Tribuna/Tribuna internacional
Japón busca su lugar en el mundo tras el 11 de septiembre
Por Jordi Juste, sábado, 1 de diciembre de 2001
El 29 de octubre, el parlamento Japonés aprobó definitivamente la ley que permitirá a las llamadas Fuerzas de Auto-defensa (FAD) participar en misiones de apoyo a las acciones militares en Afganistán. Paralelamente, se aprobaron reformas legales para que las FAD puedan proteger las bases militares estadounidenses en Japón sin necesidad de que se declare el estado de emergencia.
Durante la presentación de la nueva ley, el primer ministro, Junichiro Koizumi, advirtió de que se puede producir derramamiento de sangre nipona. “No podemos combatir el terrorismo diciendo que no queremos perder a nadie. Debemos estar preparados para algunas bajas japonesas”, dijo Koizumi.
El Primer Ministro ha impulsado, con un vigor hasta ahora inédito en los gobiernos de Japón, el esfuerzo por integrar al país en la coalición internacional antiterrorista y borrar así la mala imagen creada en 1991 cuando, con motivo de la Guerra del Golfo, Tokio se limitó a pagar unos 15.000 millones de euros de la factura de la operación, pero sin aportar sus fuerzas armadas, limitadas por la Constitución, (que, ironías de la historia, fue impuesta por EEUU) al papel de defender el territorio nacional.
El nuevo papel de las FAD
La nueva legislación, que tendrá una vigencia de dos años prorrogables por un período igual, permite a las FAD desplegarse en países que den su consentimiento, siempre y cuando éstos no se encuentren en la zona de combate directo. El cometido de los militares nipones será el de proveer de munición y otros materiales por mar, prestar servicios médicos, de reparación y de comunicaciones, así como facilitar asistencia a los refugiados y participar en operaciones de búsqueda y rescate. Evidentemente, la medida, tiene el objetivo, no explícito, de apoyar la retaguardia estadounidense en países limítrofes con Afganistán. La aportación concreta dependerá posiblemente del desarrollo de la campaña militar, pero de momento parece poco probable que incluya el envío del orgullo de la marina nipona: los destructores Aegis, equipados con tecnología punta de apoyo a las operaciones aéreas.
Uno de los puntos más polémicos de la nueva legislación es la expansión de las situaciones en que las FAD pueden usar armas de fuego. Según la anterior ley el personal militar japonés sólo podía usarlas en defensa propia, mientras que ahora se establece que pueden defender a aquellos que estén a su cargo, término que incluye tanto a refugiados como a militares de otros ejércitos. Además, la ley que regía las actuaciones de las FAD limitaba sus operaciones al territorio nacional, sus aguas territoriales y el espacio aéreo en “áreas alrededor de Japón” (sin especificar), mientras que la Constitución establece, explícitamente, que Japón renuncia a la guerra como forma de resolver conflictos internacionales.
Dudas sobre la constitucionalidad
La nueva ley ha suscitado un debate sobre su constitucionalidad al tener que aceptar que las FAD vayan más allá de la mera autodefensa para proteger a personal militar y civil de otros países. En realidad, la sola existencia de las FAD ya es una clara violación de la carta magna, cuyo artículo 9 dice textualmente que Japón “no tendrá fuerzas de tierra, mar ni aire, ni otro potencial de guerra”. El origen de las FAD hay que encontrarlo en la Guerra de Corea, cuando los Estados Unidos se dieron cuenta de la imposibilidad de asumir por si solos la defensa de Japón ante una eventual invasión soviética e impulsaron la creación de unas fuerzas, en principio, sin capacidad para acometer acciones militares agresivas.
En cuanto al futuro uso de armas de fuego, el director general de la Agencia de Defensa (ministerio de defensa), Gen Nakatani, ya ha aclarado que con la nueva ley los miembros de las FAD podrán usar incluso armas antitanque en cumplimiento de las nuevas misiones encomendadas. En el pasado sólo podían usar rifles y ametralladoras para protegerse a sí mismos o a otros miembros de las FAD. Nakatani también explicó que los militares quedarán autorizados a atacar a fuerzas hostiles mientras éstas se apartan del escenario de las hostilidades para recargar.
