También el lance parlamentario ha sido muy útil para que el ciudadano pueda valorar la consistencia y fundamento del proyecto del Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en lo que se refiere a la redefinición del marco de distribución del poder territorial a través de la reforma de los estatutos de autonomía, cuyo objetivo, en el que viene empleando grandes energías a lo largo de toda la legislatura, pasa por trazar una nueva planta del Estado que pueda resultar más cómoda y amable con los nacionalistas. Se trataría de alcanzar el noble fin de terminar con los roces y desconfianzas provocadas por la tan denostada hostilidad de los gobiernos populares de José María Aznar, al que se le ha atribuido con escaso fundamento (pues es ahora con Rodríguez Zapatero cuando más exigen) ser el auténtico provocador del enojo e incomodidad de los nacionalismos periféricos.

La petición de destitución en el Congreso de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, una funcionaria de una incompetencia verbenera, ha servido para esclarecer algunas cosas. El fracaso de la reprobación por tan escasos votos ha demostrado que los grupos nacionalistas aliados con sus homólogos catalanes (Bloque Nacionalista Gallego y Partido Nacionalista Vasco), que han sido decisivos en esa votación para salvar el enorme apuro del Gobierno, carecen de cualquier escrúpulo político ante su insaciable bulimia, por minúsculo que sea el bocado, ni siquiera en atención a los intereses de sus aliados de Galeuscat. Queda claro que ver en ellos, incluso entre ellos, el referente para un modelo de convivencia armoniosa en un futuro estado federal o confederal, asimétrico, o como quiera que se denomine, es pura quimera. Una buena lección: esto es lo que han dado de sí BNG, PNV (la perjudicada aquí es CiU) cuando más fácil lo tenían para ayudar a los supuestos estrechos aliados y amigos. Ni el interés general que pudiera ser común al grupo Galeuscat, ni siquiera el interés parcial táctico de mostrarse unidos frente al Estado opresor, se ha manifestado aquí, sólo un egoísmo descarnado que será correspondido con más egoísmo e indiferencia ante los problemas ajenos. Este es el resultado que ofrece el espacio de juego de las ambiciones encontradas, y de quien se presta a entrar en él (los socialistas y su plan de alianzas en las comunidades y el parlamento), que anticipa con claridad meridiana un horizonte tan poco constructivo para la vida de las comunidades como para los intereses de los ciudadanos españoles en general.

Queda clamorosamente demostrado que sólo se relacionan en función de lo que pueden sacar unos de otros, sin el menor reparo político, que no hay ni concepción ni voluntad de un verdadero proyecto que de verdad los articule en una propuesta alternativa a la del actual Estado constitucional. Es una pura alianza oportunista de comisionistas del desguace del Estado, a conveniencia de parte y sin contar con el “socio”. Este es el sentido final de los nacionalismos comunitaristas, etnicistas o culturales, a quienes los ciudadanos sólo les importan como figurantes de la Gran Representación de la Patria y de la exhibición abnegada de sus supuestos servidores, los que buscan el control del presupuesto, las dávidas y los empleos públicos. Son estos grupos, junto con CiU, cuyo líder Artur Mas abandera ahora el derecho a decidir (es decir, la autodeterminación) y ERC, que, no se olvide, negoció con ETA una tregua por separado para su territorio, con quienes se ha aliado hasta ahora y pretende volver a entenderse en el futuro el actual presidente y ya candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero para organizar la convivencia armoniosa en una España plurinacional. ¿Qué lógica tiene comprometerse en una empresa de tal magnitud con unos socios tan irresponsables como poco fiables?

Son muchos los errores que el presidente del Gobierno ha cometido en este legislatura cuya cuesta final se hace cada vez más pronunciada. Quizá el peor de todos sea el de la alianza con esos grupos particularistas insolidarios y obstruccionistas, que sólo representan a sectores minoritarios de la población a los que se les debe respecto democrático pero no deferencia por condición de una hiperlegitimidad antifranquista que no les pertenece en exclusiva y que, por lo demás, carece ya de vigencia. Hace mucho que los muertos en defensa de la democracia los ponen los sectores partidaros e instituciones defensoras del orden constitucional.

Pero el problema en lo que al presidente Rodríguez Zapatero se refiere no constituye una cuestión de oportunidad, la necesidad de apoyos parlamentarios, lo que transformaría el asunto en un problema de rango menor, sino que se refiere a la misma naturaleza de su proyecto anacrónicamente frentepopulista, sectario y excluyente respecto al amplísimo y plural abanico de población que se identifica con los valores constitucionales. Vista la calidad y disposición de los materiales con los que pretende reorganizar el entramado constitucional, unos grupos sin coordinación, carentes de proyecto de conjunto y cuyo comportamiento tribal produce el sonrojo de sus compañeros de alianza, la oportunidad está en el plan de reformas, electorales y constitucionales, que proponen tanto Unión, Progreso y Democracia como el Partido Popular.