Durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 celebrado en Argentina,
saldado con la victoria del equipo local, la dictadura militar por aquel
entonces al frente del país, impulsó una planificada operación publicitaria para
contrarrestar la intensa “campaña antiargentina” que intentaba deslucir los
innegables, según su punto de vista, logros políticos, económicos y sociales del
gobierno. Con el fin de neutralizar la sistemática denuncia de las Madres de
Plaza de Mayo y de encubrir las pruebas del terrorismo de estado y sus brutales
consecuencias (asesinatos, desapariciones y torturas), el gobierno del general
Jorge Videla, a través de su ministro del Interior, el también general
Albano Harguindeguy, dirigió un “operativo clamor” (como se dice ahora en
Argentina), para mostrarle al mundo el respeto absoluto por los derechos humanos
imperante en el país.
Lo actuado en el Mundial tuvo su completo, y
momento de máxima superación, con la posterior campaña publicitaria montada en
torno al lema de “los argentinos somos derechos y humanos”. La campaña se inició
en vísperas de la llegada a Buenos Aires de una misión de la CIDH que traía el
mandato de investigar la horrorosa situación de los derechos humanos existente
por aquel entonces en Argentina debido al accionar de las fuerzas armadas,
policías y paramilitares. La campaña, como se supo después, fue meticulosamente
planificada y pagada con dinero público y no producto de la espontaneidad de la
ciudadanía, como se quiso hacer creer.
Lo que fue posible bajo la brutal y
sanguinaria dictadura militar de Videla, la visita de la CIDH, no es posible en
la Venezuela democrática de Hugo Chávez
Sin
embargo, lo que fue posible bajo la brutal y sanguinaria dictadura militar de
Videla, la visita de la CIDH, no es posible en la Venezuela democrática
de
Hugo Chávez. Como ha expresado sin la menor sombra de dudas
Santiago Cantón: “Es
de conocimiento público que el gobierno de Venezuela ha expresado reiteradamente
su interés en que el secretario ejecutivo, en que yo, salga de la Comisión
Interamericana”. Frente a esta situación, agregó
Cantón, “la
CIDH ha
demostrado [claramente] su independencia frente a la presión existente de
Venezuela y también de otros Estados, [y] eso ha sido algo histórico en este
sistema”. Las manifestaciones del todavía secretario ejecutivo del CIDH fueron
sumamente expresivas y fueron al fondo de los problemas que lo llevaron a tomar
su determinación: “Ojalá esto sirva para que la Comisión Interamericana pueda
viajar a Venezuela, visitar Venezuela y hacer un informe de Venezuela sobre la
situación de los derechos humanos en Venezuela, que hoy en día la Comisión no lo
puede hacer”.
El argumento del gobierno venezolano para
impedir la entrada de una comisión de la CIDH que investigue las numerosas
denuncias formuladas por vulneración de los derechos humanos se vincula más a la
forma del problema que al fondo. Según el presidente
Chávez y los
miembros de su gabinete, Venezuela no tiene nada que ocultar al respecto.
Parafraseando a la dictadura militar de
Videla se podría decir que los
venezolanos de hoy, al igual que los argentinos de entonces, también son
derechos y humanos. Según la versión oficial,
Chávez se niega a la
presencia de la CIDH, “el nido de una mafia”, para no “avalar la presencia de
golpistas”, en alusión a los sucesos de abril de 2002, cuando se vio
momentáneamente apartado del poder y al hecho de que
Cantón se dirigió al
ministro de Exterior golpista como “excelentísimo canciller”. Como dijo el
diputado venezolano
Carlos Escarrá, firme partidario del
gobierno, en clara alusión a
Cantón: “No los vamos a dejar entrar
mientras haya golpistas en su seno”.
En Venezuela, según la visión de
Escarrá, no hay presos políticos sino políticos
presos
Se da la circunstancia de que en
Venezuela, según la visión de
Escarrá, no hay presos políticos sino
políticos presos, y todos ellos por violación de las leyes, es decir, no por
delitos de opinión sino por delitos comunes. Mientras tanto, la CIDH, un
organismo que en sus más de 50 años de existencia, ha luchado de forma
sistemática, y bien, por la estricta observancia de los derechos humanos en el
continente, tiene prohibida la entrada en Venezuela. Pese a sus limitaciones,
provenientes de todos lados sus logros son innegables. Por eso no es de extrañar
que reciba numerosas denuncias por la vulneración de las libertades individuales
o el hostigamiento, la tortura y la cárcel para
quienes
discrepan de Hugo Chávez.
Las denuncias por
violación de los derechos humanos son despachadas como “mentiras” por el
gobierno bolivariano. Si así lo fueran, si todo es producto de una campaña
internacional de desprestigio del régimen, por qué esa resistencia numantina a
la presencia de observadores. La negativa a recibir en Venezuela a una comisión
de la CIDH ya dura más de ocho años. ¿Qué tiene que ocultar
Hugo Chávez?
¿Cuánto de verdad hay en las denuncias de sus opositores, generalmente
descalificados como
pitiyankys o con otros adjetivos de más grueso
calibre? Sólo si el gobierno chavista abre las puertas y las ventanas de su casa
de par en par y deja entrar a los investigadores podremos saber toda la verdad.
Mientras tanto la duda razonable seguirá instalada y los argumentos de la
oposición serán tenidos en cuenta.