Alguien tenía que haber calumniado a Francisco C., pues le quitaron a su niña Gemma (nombre ficticio), en la mañana del 12 de marzo del 2009, sin que hubiera hecho nada malo. Él no se lo explica: “Quizá fue algún funcionario resabiado”, sospecha.

Gemma nació en Cataluña, en diciembre del 2005, en el seno de una familia en situación de desestructuración. Después de una “retención hospitalaria”, de la niña se hicieron cargo los servicios sociales de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA), que la dieron en adopción, cuando Gemma sólo tenía seis meses de vida, a la pareja formada por Francisco C. y Carolina (nombre ficticio). “Todo iba bien, la propia Administración emitía informes favorables reprochándose a sí misma la tardanza en conceder la adopción”, sostiene Francisco C., que llevaba desde el 2000 intentando ser padre adoptivo, para lo cual incluso lo intentó en Ucrania y Moldavia.

La situación se complicó cuando Francisco C. y Carolina decidieron separarse, en pleno proceso de adopción, en el 2007 (aunque la separación oficial no llegaría hasta el 2010). “Me planteé esta disyuntiva: o esperar hasta que la niña fuera mayor e ir haciendo el paripé con mi pareja, en una relación que no llevaba a ningún sitio, o bien afrontarlo como personas maduras y hacer cada uno su vida por separado, sin perjuicio de nuestra hija, que en ningún momento se vio afectada”, considera Francisco C.

Entonces, hubo un antes y un después, cuando, el 12 de marzo del 2009, el Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) convocó a Francisco C. a una “reunión de trabajo”, a la que debía acudir acompañado de Gemma. “Recuerdo que mientras subía las escaleras del ICAA debatía con la niña sobre qué comida le daríamos a los patitos del estanque que visitaríamos ese fin de semana. Cuando llegué arriba, me esperaban en una sala cuatro personas a las que apenas conocía. Me apartaron de la niña. Y después de varias consideraciones y de una retahíla de mensajes seudomísticos sobre las bondades del sistema, me dijeron que se acabó, que no volvería a ver a Gemma y que entendían mi dolor.

Cuando yo les pregunté que por qué, me dieron largas: ‘Hemos detectado indicadores de riesgo’. Cuando les pregunté que a qué se referían con lo de indicadores de riesgo, se hicieron los tontos: ‘Hemos recibido informes internos, llamadas anónimas…”. Cuando les inquirí para que me concretaran el contenido de los informes y la finalidad de las llamadas, se excusaron y cortaron en seco: ‘Mire, la niña es nuestra, y punto’”, rememora Francisco C. “Cuando les eché en cara que así no se hacían las cosas, que la niña no era un cenicero sobre cuya posesión pudiéramos discutir, que ellos no conocían si tomaba algún medicamento, si la tortilla le gustaba poco o muy hecha, si dormía bien por las noches o le costaba conciliar el sueño, cuando les solté todo esto, y si se habían dado cuenta de que las amigas del cole la estaban esperando, se pusieron a la defensiva y me acusaron de ser mal padre. Cuando les instigué para que me dijeran en qué se basaban para hacer tal aseveración, volvieron a lo de los ‘indicadores’, y utilizaron términos inexistentes como que ella sufría de hiperadaptabilidad. Cuando busqué en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya el sentido real de este concepto, no me supieron dar ninguna respuesta.

Un especialista me confesó: ‘La Administración procede como la Inquisición, por suposiciones: Tú eres pelirroja, a la hoguera. Pues igual’. Cuando me indigné y me sofoqué porque no le veía razón alguna para que hicieran esto, mi amigo me lo puso más claro: ‘Mira, tú eres víctima del síndrome del caso Alba [la niña que quedó en estado de coma como consecuencia de una paliza, en el 2006, y que puso en evidencia la descoordinación de las administraciones]. Cuando ellos ven algo raro, cortan y no preguntan. Es lo mismo que si te cortan el brazo porque te duele la uña de la mano’. Cuando yo exigí a las señoras de aquella sala que me devolvieran a mi hija, me frenaron: ‘Usted no es su padre’, ante lo cual yo les dije que ese título no lo daba una firma o un documento o una resolución, que yo la había cuidado, le había cambiado los pañales, la había llevado al circo por primera vez, y mil cosas más, y que eso me bastaba para saber que yo sí era su padre.”

Francisco C. y Carolina, desilusionados, hundidos, atormentados, se fueron a la Fiscalia de Menors, y sus responsables “alucinaron”: “No entendían nada”. Luego llamaron a la escuela en la que estaba matriculada la pequeña: “La tutora, llorando como una magdalena, no entendía nada”. Y luego fueron al Síndic de Greuges, que se escandalizó: “Tampoco entendía nada”. El Síndic emitió un informe demoledor: “Instamos a que se revisen todos los protocolos de actuación”, poniendo en tela de juicio el buen hacer de algunos técnicos, que han amasado más poder que muchos cargos políticos. De hecho, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, escribió una carta a Francisco C. con palabras de consuelo y mostrándose comprensible con su situación personal, como si los departamentos de su Gobierno fueran entes con autonomía propia cuyos tentáculos no lograse controlar. Además, la exconsellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, le citó en el Parlament de Catalunya, y cuando la tuvo enfrente, ella le pidió perdón: “Yo he de confiar en mis técnicos, pero muchas veces no sé lo que hacen”, le confesó a Francisco C.

“Cuando me llevaron a una especie de juicio porque había intentado ver a Gemma (encontré en Google la dirección de su colegio), tres años después de que me la quitaran, la jueza me susurró: ‘Mira, la Administración actúa a veces de manera desproporcionada, y esto es un ejemplo’. Cuando, tiempo después, me reuní con el Fiscal Superior de Catalunya, reconoció que se usa un doble rasero, que hay colectivos poderosos intocables, y que las retiradas de niños, en la mayoría de los casos, se producen en familias indefensas y vulnerables”, expone Francisco C.