Durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 celebrado en Argentina, saldado con la victoria del equipo local, la dictadura militar por aquel entonces al frente del país, impulsó una planificada operación publicitaria para contrarrestar la intensa “campaña antiargentina” que intentaba deslucir los innegables, según su punto de vista, logros políticos, económicos y sociales del gobierno. Con el fin de neutralizar la sistemática denuncia de las Madres de Plaza de Mayo y de encubrir las pruebas del terrorismo de estado y sus brutales consecuencias (asesinatos, desapariciones y torturas), el gobierno del general Jorge Videla, a través de su ministro del Interior, el también general Albano Harguindeguy, dirigió un “operativo clamor” (como se dice ahora en Argentina), para mostrarle al mundo el respeto absoluto por los derechos humanos imperante en el país.

Lo actuado en el Mundial tuvo su completo, y momento de máxima superación, con la posterior campaña publicitaria montada en torno al lema de “los argentinos somos derechos y humanos”. La campaña se inició en vísperas de la llegada a Buenos Aires de una misión de la CIDH que traía el mandato de investigar la horrorosa situación de los derechos humanos existente por aquel entonces en Argentina debido al accionar de las fuerzas armadas, policías y paramilitares. La campaña, como se supo después, fue meticulosamente planificada y pagada con dinero público y no producto de la espontaneidad de la ciudadanía, como se quiso hacer creer.

Lo que fue posible bajo la brutal y sanguinaria dictadura militar de Videla, la visita de la CIDH, no es posible en la Venezuela democrática de Hugo Chávez

Sin embargo, lo que fue posible bajo la brutal y sanguinaria dictadura militar de Videla, la visita de la CIDH, no es posible en la Venezuela democrática de Hugo Chávez. Como ha expresado sin la menor sombra de dudas Santiago Cantón: “Es de conocimiento público que el gobierno de Venezuela ha expresado reiteradamente su interés en que el secretario ejecutivo, en que yo, salga de la Comisión Interamericana”. Frente a esta situación, agregó Cantón, “la CIDH ha demostrado [claramente] su independencia frente a la presión existente de Venezuela y también de otros Estados, [y] eso ha sido algo histórico en este sistema”. Las manifestaciones del todavía secretario ejecutivo del CIDH fueron sumamente expresivas y fueron al fondo de los problemas que lo llevaron a tomar su determinación: “Ojalá esto sirva para que la Comisión Interamericana pueda viajar a Venezuela, visitar Venezuela y hacer un informe de Venezuela sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que hoy en día la Comisión no lo puede hacer”.

El argumento del gobierno venezolano para impedir la entrada de una comisión de la CIDH que investigue las numerosas denuncias formuladas por vulneración de los derechos humanos se vincula más a la forma del problema que al fondo. Según el presidente Chávez y los miembros de su gabinete, Venezuela no tiene nada que ocultar al respecto. Parafraseando a la dictadura militar de Videla se podría decir que los venezolanos de hoy, al igual que los argentinos de entonces, también son derechos y humanos. Según la versión oficial, Chávez se niega a la presencia de la CIDH, “el nido de una mafia”, para no “avalar la presencia de golpistas”, en alusión a los sucesos de abril de 2002, cuando se vio momentáneamente apartado del poder y al hecho de que Cantón se dirigió al ministro de Exterior golpista como “excelentísimo canciller”. Como dijo el diputado venezolano Carlos Escarrá, firme partidario del gobierno, en clara alusión a Cantón: “No los vamos a dejar entrar mientras haya golpistas en su seno”.

En Venezuela, según la visión de Escarrá, no hay presos políticos sino políticos presos

Se da la circunstancia de que en Venezuela, según la visión de Escarrá, no hay presos políticos sino políticos presos, y todos ellos por violación de las leyes, es decir, no por delitos de opinión sino por delitos comunes. Mientras tanto, la CIDH, un organismo que en sus más de 50 años de existencia, ha luchado de forma sistemática, y bien, por la estricta observancia de los derechos humanos en el continente, tiene prohibida la entrada en Venezuela. Pese a sus limitaciones, provenientes de todos lados sus logros son innegables. Por eso no es de extrañar que reciba numerosas denuncias por la vulneración de las libertades individuales o el hostigamiento, la tortura y la cárcel para quienes discrepan de Hugo Chávez.

Las denuncias por violación de los derechos humanos son despachadas como “mentiras” por el gobierno bolivariano. Si así lo fueran, si todo es producto de una campaña internacional de desprestigio del régimen, por qué esa resistencia numantina a la presencia de observadores. La negativa a recibir en Venezuela a una comisión de la CIDH ya dura más de ocho años. ¿Qué tiene que ocultar Hugo Chávez? ¿Cuánto de verdad hay en las denuncias de sus opositores, generalmente descalificados como pitiyankys o con otros adjetivos de más grueso calibre? Sólo si el gobierno chavista abre las puertas y las ventanas de su casa de par en par y deja entrar a los investigadores podremos saber toda la verdad. Mientras tanto la duda razonable seguirá instalada y los argumentos de la oposición serán tenidos en cuenta.