El rol exterior de las FAD depende (además de la nueva ley antiterrorista) de la ley de operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de Naciones Unidas, que parece que va a ser revisada próximamente en el sentido de permitir una mayor flexibilidad en el uso de armas por parte de los cascos azules nipones, en consonancia con lo que establece la legislación antiterrorista.
La diplomacia de la ayuda económica
Desde el primer momento, tras los ataques del 11 de septiembre, Japón dijo que haría frente al terrorismo de forma independiente, sin embargo, la mayoría de medidas adoptadas hasta el momento no parecen más que simples servicios al líder, Estados Unidos. En la reciente cumbre de Shanghái de la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), el papel del primer ministro Koizumi fue el de mero colaborador de George Bush, citándolo repetidas veces y postulando en su favor ante el resto de mandatarios. Además, Koizumi desaprovechó la ocasión para ganar el apoyo de la APEC a su idea de celebrar en Japón una conferencia internacional para la reconstrucción de Afganistán.
Precisamente, la nueva situación internacional está poniendo a prueba la política diplomática de Tokio, que tiene en la ayuda al desarrollo (ODA) su principal arma, hecho que ha convertido a Japón en el principal donante mundial. Por desgracia, el nuevo reto ha llegado en el peor de los momentos, cuando el país estaba ya debatiendo la necesidad de recortar la ODA en un 10 por ciento para contribuir a reducir el gigantesco déficit público. Como dijo recientemente en Tokio el director del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, Mark Malloch Brown, “sería verdaderamente irónico y perverso que Japón, que ha ejercido el liderazgo hasta ahora, abandonara. Sería muy inoportuno”.
Un importante actor
Asimismo, Brown aventuró un importante papel de Japón en los futuros esfuerzos para reconstruir Afganistán. La fortaleza de Japón está en que no tiene ningún bagaje histórico en Afganistán pero, gracias a la ODA, es un actor importante en la zona: En el momento de los ataques un grupo de ingenieros japoneses estaba trabajando en la construcción de un túnel en un área montañosa cercana a Pesháwar (Pakistán), a tan sólo 70 kilómetros de la frontera afgana. Además, los trabajos de reparación de la Autopista Indus están cubiertos principalmente con créditos japoneses por valor de más de 450 millones de euros. No en vano Japón es todavía el principal donante de Pakistán, a pesar de que en 1998 se suspendió la concesión de nuevos préstamos como protesta por la realización de pruebas nucleares.
El 17 de octubre el presidente Musharraf pidió al primer ministro Koizumi la condonación de 4.500 millones de euros de deuda. La respuesta de Tokio fue decidir rápidamente la concesión de unos 45 millones de euros en ayuda de emergencia y posteriormente aprobó el levantamiento de las sanciones a Pakistán e India. Asimismo, para mantener el equilibrio, Japón aprobó el día 24 de octubre la concesión de 27 millones de euros en ayuda de emergencia a la India para que el gobierno de Nueva Delhi pusiera en marcha medidas antiterroristas. En 1999 el valor de la ayuda japonesa a la India era de 690 millones de euros y de 180 millones a Pakistán.
Sensibilidad nuclear
El reciente levantamiento de las sanciones a Pakistán e India ha puesto de manifiesto la necesidad de sopesar los objetivos diplomáticos a corto y largo plazo. Japón es el único país bombardeado con armas nucleares, hecho que le concede un rol de liderazgo simbólico en la lucha por el control de la energía atómica para uso militar, por lo que no debería desaprovechar la oportunidad para presionar conjuntamente a ambos países para que se sumen al tratado de prohibición de pruebas nucleares. El problema puede parecer fácil si se considera que la posesión de arsenales nucleares controlados por Islamabad y Nueva Delhi convierte en cero su ventaja sobre el adversario y por lo tanto debería facilitar la congelación e incluso la reversión de sus programas de armamento atómico. Sin embargo, no hay que olvidar que en la ecuación hay que incluir a Pekín, el poderoso vecino del norte, cuyos diversos litigios territoriales pendientes con la India le empujaron a hacer una “pinza” con Pakistán para atenazarla.
