La legislatura ha sido enormemente agitada y muy dañina para el futuro de la convivencia entre los españoles. Dos son los principales factores causantes. Por un lado, la estrategia gubernamental de marginación de la derecha democrática para aislarla y dejarla fuera del sistema extendiendo a toda España la consagración de lo que era un hecho en Cataluña con el Pacto del Tinell. Por causas de oportunidad política (creación de mayorías parlamentarias) y razones ideológicas y generacionales, lo cierto es que la nueva hornada de dirigentes del partido socialista, con la vista puesta más en el pasado (memoria histórica) que en el porvenir, exactamente lo contrario que la generación que le precedió gestionando con gran éxito la culminación del proceso de modernización español (no es extraño, pues, que apenas queden en ejercicio representantes de la misma), se han propuesto revisar la bases del gran acuerdo de la Transición democrática y han desenterrado un republicanismo histórico tan sectario como caduco y anacrónico.

El otro gran factor de desestabilización del sistema, en línea con ese revisionismo histórico y ajuste de cuentas retrospectivo, ha sido el empeño del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en apuestas tan arriesgadas y vidriosas como la negociación política con ETA y la reforma estatutaria de sello confederal, saltándose la obligada normativa y el consenso con el principal partido de la oposición para efectuar modificaciones en el entramado constitucional, con el consiguiente desbarajuste en el seno del Tribunal Constitucional, enfrentado con un engendro como el del nuevo Estatuto catalán, que respira problemas de inconstitucionalidad por los cuatro costados, empezando por la cuestión de la financiación, la imposición del catalán como única lengua oficial efectiva y la inviable relación bilateral entre Gobierno central y Generalitat.

El saldo no puede ser más negativo. Como se sabe, el Estatuto catalán está paralizado en los arrecifes del mencionado tribunal y la negociación política con ETA ha fracasado rotundamente, no, como defiende el Gobierno y sus corifeos, porque aquél haya resistido las presiones de ETA sino porque a los terroristas, que querían imponer a toda costa su programa máximo, consideraron insuficientes las cesiones políticas presentadas por los delgados gubernamentales. El balance del denominado proceso ha sido muy positivo para el nacionalismo terrorista vasco. Han dividido aún más a las fuerzas políticas constitucionales, han conseguido la legalización de dos de sus franquicias (Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca), han logrado numerosos puestos electivos en las instituciones locales y provinciales vascas (más de trescientos) y han obtenido la financiación pública (más de seis millones de euros por el momento) que sin duda contribuirá a desarrollar la actividad terrorista.

Tras el desastre en Educación (del que los padres tienen la culpa, a juicio del presidente), la inanidad de una política internacional orientada por el criterio moral del antiamericanismo y el caos de las infraestructuras (coronado con el descomunal borrón del fiasco de la llegada del AVE a Barcelona del que tanto se había alardeado), el único elemento positivo de gran alcance del Gobierno radica en la política de desarrollo de los derechos civiles y la extensión del Estado de Bienestar a amplios sectores de la población, pero desgraciadamente el davidoso comportamiento del Gabinete en su pródigo reparto del dinero público ha coincidido con la expectativa de un galopante cambio de ciclo económico que puede producir el efecto búmeran. De ser visto como un acto de distribución equitativa acorde con necesidades evidentes, en breve, ayudado por el carácter electoralista de los anuncios, el enorme despilfarro de recursos en la campaña de publicidad Gobierno de España y el sesgo populista de alguna de las medidas, puede pasar a ser considerado un puro acto de derroche que no debería haberse acometido cuando se presentía que los tiempos iban a aconsejar que el Estado se apretara el cinturón.

En este orden de cosas, el presidente del Gobierno ha afirmado que si vence en las elecciones con mayoría insuficiente sus planes pasan por contar con el respaldo de las minorías nacionalistas, es decir, el vasco PNV y la coalición catalana CiU, porque “interesa al conjunto del país” (La Vanguardia, 29-12-2007), como si esta ocurrencia pudiera interesar por sí misma a algunos de esos partidos. En cualquier caso, por lo que parece piensa pasar de apoyarse en los grupos más radicales, los ultras de ERC y el Bloque gallego, junto con los paleocomunistas de IU, a hacerlo sobre los moderados de PNV y CiU.

Lo malo es que, después de que los socialistas reprocharan a Aznar el haber excitado el extremismo de los nacionalistas, hoy más que nunca, tras cuatro años de gobierno del PSOE, estos grupos se encuentran más radicalizados que en otro momento. El Gobierno vasco, integrado por el tripartito PNV, EA y EB (la IU vasca), con el lehendakari Ibarreche a la cabeza, ya ha convocado un referéndum (para el 25 de octubre de 2008) que abre definitivamente el cauce hacia la secesión, además de oponerse frontalmente a la condena por la Audiencia Nacional, leída el 19 de diciembre de 2007, de la trama civil de ETA (sumario 18/98). Poco a poco las máscaras van cayendo. Y por si esos dos hechos tan significativos no fueran suficientes, sobresale el dato de la renuncia de Josu Jon Imaz a la presidencia del PNV, quien representaba la línea moderada y se había enfrentado a las pretensiones de ETA durante las negociaciones de paz. Se está, pues, ante la versión del PNV más extremista, que olvida definitivamente a las víctimas del terror como un obstáculo molesto y la solemne proclamación del fin necesario de la violencia terrorista como condición imprescindible para llevar a término sus objetivos soberanistas (es decir, la independencia), recuperando en todo su esplendor la herencia política y doctrinal de su fundador, el político racista y xenófobo Sabino Arana Goiri.

Por si faltara algún detalle, no hace demasiado tiempo, el partido Convergencia Democrática de Cataluña, que forma parte con Unión Democrática de Cataluña, y es con mucho la organización más poderosa de la coalición CiU, anunció solemnemente su definitiva vocación independentista (“derecho a decidir”) a los cuatro vientos. Los tratos de Artur Mas, es decir de Convergencia, con Rodríguez Zapatero, si se comparan con los de la etapa de Aznar, no dejan en buen lugar al actual presidente en lo que se refiere a la moderación de los nacionalistas catalanes, que llegan al extremo de pedir la independencia porque los trenes de Barcelona no funcionan o son impuntuales por la gestión de la ministra de Fomento, cuestión muy grave en sí misma pero tan irrelevante políticamente de cara a exigir el “derecho a decidir” como el de la cuestión de la calidad de las aguas de los embalses catalanes.

En fin, con estos mimbres pretende construir José Luis Rodríguez Zapatero su futuro cesto político, es decir, con dos organizaciones que pretenden descarnadamente la independencia y lo apuestan todo a la carta de construir sus nacioncitas. Es obvio que no actuarán de otra forma que socavando las competencias del Estado, cualquiera que sea el tipo de negociación que ultimen. Quienes piensen que la otra alternativa es igual de nefasta, que un PP en minoría haga lo mismo, olvidan la propuesta alternativa que exhibe el partido Unión Progreso y Democracia desde su fundación, la de la reforma electoral para que los partidos nacionalistas, sin perder representatividad, no puedan determinar los deseos y aspiraciones del 80 por ciento de los españoles.

Cada vez gravita o se impone en más sectores, profesores, políticos, intelectuales, analistas, ciudadanos de a pie...,  la idea de que todo pasa en la política española por las reformas de la Ley Electoral y de la Constitución y que para ello, si no se produce una agradable sorpresa electoral con Unión, Porgreso y Democracia, la coalición de gobierno entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, será una necesidad cada vez más acuciante ante la política de hechos consumados que persiguen los nacionalistas volcados en su afán independentista.