Parte de este dinero lo ha usado para mantener a la desmesurada burocracia, para sobornar a cúpulas y aun a masas sindicales  (maestros, petroleros, etc.) que fueron pilares del sistema corporativo y hoy son un lastre que sigue cobrando o retando al Estado y lesiona a la sociedad en la lógica del secuestro y los rehenes.

Existen fuerzas, como los paramilitares de las organizaciones criminales, que retan al Estado y lo han suplantado en vastas regiones del país. Otras tienen un rostro más “político” (APPO, anarquistas) y se escudan en los derechos humanos y en la debilidad de los gobiernos, para ejercer presión a base de la violación sistemática de derechos del resto de los mexicanos: el derecho a la educación de calidad, al libre tránsito, a la integridad personal y patrimonial, etc.

En el otro extremo del abanico social, los “poderes fácticos” presionan a los gobiernos de manera más discreta pero también más efectiva, a través de “sus” legisladores, de los que sin ser suyos, les temen y de no pocos funcionarios medrosos. Por eso le hicieron fuertes “ajustes” a la reforma de las Telecomunicaciones y hay un intenso cabildeo para que no se suprima la consolidación fiscal ni se graven las ganancias de la bolsa.

¿Qué puede hacer un Estado pobre y debilitado para mejorar el ingreso, la distribución y la calidad de vida de las personas?

Lo que intenta hacer el gobierno de Peña Nieto: procurar acuerdos con las fuerzas políticas en torno a un conjunto de objetivos comunes y tratar de gestionarlos a través de las instituciones. Eso es el Pacto por México, en cuya esencia está la negociación legítima entre personas y organismos con intereses distintos y a veces opuestos. Y si algo ha perdido el sistema político desde los últimos lustros de la era priista y, sobre todo, en los 12 años de la pesadilla panista, es la capacidad de negociación.

Lo que puede hacer un gobierno es procurar acuerdos, porque somos una sociedad más heterogénea que en el siglo XX y porque la gobernabilidad democrática depende de que la mayoría ejerza su derecho pero trate honradamente de satisfacer los de las minorías, dentro del orden jurídico.

En los Estados despóticos o autoritarios, las decisiones provienen de la voluntad del gobernante y todos deben acatarla a riesgo de sufrir represión, lo que es la antítesis de la institucionalidad. En el Estado democrático, en cambio, la constitución y las leyes, la división de poderes y, en México el inacabado e imperfecto sistema federal, son esenciales.

Sin reformas a las instituciones, a través de las propias instituciones, el gobierno no tendrá suficiente dinero ni suficientes atribuciones legales para combatir la desigualdad a través del sistema tributario y de fuertes inversiones en educación, salud y energía. Sin legitimidad ni dinero, el Estado no puede someter a los poderes fácticos, desde monopolios hasta cúpulas sindicales.

Por eso hay que discutir las reformas pendientes e incluso propuestas alternativas  a las del pacto, pero hay que proponerlas, discutirlas y adecuarlas no a los prejuicios de los más fuertes, sino al equilibrio real de fuerzas políticas en el país.

Doy por supuesto que las propuestas del pacto no son plenamente satisfactorias para ninguno de los partidos, pero que en esencia recogen lo que los tres firmantes consideran prioritario. Otras fuerzas políticas pueden no estar de acuerdo con esas reformas, pero las instituciones son el espacio para debatirlas, como se ha ejemplificado en el foro sobre la reforma energética, abierto en el Senado, que en su primer día escuchó las razones de uno de los principales impugnadores a la propuesta del pacto: Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente que expropió los activos de las compañías petroleras.

Los poderes fácticos, el crimen organizado y el lumpen sindical, nunca van a discutir abiertamente; van a presionar, a ejercer la violencia y a movilizar masas de desheredados. López Obrador es un caso representativo: descalifica el foro porque lo tacha de ficticio y, por supuesto, se abstiene de participar en él. No aprendió en 2006, que su gran tropiezo en el camino a la Presidencia de la República, fue descalificar y dejar vacío su lugar en el debate televisivo. Con buenos reflejos, el PAN montó apresuradamente una campaña sucia y llevó a Calderón a Los Pinos, aunque por una diferencia estadísticamente irrelevante.

Es posible que AMLO piense que hay que cambiar las bases del sistema, pero eso no se hace desde la plaza pública, sino con las armas, y López Obrador ha dicho que la suya es una resistencia pacífica. A mí me parece que su descalificación lo margina una vez más de la política y reduce sus posibilidades de influir en la decisión que tomarán las demás fuerzas políticas.