De modo que los intereses y la capacidad de maniobra de Tokio en la zona hay que analizarlos en relación con otros actores regionales, como Pekín y Moscú, vecinos y rivales de Japón. Además hay que tener en cuenta que las casillas del damero no se limitan al sub-continente indio: Japón es el principal donante de, además de Pakistán, Uzbekistán, Kazajstán y Kirguizistán, y el segundo, tras Alemania, de Irán. Por su parte, China está incrementando su influencia en Kazajstán, país con importantes reservas petrolíferas, mediante la compra de minas y factorías, y Rusia mantiene una alta capacidad de control sobre lo que pasa en las ex repúblicas soviéticas.
El debate político interno
El debate entre los partidos de la coalición de gobierno y la oposición ha demostrado que la distancia en cuestiones de política internacional, que en el pasado provocó encendidas discusiones y disturbios callejeros, es más corta que nunca. Hay que tener en cuenta que todos los partidos del arco parlamentario nipón menos el comunista tienen experiencia de gobierno y que en el principal partido de la oposición, el Partido Demócrata de Japón (Minshuto), tiene una gran importancia el componente de ex miembros del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD).
El Minshuto, en lugar de oponerse de entrada a la nueva legislación antiterrorista, basó su estrategia en lograr que ésta incluyera la obligatoriedad de la aprobación previa del parlamento al despliegue de las FAD. Finalmente la coalición de gobierno, formada por el PLD, el minúsculo Partido Conservador y el budista Komeito, no aceptó, por presión de este último, que introdujo en cambio la obligación del gobierno a informar al parlamento dentro de los 20 días posteriores a la decisión del despliegue.
La negativa a incluir la cláusula, impidió al Minshuto apoyar la ley, lo que la priva de una legitimidad necesaria, tratándose de un asunto que puede conllevar la pérdida de vidas humanas. La discusión sirvió además para que Koizumi pusiera a prueba la lealtad del Komeito, cuya actuación en este asunto es desconcertante desde un punto de vista ideológico: el partido es el brazo político de la secta budista más importante de Japón, Soka Gakkai, cuyo ideario pacifista y de moralización de la vida pública casa mal con las maniobras para mantenerse en el poder a toda costa.
Difíciles equilibrios
Desde la llegada de Koizumi a la jefatura del gobierno, el principal partido de la oposición, Minshuto, ha tenido dificultades para mantener una postura de control coherente sobre el ejecutivo sin convertirse en un enemigo del programa reformista del nuevo gobierno. Por otra parte, todo apunta a que Koizumi no quiere descartar la posibilidad de colaborar más estrechamente con el Minshuto, algo que se convertiría en una necesidad si comenzaran a faltarle los apoyos en las filas del PLD, especialmente si el sector mayoritario, encabezado por el ex primer ministro Hashimoto, decide presionar al popular líder para que se eche atrás en su intención de reformar la estructura clientelista del gasto público.
Si la opinión pública se mantiene dividida (a finales de septiembre un 42 por ciento de los encuestados se mostraba partidario del uso de las FAD en la campaña antiterrorista, mientras un 46 por ciento era contrario) entre los partidos parlamentarios las posturas extremas se encuentran, por una parte en los partidos comunista y socialista, que se oponen frontalmente a la expansión del rol del ejército, y por la otra en el Partido Liberal (PL), de Ichiro Ozawa, que defiende una inequívoca reforma constitucional que permita a Japón contar con unas fuerzas armadas “normales”. Esta última postura también es defendida por sectores del gubernamental PLD y algunos políticos independientes, como el nacionalista Shintaro Ishihara, gobernador de Tokio.
En una perspectiva más amplia, el gobierno trata de encontrar el equilibro entre la necesidad de responder a las llamadas para que colabore activamente con la comunidad internacional, las voces disonantes dentro del país y los temores de sus países vecinos, que advierten contra la posibilidad de que la reforma legislativa sea una puerta abierta al militarismo japonés.