Es un plazo todavía breve para que podamos visualizar meridianamente las bondades o deficiencias de la reforma. Sin embargo, hay quienes desde el principio alzaron sus voces contra una reforma que, aseguran, sólo perjudica al empleo y a los trabajadores. Se trata, evidentemente, de aquellos agentes sociales que, habiendo adquirido unas cotas de poder inimaginables en nuestro país, han caído de bruces frente a la actual y cruda realidad. Ni siquiera su capacidad de convocatoria, ni sus resortes en las miles de comisiones negociadoras de los convenios sectoriales de este país, podrán evitar que, finalmente, deban aceptar las nuevas reglas de juego, al igual que ocurre en los países de nuestro entorno. De hecho, el movimiento sindical en este país tiene una asignatura pendiente: su renovación.

Parece que la reforma tampoco ha calado en el empresariado del país, más absorto con el rigor de los tiempos que estamos viviendo y, por tanto, más enquistados en que la solución a sus problemas es la reducción de sus costes operativos, cuyo capítulo más relevante suele ser el coste de personal.

Llama profundamente la atención una encuesta publicada por la Fundación Sagardoy en la que da cuenta que “las empresas españolas no están empleando las ventajas que la normativa de la reforma laboral les facilita”. Ello se desprende de esa encuesta realizada por dicha fundación a más de 3.000 empresarios. Así, comentó el presidente de la fundación que sólo el 11 % de los entrevistados ha contratado a algún trabajador mediante la figura contractual de apoyo a los emprendedores; que sólo el 18% de las empresas está empleando la movilidad geográfica y prácticamente no alcanza al 9% las que se suman al descuelgue de su convenio.

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Dña. Fátima Báñez, también ha criticado la postura del empresariado español al no haber hecho uso de los mecanismos que ofrece la reforma laboral.

Las llamadas de atención no son en vano. Después de la reforma se esperaba una reacción activa en la búsqueda de soluciones que, no sólo los despidos, podían beneficiar al tejido empresarial. La realidad ha sido muy distinta. Tras muchos meses, el discurrir de trabajadores ante las oficinas de empleo sigue siendo incesante. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas y empresarios no hicieron bien sus deberes y no los siguen haciendo.

La reforma laboral permite actualmente adoptar medidas de flexibilidad, de control del coste laboral, de adecuación a circunstancias anómalas en la producción que nunca antes habían sido contempladas en este país. La verdad es que nunca se ha visto una batería de medidas que puede permitir a las empresas su adecuación a la situación de crisis que venimos padeciendo sin tener que abordar necesariamente extinciones de contratos como única alternativa a sus problemas.

La cuestión es por qué nuestro tejido empresarial no termina por decidirse en pro de medidas que, sin duda alguna, facilitarán este tan deseado cambio de acciones estratégicas en pro de su viabilidad.

Qué duda cabe que la principal ha sido el cuestionamiento por parte de nuestros propios Tribunales de Justicia que abiertamente se pronunciaron en contra de la reforma advirtiendo de una suerte de desobediencia judicial difícilmente entendible.

Pero es cierto también que, con el tiempo, los propios tribunales, sin ir más lejos la Audiencia Nacional, ha dado un paso adelante reconociendo la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Este es un buen comienzo y el inicio de un sendero fiable en el marco de la seguridad jurídica en materia de relaciones laborales en España.

Es preciso instar a los empresarios de este país para que, utilizando los resortes que reconoce la nueva normativa laboral, sean capaces de asumir medidas de calado en cuestiones tales como descuelgue (de empresas y/o sectoriales), modificación sustancial de condiciones de trabajo, negociación de convenios, movilidad funcional y/o geográfica… En fin, un sinnúmero de medidas que los expertos podemos aconsejar a las empresas, evitando con ello la sangría de miles de trabajadores cuyo único destino seguro es esperar durante largas horas el sello de su cartilla de desempleo.