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Opinión/Editorial
Las políticas de la historia.
Por ojosdepapel, lunes, 04 de diciembre de 2006
La utilización de la Guerra Civil y el franquismo como instrumentos para deslegitimar a la derecha democrática española ha coincidido con un cambio de perspectiva sustentado por una nueva generación que demanda la revisión del pasado en términos de “impartir justicia” a los derrotados y los vencedores, a los represores y a sus víctimas, muy en consonancia con los nuevos valores de los tiempos que corren, resumidos en el buenismo, una adaptación a la española de la corrección política, y en un fenómeno derivado, la internacionalización de la justicia: si el juez Baltasar Garzón se decidió por lanzarse contra los perpetradores de los crímenes de las dictaduras pinochetista y argentina, ¿por qué no hacerlo con los franquistas y el franquismo?
Desde los primeros tiempos de la Transición política española, la derecha ha sido objeto del reproche por su pasado franquista. Sin embargo, este estigma no se empleó a fondo hasta que los socialistas, debilitados por el desgaste de tantos años en el poder, y particularmente, por la espectacular estela de corrupción y el terrorismo de Estado, no vieron peligrar su supremacía política a principios de los años noventa. Ahí empezó una ofensiva en toda regla que no hizo más que acelerarse desde la victoria de Partido Popular en 1996 y, muy especialmente, en 2000, cuando la organización liderada por José María Aznar alcanzó la mayoría absoluta. El ejemplo más significativo de la asimilación entre el franquismo y la derecha, entre Franco y Aznar, se puede constatar en las páginas del libro La aznaridad, obra de gran eco público elaborada por uno de los referentes más respetados por la izquierda española y catalana, Manuel Vázquez Montalbán.

A esa ofensiva política se unía de forma no planeada otra actuación que, en parte, también pretendía contribuir a erosionar la imagen del gobierno popular. Se trata del entonces minoritario pero esforzado empeño de recuperación de la memoria histórica puesto en práctica por las asociaciones que se dedican a desenterrar, en la medida de lo posible identificar y dar debida sepultura a todos aquellos caídos en los combates de la guerra civil y, principalmente, a lo asesinados por el bando insurrecto o franquista. Que la intención no sólo estaba en dar cumplido homenaje y sepultura a los muertos, lo anunciaba la filiación republicana de las asociaciones que impulsaban el proyecto, por supuesto tan legítimo lo uno como lo otro. No cabía duda, sin embargo, el ánimo de impugnar la monarquía parlamentaria nacida del pacto de la Transición democrática. Esta impugnación siempre ha tenido notables defensores y cierta difusión, pero no ha cuajado mediáticamente hasta hace relativamente poco tiempo.

Lo mismo ocurre con los que han sido denominados revisionistas, es decir aquellos publicistas e historiadores que se han dedicado a demoler lo que ellos han llamado mitos de la Guerra Civil sostenidos por los partidos e historiadores considerados de izquierdas. Aparte de los historiadores propiamente franquistas, Ricardo de la Cierva cultivó este género a lo largo de toda la Transición y mucho más allá, sin que su difusión superara un círculo relativamente amplio pero cerrado de público. Este tipo de enfoque fue continuado por Pío Moa y otros, sin que alcanzara un éxito editorial hasta bastantes años después de que fueran publicadas sus primeras obras, justo hasta que la enorme polvareda del debate sobre la recuperación de la memoria histórica y la deslegitimación de la derecha como heredera del franquismo alcanzara el clímax que todavía persiste.

En ambos casos la intención política es evidente. No hay tanto deseo de conocer y debatir acerca del pasado, muy poco presentable en cualquier caso por parte de los dos bandos contendiente en la conflagración civil, como de emplearlo para objetivos concretos, siempre en la dirección de legitimar o deslegitimar un proyecto político determinado. Es una dura pugna por impedir que el discurso sobre la Guerra Civil y el franquismo del contrario ideológico y político acabe siendo el hegemónico en la vida pública. La personalísima intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tomando partido con su plan de abordar la aprobación de una Ley sobre el asunto de la memoria histórica no ha hecho más que enconar la polémica, particularmente en el aspecto político, volviendo a sacar a pasear de forma insensata el fantasma del exclusivismo de partido con su tentativa de rectificar la Transición. Esto es interpretado, a menudo de forma tergiversada, por los más conspicuos polemistas de una parte de la derecha para rehabilitar el pasado régimen franquista como un mal menor, sin que, paradójicamente, sean en modo alguno nostálgicos de aquella ignominiosa dictadura.

Vista así la polémica, se antoja estéril, aunque no del todo. Tiene alguna ventaja: ya nadie puede modelar la opinión pública como quiera, no estamos en un régimen totalitario, por lo que esa ley, si pretende manipular el pasado, nacerá muerta. No hay buena ni mala memoria, hay distintas memorias, tan válidas unas como otras, en tanto en cuanto son puramente subjetivas. El camino se hace cada vez más expedito para que la forma de recordar no venga a través de ese proceso que sólo alimenta el partidismo y el renacer de los odios, sino por medio de la historia, como disciplina, como saber fruto del trabajo investigador.

Mientras exista esta honda polémica partidista, que está estrechamente ligada con la propia interpretación de la historia de España y sus comunidades, tanto en lo que respecta a su evolución como a su definición (¡a estas alturas!), y al marchamo rupturista del proyecto político global de Rodríguez Zapatero, no se dará satisfacción a la demanda de las nuevas generaciones que se preguntan sobre la lección histórica y moral que ha dejado como legado la conflictiva etapa iniciada en 1931.
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