Opinión/Editorial
La buena memoria
Por ojosdepapel, miércoles, 3 de mayo de 2006
El pasado 28 de abril el Congreso de los Diputados español aprobó, por 172 votos (del PSOE y los grupos minoritarios) frente a 131 (del PP), una proposición de ley que consagra 2006 como Año de la Memoria Histórica. En dicha proposición se dispone el “homenaje y reconocimiento” de aquellos que perdieron la vida en la Guerra Civil, los exilados y los perseguidos y reprimidos por el franquismo. Se establece que el “antecedente de la Constitución de 1978” fue la Segunda República, que la “Constitución de 1931 fue también la primera que abordó el reconocimiento de derechos sociales y económicos las bases de lo que hoy conocemos como Estado de bienestar” e, igualmente, que aquélla sentó las bases para “resolver el problema de la articulación territorial de España mediante el sistema de estatutos de Autonomía”.
Efectivamente, la Segunda República constituyó, en cuanto a experiencia histórica, el antecedente del actual sistema democrático, pues el franquismo, por su naturaleza dictatorial, no lo puede ser. Esto sería sentar una obviedad si no fuera porque el adjetivo tiene en el texto legal aprobado por el Congreso otro sentido, el de hecho previo cuya existencia explica lo posterior, es decir, la Constitución de 1978. Sin embargo, no lo fue así, al menos del todo. El régimen republicano, que tantas ilusiones despertó en la sociedad, se convirtió en un fracaso histórico en tanto en cuanto acabó en una cruentísima guerra civil.
Fue, pues, la Guerra Civil española (1936-1939), la división de los españoles a que dio lugar el conflicto bélico, lo que verdaderamente constituyó el “antecedente”, el factor que se consideró determinante a la hora de redactar y consensuar el entramado constitucional pactado en 1978. Así, los padres de la Constitución buscaron la fórmula legal para evitar el retorno de la discordia civil entre los españoles construyendo una democracia representativa que canalizara los conflictos y diera salida a los problemas que pudieran surgir en el futuro, haciendo todo lo posible por evitar la posibilidad de una nueva confrontación civil. No hubo, en modo alguno amnesia, no se ignoraron los hechos, ni la Segunda República ni la Guerra Civil ni el franquismo, al contrario, el pasado estuvo muy presente entre los líderes y fuerzas políticas que participaron en la redacción de la actual Norma Suprema.
Es cierto que se pagó un precio, que se decidió expresamente echar en olvido todo lo que supusiera un ajuste de cuentas, por legítimas y justas que fueran las reclamaciones de los represaliados respecto a la cruel y cerril dictadura franquista. Así comenzó a plantearse en los términos de la Política de Reconciliación Nacional aprobada por el Partido Comunista de España en los sesenta. También conviene recordar que esa decisión permitió la salida de la cárcel de gran número de terroristas de ETA y de otros procedentes de las filas de la extrema izquierda. Esa resolución consciente de echar en olvido contribuyó decisivamente a que el sistema pudiera dar sus primeros pasos en medio de la ofensiva del terrorismo nacionalista vasco, la ultraderecha y la amenaza golpista de determinados sectores del Ejército. Es decir, fue una determinación inteligente y adecuada, si se tiene en cuenta cómo esos obstáculos que se cernían corroboraban la idea de que había que acabar con la división cainita entre los españoles.
Con todo, lo peor de la proposición salida de la Cámara Baja es la voluntad de establecer cuál es la verdadera “memoria histórica” --concepto de por sí contradictorio en sus términos— por Ley, algo que hace sospechar con fundamento que detrás de la propuesta parlamentaria apoyada por la izquierda existe una intención política que no va tanto en dirección de recordar y homenajear a los que fueron víctimas en la contienda civil y del franquismo, y de solemnizar los valores democráticos, cuento en transformar la historia en un instrumento más de la acción política para deslegitimar a los que se consideran “herederos” del franquismo, es decir, la actual derecha democrática.
Es curioso, por contraste, que nada se reproche a los verdaderos allegados de los franquistas, muchos de ellos familiares, que se aprovecharon de las circunstancias para hacer negocios y escalar en el aparato del régimen, simplemente porque hoy en día se alinean en partidos o medios de comunicación afines a la izquierda, mientras que otros, que han arriesgado su vida diariamente en el País Vasco y el resto de España por defender la democracia frente al totalitarismo nacionalista encabezado por ETA, sean motejados de “fascistas”. Esta es una de las razones --esta vez sí que histórica-- de que tras la propuesta aprobada por el Congreso todo apeste a tergiversación y manipulación de una causa legítima y justa.