Rodríguez Zapatero en la entrevista concedida al director de El Mundo (13 y 14-1-2008), Pedro J. Ramírez, ante quien reconoció que había faltado a la verdad cuando declaró de forma tajante que se había cortado cualquier tipo de contacto con la banda terrorista tras el atentado de la T-4. Recuérdese que en aquel tiempo los portavoces oficiales y sus terminales mediáticas clamaban contra los renuentes preguntándose en voz alta si tenía más credibilidad ETA, que había informado de estos contactos, que el mismísimo Gobierno...

En la actualidad, estamos asistiendo, ante la estupefacción general, a otra maniobra, efectuada a escape: una doble ilegalización, del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), organizaciones claramente dependientes de Batasuna, brazo político de la banda terrorista ETA, ya ilegalizada en su día. Esta vinculación era sobradamente conocida desde el principio mismo en que desplegaron su actividad como referentes electorales de la izquierda proetarra y, por lo tanto, ha habido tiempo de sobra para dejarlas fuera de la Ley, años respecto al PCTV y meses en lo que se refiere a ANV. Sin embargo, esto nunca se había planteado por parte del Gobierno ya que su existencia legal constituía uno de los nervios centrales del proceso de negociación con ETA.

Una vez que ha fracasado la jugada, adoptemos la apropiada terminología del ministro de Justicia para calificar este tipo de decisiones, porque, efectivamente, ha habido mucho de juego, de apuesta alocada, casi de ludopatía, con el capital democrático y el Estado de Derecho por parte de este Gobierno, se procede a llevar a cabo el siguiente envite. Se trata de explotar el efecto de dejar fuera del sistema a ambos partidos con fines electorales, intentando dar la impresión de convicción y firmeza antiterrorista gubernamental a lo largo de la carrera que lleva a las votaciones del 9 de marzo, puesto que, evidentemente, el procedimiento legal no será corto y tendrá sus momentos estelares ante la previsible resistencia de los secuaces de Batasuna en el PCTV y ANV.

Tanto este caso como el del embuste del presidente sobre el cierre de los contactos con los terroristas vascos tras la salvajada de la T-4, que ocasionó dos muertos y un enorme coste económico, ejemplifican el modo en el que los estrategas de la Moncloa y el complejo mediático adicto encaran los problemas que generan sus jugadas. En primer lugar, si no pueden cambiar la percepción pública de sus acciones a través de la manipulación del significado de las palabras (“las palabras están al servicio de la política”, según Rodríguez Zapatero), las entierran con otras noticias, montajes o acusaciones contra el adversario político. Si no funciona, cosa que no suele ocurrir, acaban por reconocer la razón de fondo que actúa como fuente inspiradora de toda su política, la búsqueda del bien a través del único principio legítimo que se reconoce: las buenas intenciones. Este aparentemente risible argumento lo puso de manifiesto con meridiana claridad el líder socialista en la mencionada entrevista concedida al diario El Mundo. Veamos la declaración de principios en su contexto, cuando Pedro J. Ramírez interroga a José Luis Rodríguez Zapatero sobre las conclusiones que ha extraído del fracasado proceso:

P.- ¿No hubo en usted un punto de voluntarismo ingenuo? ¿Le parece injusto que otros analistas o yo mismo le hayamos llamado «aprendiz de brujo»?
R.- Hubiera tenido más credibilidad si usted le hubiera llamado eso mismo a Aznar cuando se refirió al Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Cuando lo leí no le di credibilidad porque usted no le llamó entonces «aprendiz de brujo» a Aznar.
P.- Las circunstancias eran muy distintas.
R.- Tan distintas como que entonces ETA había matado hasta dos meses antes de la tregua y cuando yo abrí el proceso de diálogo llevaba tres años sin matar.
P.- ¿Le molestó entonces que yo le denominara «aprendiz de brujo»?
R.- No. En democracia se 'aprende' todos los días. Yo 'aprendo' cosas cada día. Si alguien dijera que llega 'aprendido' a la Presidencia del Gobierno no sería creíble
P.- ¿Y ha 'aprendido' usted entonces ya de aquel grave error de apreciación?
R.- Tengo ya mi propio bagaje, mi propio acopio de experiencias. ¿En definitiva qué pasó? Que me entregué a una causa noble, desde principios nobles.

Todas las acusaciones vertidas hacia la base político-ideológica, y hasta sicológica, que esta detrás de la acción política de Rodríguez Zapatero, el sectarismo, el buenismo, el adanismo, el equiparar su composición mental a la de un adolescente, encajan a la perfección sobre el cimiento de la pureza de intenciones o, lo que es lo mismo, la causa noble.

