Sin embargo, lo que no es tan obvio son las dimensiones precisas que ese malestar alcanza. A los economistas nos gusta medir los fenómenos sociales estableciendo indicadores cuantitativos de éstos a fin conocer su evolución temporal y de poder comparar unas sociedades con otras. Y esto es lo que podemos hacer ahora, con relación al malestar, a partir de los datos que, año a año, publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) como resultado de su Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Para empezar, la ECV indaga acerca de los ingresos que se obtienen en los hogares. Las cifras correspondientes señalan la progresión que experimentó esta variable durante la ola de prosperidad y su abatimiento con la crisis. Los españoles, por término medio, obtuvimos 7.618 euros por persona en 2003, incrementamos esa cifra hasta 9.865 euros en 2008 y vimos cómo caía a 9.627 euros un año más tarde. Ahora bien, si a esos números les descontamos el efecto de la inflación, las cosas son diferentes. En este caso, los máximos ingresos —expresados en euros con la capacidad adquisitiva de 2003— se lograron en el año 2007, el último de la prosperidad pasada, llegando hasta 8.465; y desde entonces todo han sido retrocesos, con un último registro de 8.183 euros en 2009.

Dado que la ECV comprende el período en el que ha gobernado el presidente Rodríguez Zapatero, a partir de las cifras precedentes podríamos decir que, con la política socialista, durante la etapa de prosperidad los españoles mejoramos un 11,1 por 100 en cuanto a nuestros ingresos reales, pero que, con la crisis, hemos cedido un tercio de esa ganancia, de manera que hoy sólo somos un 7,4 por 100 más ricos que en 2003. Esto último, mirado de otra manera, señala que la crisis nos ha hecho retroceder al nivel de ingresos medios del año 2006. De ahí la sensación generalizada —cuyo fundamento es evidentemente real— de que vamos perdiendo capacidad económica.

Hay un malestar creciente entre los españoles y, aunque la proporción de los que lo experimentan directamente haya aumentado con relativa moderación, ello no se oculta a los demás, de manera que es una mayoría la que observa con inquietud el deterioro económico y se pregunta cuál será el momento en el que puede llegarle el turno de experimentar sus estragos

Esta reducción en los ingresos medios de los españoles tiene su correlato en otros indicadores expresivos de las dificultades económicas que son causantes de la extensión del malestar. Así, la ECV señala que la proporción de los hogares que carecen de recursos suficientes como para permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos durante una semana ha aumentado bruscamente. En el año 2004, el primero de la encuesta, esa proporción alcanzaba al 43,9 por 100; pero después, al hilo de la prosperidad, fue bajando hasta llegar al 33,5 por 100 en 2008. En 2010 ha vuelto a aumentar seis puntos porcentuales para situarse en el 39,7 por 100, una cifra ésta casi igual a la de 2005, lo que denota el retroceso de un quinquenio en este indicador. Y lo mismo se puede decir de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. La correspondiente proporción bajó dese el 39,3 al 28,1 por 100 entre 2004 y 2008; pero con la crisis ha acabado en el 36,7 por 100 en 2010.

Otro indicador interesante es el que alude a los hogares que declaran tener serias dificultades para llegar a fin de mes. En 2004 eran el 28,3 por 100 del total y esta proporción se mantuvo, con algunos altibajos, bastante estable hasta el cierre de la etapa de prosperidad. En los dos últimos años, con la crisis, se ha ampliado hasta el 30,4 por 100. Y una dinámica similar a la anterior es la que muestra la cifra de los hogares en los que hay retrasos a la hora de pagar los gastos relacionados con la vivienda principal. En el año inicial de la ECV eran el 6 por 100 del total, pero al año siguiente cayeron hasta el 4,7 por 100. Desde entonces hasta 2008 fue ampliándose un poco esta proporción, llegando al 5,4 por 100. Pero con la crisis el aumento ha sido muy considerable y, en 2010, ya eran el 7,7 por 100.

En resumen, los indicadores de que disponemos señalan con nitidez que, en paralelo con el deterioro de los ingresos que ha provocado la crisis, se ha ido incrementando la proporción de los hogares que pasan dificultades o que no pueden acceder a los bienes y servicios que mejor expresan el bienestar. Hay un malestar creciente entre los españoles y, aunque la proporción de los que lo experimentan directamente haya aumentado con relativa moderación, ello no se oculta a los demás, de manera que es una mayoría la que observa con inquietud el deterioro económico y se pregunta cuál será el momento en el que puede llegarle el turno de experimentar sus estragos.

