Por otra parte, algunos estudios han indagado en los efectos del terrorismo
por comparación con los que se derivan de otros tipos de violencia política como
las guerras internacionales y los conflictos armados de carácter interno. Un
interesante trabajo de los profesores Brock Blomberg y Gregory Hess, del
Claremont McKenna College, y Athanasios Orphanides, de la Reserva Federal
norteamericana, concluyó que «la incidencia del terrorismo puede tener un efecto
negativo significativo sobre el crecimiento económico, aunque ese efecto es
considerablemente más pequeño y menos persistente que el asociado con cualquiera
de las guerras externas o conflictos internos». Estos mismos autores destacaron,
a partir de un examen referido a 177 países a lo largo de un período superior a
tres décadas, que los ataques terroristas de carácter internacional son bastante
más frecuentes en los países de mayor nivel de renta per capita que en los
países menos
adelantados, aunque, paradójicamente, en estos últimos «la
influencia negativa de los incidentes terroristas en el crecimiento económico
parece más significativa».
En el terreno comparativo también debe
resaltarse el hallazgo de Khusrav Gaibulloev y Todd Sandler acerca de la
diferente
incidencia del terrorismo internacional y del local en los
países de Europa occidental, de manera que el primero es mucho más dañino que el
segundo y, así, mientras que el aumento de un atentado por cada millón de
habitantes, atribuible a una organización terrorista internacional, provoca una
reducción de 0,45 puntos porcentuales en el PIB, la misma variación, en el caso
de las organizaciones terroristas internas, conduce a una pérdida de PIB tres
veces menor, de sólo 0,17 puntos porcentuales.
Desde la perspectiva del análisis
económico, el esfuerzo que conjuntamente realizan el Estado y el Gobierno Vasco
para combatir el terrorismo etarra se justifica por unas ganancias de bienestar
que superan claramente su coste
Esto últimos
resultados nos pueden servir para valorar la incidencia macroeconómica que han
tenido las
políticas
antiterroristas en España y, a partir de ahí, para establecer el
balance coste–beneficio correspondiente. La pregunta que me planteo es la
siguiente: ¿merece la pena dedicar recursos al desarrollo de las políticas de
prevención y represión del terrorismo desde el punto de vista de las mejoras que
puede experimentar la economía del país con ellas?
En el caso del
terrorismo
doméstico sabemos que a lo largo de la última década se ha producido
una caída bien perceptible en el número de atentados cometidos por ETA. El siglo
XXI arrancó con una importante ofensiva terrorista que perdió fuelle desde 2003,
aunque, tras la frustrada negociación política que llevó el gobierno de
Rodríguez Zapatero
con esa organización terrorista, se rehizo, bien es verdad que con
un nivel inferior en cuanto a sus resultados, de manera que descendió el número
de acciones violentas y también el de sus víctimas. En términos promedio, los
terroristas de ETA pasaron de cometer 44,2 atentados anuales entre los años 2000
y 2004 —lo que supone una tasa de 1,07 por millón de habitantes— a 23,8 anuales
en el quinquenio 2005–2009 —con lo que la tasa por millón de habitantes se
redujo hasta 0,53—. Pues bien, si tenemos en cuenta los resultados de Gaibulloev
y Sandler antes mencionados, esto significa que la economía española pudo
experimentar una ganancia anual de 0,092 puntos porcentuales en su PIB como
consecuencia del freno que la política antiterrorista puso a las acciones de ETA
entre la primera y la segunda mitad del decenio. Esta ganancia equivale a 879,2
millones de euros al año, lo que, por comparación con el coste de la referida
política —que es, conforme a las
estimaciones
que he publicado en otro lugar, expresadas en euros actuales, de
587,9 millones de euros anuales—, arroja un balance positivo de 291,3 millones
de euros. Digámoslo de otra manera, desde la perspectiva del análisis económico,
el esfuerzo que conjuntamente realizan el Estado y el Gobierno Vasco para
combatir el terrorismo etarra se justifica por unas ganancias de bienestar que
superan claramente su coste.
La macroeconomía del terrorismo nos
proporciona, a través de sus estimaciones econométricas, una herramienta muy
precisa para comprender que merece la pena asignar recursos a la prevención y
represión de su violencia política
Vayamos
ahora con el terrorismo yihadista o islámico que, como es de todos sabido,
produjo el 11 de marzo de 2004 los atentados de mayor gravedad que se han vivido
en España. Afortunadamente, después de aquellos acontecimientos, no han vuelto a
repetirse las acciones violentas de este carácter internacional, lo que no
significa que no hayan sido preparadas por algunas células desmanteladas antes
de su ejecución. En ello ha jugado un papel fundamental el desarrollo por el
Ministerio del Interior de una actuación específica en este campo, con la
formación de unidades especializadas en él. Además, ha habido una atención al
asunto en los Ministerios de Defensa y Justicia, así como en las
Administraciones regional y local de Madrid, y en las empresas públicas de
transporte, tal como han estudiado con detalle Aurelia Valiño y Joost Heijs en
uno de los capítulos de
The
Economic Repercussions of Terrorism, libro
que he editado este mismo año en Oxford University Press junto con Thomas
Baumert.
Pues bien, si tenemos en cuenta que hemos pasado de 0,117
acciones terroristas internacionales por millón de habitantes en 2004, a ninguna
posteriormente, siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado con relación
al terrorismo de ETA, llegamos a la conclusión de que la reducción de aquella
violencia ha podido repercutir en una ganancia de 0,052 puntos porcentuales del
PIB anual. Tal mejora equivale a 498,7 millones de euros; una cifra ésta que
resulta sólo un poco superior a la de 488,5 millones anuales en la que los
profesores Valiño y Heijs valoran los costes de la política destinada a prevenir
y combatir este tipo de terrorismo. Por consiguiente, también en este caso,
aunque de una manera más ajustada, se puede afirmar que el análisis
coste–beneficio proporciona una justificación de los gastos en los que ha
incurrido el Estado para tratar de librar a la sociedad española de la zozobra
del terrorismo yihadista internacional.
En resumen, la macroeconomía del
terrorismo, además de advertirnos acerca de las nada irrelevantes pérdidas que,
en cuanto al crecimiento del PIB, pueden ocasionar los atentados sistemáticos de
las organizaciones terroristas, nos proporciona, a través de sus estimaciones
econométricas, una herramienta muy precisa para comprender que merece la pena
asignar recursos a la prevención y represión de su violencia política.
Naturalmente, esta perspectiva hemos de considerarla complementaria a otras,
como la de la política, que apoya la acción antiterrorista en la preservación
del
orden
democrático–constitucional, y la de la moral, que lo hace en la
reclamación de
justicia para con
sus víctimas.