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Opinión/Editorial
La penúltima catástrofe ecológica en Galicia
Por ojosdepapel, martes, 05 de septiembre de 2006
El verano de 2006 será difícil de olvidar en el noroeste español, Galicia ardió por los cuatro costados, se perdieron entre 80.000 y 90.000 hectáreas, según las evaluaciones más conservadoras, que son las progresistas, lo que significa más de la mitad de la superficie quemada en toda España en lo que va de año.
La sombra del Prestige se ha vuelto a alzar, sólo que ahora la patata caliente le ha tocado a unas administraciones, autónoma y central, dirigidas por la izquierda. La reacción no ha sido muy distinta frente al desastre ecológico marino y costero, descoordinación, improvisación, incompetencia e irresponsabilidad, con la diferencia de que ésta última se ha acrecentado porque la izquierda ha acusado veladamente al PP de estar detrás de la catástrofe al atribuir, sin prueba alguna, la oleada de incendios a una trama organizada.

Tanto la Xunta como algunos ministros, especialmente Rubalcaba, el de interior, todo un experto en los menesteres del agit prop, han insinuado que, dadas las particulares características de estos incendios, era posible que fueran obra de grupos organizados de pirómanos. Sólo les faltó echar la culpa a Aznar y la FAES, pero afortunadamente José Blanco, el mediocre secretario de organización del PSOE, se encontraba de vacaciones y no hubo que escuchar una melonada por el estilo. La ofensiva ha incluido a los grupos afines a la izquierda gallega, como “Burla Negra” o “Nunca Máis”, encabezado por los escritores Suso de Toro, Manuel Rivas y el actor Luis Tosar, que han porfiado hasta extremos grotescos en la idea de la conspiración cuando ya está descartada la existencia de tramas.

Sin embargo, la cortina de humo ha funcionado perfectamente para desviar, al menos para una parte de la sociedad española, que la verdadera responsabilidad del nuevo desastre, en particular respecto a sus dimensiones, corresponde, como ocurrió en su día con el Prestige respecto al PP, a la administración ahora vigente, tanto autonómica como estatal, ambas encabezadas por dirigentes socialistas.

Por muy diversas y entremezcladas causas, los incendios se producen de modo periódico en Galicia todos los veranos y su extensión depende fundamentalmente de las condiciones climatológicas y, en primer lugar, de la capacidad de reacción de la Xunta, ya que la competencia en la materia fue cedida hace largo tiempo. Y, en segundo lugar, del propio gobierno de la nación, que ha de auxiliar a la comunidad cuando las proporciones del problema la desbordan.

Pues bien, la Xunta de Galicia, gobernada por una coalición formada por el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), una organización de carácter nacionalista radical, que habían llegado recientemente al poder, desmontaron el aparato de prevención y extinción de la anterior administración regida por el PP, que contaba con gran experiencia en la materia, sin llegar a sustituirla por otro verdaderamente eficaz. Al contrario, son muy abundantes las informaciones recogidas en los medios que testimonian que la imprevisión, la falta de medios y la descoordinación fue la nota común en el combate contra el fuego.

La importancia a la hora de apagar los incendios radica en atacar los focos en su inicio, acortando los tiempos de reacción. En este capítulo, la incompetencia mostrada por la nueva estructura creada por la Xunta ha brillado con luz propia. Falta de motobombas (no adquisición pese a estar presupuestadas, averías, etc.), ausencia del número habitual de brigadistas que cada año forman parte de las dotaciones, asignaciones clientelares de los puestos en los retenes sin atenerse a la cualificación o pericia de los candidatos, exigencias de condiciones peregrinas para formar parte de los retenes –tener certificado de conocimiento del gallego (algo que no tuvo la menor importancia cuando llegaron los refuerzos de otras comunidades autónomas)-, deficientes convenios de la Xunta con los ayuntamientos para la limpieza de montes, abandono del mantenimiento de las tomas de agua de las motobombas, supresión de dos helicópteros en la provincia de La Coruña, rescisión del contrato con una acreditada empresa dedicada a la coordinación de medios de extinción aéreos, supresión del convenio vigente durante más de diez años que incorporaba al Ejército a las tareas de prevención y ayuda...

En otro orden de cuestiones, también contribuyó a la extensión de la catástrofe la demora con que la Xunta y el Gobierno central asumieron sus dimensiones, con el consiguiente retraso a la hora de solicitar el apoyo y la coordinación de la ayuda de las demás comunidades españolas y de la Unión Europea... La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien no dudó en relacionar los incendios con la condición de paletos de los gallegos –“bajo nivel sociocultural”, sugirió--, tardó nada menos que seis días en presentarse en Galicia. Algo que también recuerda al caso del Prestige (y al del derrumbe de parte del barrio del Carmelo en Barcelona, lo mismo que el trágico incendio de Guadalajara del pasado año, con un balance de trece muertos pertenecientes a un retén).

Los desastres ecológicos no suelen ser culpa de los políticos, sean del partido que sean, y por mucho que se empleen para intentar desprestigiar al adversario. El papel de los políticos sí es relevante en la gestión de las crisis, y tanto en el caso del masivo vertido de fuel como en el de los incendios del pasado mes de agosto el balance no puede ser más negativo.

Buena parte de los políticos españoles, incluyendo los nacionalistas, con distinto grado de intensidad, no hacen otra cosa en los últimos tiempos que ahondar la discordia pública, crispar y dejar de lado la debida atención a las verdaderas necesidades de la sociedad (a este respecto, la idea de crear una Agencia o Departamento para gestionar crisis que desbordan el marco autonómico es muy pertinente). Ahora que gobiernan los socialistas, la mayor parte de la responsabilidad de todo ello descansa sobre su tejado y nada indica que vayan a cambiar la nefasta estrategia de excluir del marco del juego político a la derecha democrática, llegando incluso atribuirle veladamente el estar detrás de los pirómanos. La cuestión es tan grave que se le ha acusado de hacer todo lo posible para que fracase la liquidación del terrorismo nacionalista vasco. Así lo dejó dicho José Blanco, si sale adelante el “proceso de paz” en el País Vasco será a pesar el PP y si fracasa la culpa corresponderá... Adivinen.
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