La realidad es que no ha habido en todo este tiempo ninguna actuación de política económica orientada hacia el aumento de la igualdad

Crisis y malestar son dos fenómenos interrelacionados. Pero, en nuestro caso, hay un tercer aspecto que entra en el juego del deterioro de la economía. Me refiero a la desigualdad en la distribución de la renta. Este concepto hace referencia al grado de equidad con el que se reparten entre los individuos los frutos del desarrollo económico; un grado de equidad que no sólo depende de factores económicos —esencialmente los que aluden a la retribución del trabajo y del capital— sino que también se ve influido por los resultados de las políticas de igualdad que desarrollan los gobiernos. Estas últimas son muy relevantes y ese es el motivo por el cual las crisis económicas no tienen que resolverse necesariamente en una reducción de la equidad o, si se prefiere, en un aumento de la desigualdad entre ricos y pobres. De hecho, en España, durante la anterior crisis económica —la que se desencadenó a raíz de la subida de los precios del petróleo en 1973 y se extendió hasta mediados de la década de los ochenta— se produjo un intenso proceso de reducción de las desigualdades, paralelo a la ampliación de las funciones redistributivas del Estado. Estas últimas fueron la consecuencia de un intenso programa de mejoras en la cobertura de la Seguridad Social, de ampliación de las pensiones públicas y de reforma en la fiscalidad directa que impulsaron los gobiernos de la derecha artífices de la transición a la democracia bajo el mandato de Adolfo Suárez, y que completaron desde 1982, aunque por pocos años, los gobiernos socialistas presididos por Felipe González.

La tanta veces mencionada Encuesta de Condiciones de Vida también investiga acerca de la distribución y proporciona dos indicadores del nivel de equidad. El primero es el índice de Gini que nos señala en qué medida el reparto personal de la renta se aleja de la máxima equidad —es decir, de aquella situación hipotética en la que todos los individuos obtienen la misma renta—. El índice se sitúa por ello dentro de un intervalo de valores que va desde cero —correspondiente a la perfecta equidistribución— hasta cien —expresivo de la máxima concentración en la que un solo individuo acapara todas las rentas—. Los valores publicados por la ECV muestran una progresión al alza durante el período en el que ha gobernado Zapatero. Así, comenzó con un valor de 30,7 en 2004, se incrementó en cinco décimas hasta 2009 (31,2) y ha acabado situándose en 32,3 en el año 2009. Es claro, por tanto, que se ha producido un aumento de la desigualdad y que ese aumento ha tenido lugar, principalmente, durante la crisis.

Veamos la otra medida de la equidad. Se trata del cociente entre las rentas que acumulan el veinte por ciento de las personas más ricas e igual proporción de las más pobres. Este indicador arrancó en 2004 señalando que los primeros tenían una renta 5,1 veces superior a la de los segundos; en 2008 el cociente ya se había elevado hasta 5,4; y transcurrido un solo año, en 2009, se quedó en un valor de 6,0. Por cierto que esta diferencia entre ricos y pobres es la misma que la que diferentes fuentes señalan para la primera mitad de los años noventa. No es que se hubiera avanzado mucho en cuanto a la equidad desde entonces, pero lo que resulta claro es que los escasos logros que en esta materia se pueden achacar a las políticas desarrolladas por los Gobiernos del PP, presididos por José María Aznar, han desaparecido en virtud de la gestión desarrollada por el presidente Rodríguez Zapatero.

He señalado antes que la equidad en la distribución de la renta depende crucialmente de las políticas redistributivas que llevan a cabo los gobiernos. Esas políticas han sido, en el caso de Zapatero, prácticamente inexistentes, aunque el presidente no haya perdido ocasión para proclamar sus preocupaciones sociales y su firme voluntad de afrontar la crisis sin mermar para nada los recursos e instrumentos de que dispone el Estado para hacerles frente. Pura retórica. La realidad es que, como destaqué en estas mismas páginas hace ya más de un año, no ha habido en todo este tiempo ninguna actuación de política económica orientada hacia el aumento de la igualdad. Y es de temer que después de los recortes presupuestarios de la pasada primavera, de la congelación de las pensiones, de la reducción de los sueldos a los empleados públicos y de la contrarreforma de la fiscalidad directa, la equidad sufra un embate aún mayor. Pero para saberlo tendremos que esperar a que, dentro de un año, los estadísticos del INE puedan medirlo.