Por lo que hace al proceso electoral, tal vez el debate político tenga que ser áspero, pero ya los candidatos, partidos y grupos de ciudadanos tuvieron tres meses para chocar y persuadir a los votantes de la maldad o estupidez de sus opositores y el domingo pasado se celebraron las elecciones. Mucha gente -al menos yo- necesita una tregua en este remolino de conflictos, pero el proceso electoral aún no termina: falta el desahogo de las impugnaciones, cuyo límite máximo de tiempo es el 5 de septiembre.

Algunos o muchos partidarios de Andrés Manuel López Obrador están persuadidos de que su candidato fue despojado por segunda vez de la Presidencia de la República. Los argumentos: Enrique Peña Nieto fue apoyado por Televisa, TV Azteca y la mayor parte de los medios de comunicación, su campaña recibió y gastó ilegalmente 5 mil millones de pesos por encima del límite máximo de 300 millones, y los utilizó principalmente para la compra masiva de votos.

Ignoro qué piensa López Obrador al respecto, pero aunque crea que esas presunciones son descabelladas, al menos por los montos, tiene que asumirlas e impugnar la elección, como lo ha anunciado, porque de lo contrario se podría esfumar su liderazgo y dispersar las pulsiones de violencia política. Porque AMLO representa a la izquierda, pero también a una parte intolerante de la sociedad, cuyo símbolo es Gerardo Fernández Noroña.

El debate político es saludable para la democracia y el anuncio de que las quejas se desahogarán por los cauces institucionales lo es para el Estado de Derecho, tan vapuleado desde hace mucho tiempo, en especial en los años del panismo. Lo que es un enigma es qué harán López Obrador y sus partidarios en el probable caso de que el desahogo de las impugnaciones no cambie sustancialmente los resultados de la elección presidencial.

Hace seis años, la diferencia entre el primer y segundo lugares fue inferior al uno por ciento, y aunque en la democracia se puede ganar o perder por un solo voto, se entiende que los grupos más radicales (por decirles de alguna manera) hayan optado por el plantón de Reforma y otras medidas de resistencia. Pero ahora que la diferencia es de 6.5 puntos porcentuales, ¿sería justificable encrespar más los ánimos de la sociedad?

Los 15.5 millones de ciudadanos que votaron por López Obrador tienen derecho a que se respeten sus votos, pero los 33.5 millones de ciudadanos que no votaron por él tienen el mismo derecho. Unos y otros pueden exigir a sus dirigentes que impugnen las consideran irregularidades, pero para el fallo de la Justicia Electoral depende de que presenten pruebas de validez legal.

En México existe la libertad y ese es un valor que todos debemos respetar y defender. Las marchas, los plantones y otras formas de movilización popular son formas legales de expresión política, pero no son medios válidos para presionar o coaccionar a las instituciones de justicia electoral, porque el primer requisito para que se imparta la justicia es la libertad absoluta de los juzgadores para interpretar las leyes y aplicarlas a los casos específicos que se les presentan.

El domingo pasado la izquierda se convirtió en la segunda fuerza política del país. Si cometiera el error de reeditar el 2006 perdería legitimidad y eso no beneficiaría a nadie. México necesita que su diversidad política no impida la construcción de consensos, y menos en materias que compartimos muchos millones de ciudadanos, incluidos los que votaron por López Obrador: cambiar la política económica para reactivar la producción, el empleo y el mercado interno; abatir la pobreza con programas que aseguren la movilidad social, reducir la violencia y los delitos que más lesionan a las personas y familias, como el homicidio, el secuestro y la extorsión y mejorar la calidad general de vida para romper la base social del crimen organizado.