El continuo ejercicio de aproximación personal al elector desde la distancia, tanto gestual como verbal, que combina la buena presencia, la disposición seráfica que culmina en la apelación a la predisposición altruista de las personas, constituye una de las principales bazas en la popularidad del presidente del Gobierno. Convencer de que su personalidad reúne las virtudes máximas de la integridad, la abnegación y la altura de miras es lo que precisamente le está salvando ahora la cara ante la opinión pública pese a los reiterados fracasos, al desastre en las predicciones y a la incompetencia para prevenir los posibles resultados contraproducentes de sus decisiones, como, por ejemplo, las contingencias derivadas del cambio de ciclo económico.

Lo cierto es que la actitud de Rodríguez Zapatero no es más que una nueva versión de la tradicional cosmovisión izquierdista basada en una pretendida superioridad moral sobre los principales adversarios políticos: la derecha democrática y las fuerzas o instituciones consideradas no progresistas. Esta concepción, a la que se suma la hiperlegitimidad democrática derivada del antifranquismo, se ha visto sobredimensionada por la revalorización emocional (memoria histórica partidista en lo colectivo, capitán Lozano en lo personal), y por tanto acrítica, de la tradición republicana en su versión más sectaria y radical.

La percepción buenista o bienintencionada de la realidad política y social lleva aparejada dos derivaciones. La primera es que los adversarios políticos de la derecha no pueden participar, por definición, de la misma pureza de intenciones que la izquierda socialista, de otro modo no tendría sentido la elección entre unos y otros. Y si no se puede dar el supuesto la nobleza de espíritu entre los rivales, es que estos son moralmente inferiores y, por tanto, una amenaza para  el interés general en tanto en cuanto carecen de las características que le permitirían estar al servicio de éste. La asimilación de la derecha democrática con el extremismo y la caverna, la imagen que de ella se proyecta –homofobia, sexismo, clericalismo, anticatalanismo, etcétera.--, su asociación a la explotación de los humildes y el trato de privilegio a los grupos y clanes poderosos, todo este conjunto de elementos, en definitiva, es fiel reflejo del arraigo de esa concepción extremadamente sectaria del presidente y su equipo de gobierno.

La segunda tiene que ver con las consecuencias de las decisiones adoptadas a partir de “principios nobles”, algo que se observa con bastante claridad en el asunto, ya expuesto más arriba, del actual procedimiento para la ilegalización de las fuerzas políticas proetarras. Las buenas intenciones que estaban detrás de permitir una salida política a ETA a través de PCTV y ANV, jugando con las leyes y el Estado de Derecho, han acabado por deteriorar seriamente su prestigio a escala nacional e internacional. La imagen que proporciona es que se puede forzar la interpretación de las normas, las leyes y la Constitución tanto como se quiera si con ello se consigue la bendición de la paz. Lo que conlleva dos efectos profunda y peligrosamente negativos, uno hipotético y otro bien real. El primero es que se incentiva a quienes quieran forzar el sistema a través de la violencia. El otro es que, fracasado el proceso de paz, los hechos, es decir las maniobras y manipulaciones para primero legalizar (PCTV), luego pseudo-legalizar (la mitad de las listas de ANV en las elecciones municipales) y finalmente ilegalizar (PCTV y ANV al completo), han confirmado lo que los terroristas vienen predicando desde siempre, en el mismo inicio de la Transición, que las leyes las dicta la relación de fuerzas y que, en consecuencia, el uso de la violencia es un instrumento verdaderamente efectivo en la lucha política.

Pero esto, el desprestigio de la democracia española a través de la deslegitimación del Estado de Derecho, no sólo afecta positivamente a los intereses de los terroristas. También radicaliza a los grupos supuestamente más moderados del nacionalismo vasco (en todo su esplendor ante el caso Atucha exigiendo una Justicia étnica), catalán (con el proclamado independentismo de Convergencia) y gallego y dinamiza la agresividad de los sectores más ultras del independentismo en estos territorios. Los hechos cantan. El Bloque Nacionalista Gallego, que gobierna Galicia en coalición con el PSOE, bajo pretextos ridículos, se opuso en la Comisión Permanente del Parlamento Gallego a condenar el nazismo el pasado 27 de enero, Día de Recuerdo a las Víctimas del Holocausto (Periodista Digital, 30-1-2008). Las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, que también gobierna en el Principado en coalición con el PSC-PSOE, homenajearon a un antiguo terrorista de Terra Lliure, Martí Marcó, muerto por la policía en 1979, cuando ya estaba plenamente vigente la Constitución democrática de 1978: el portavoz de las mencionadas juventudes, Gérard Gómez del Moral afirmó en el acto que "Veintinueve años después, el Estado español nos sigue queriendo asesinar como pueblo, como cultura y como nación" (El País, 28-1-2008).

En definitiva, se constata que, pese a la opinión del presidente del Gobierno, una “causa noble” no justifica cualquier medida ni decisión. Al contrario, como es de sentido común, puede ser enormemente contraproducente y ocasionar mucho más daño que el que se pretendía solucionar.

 

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