Pues bien, apenas transcurridos tres meses desde el evento electoral, los signos de que el terrorismo etarra podía entrar en una nueva fase se han ido evidenciando con claridad. Por una parte, ETA logró un respiro en cuanto a su apartamiento de la vida política con la incomprensible decisión del Tribunal Constitucional de permitir su presencia en las elecciones europeas de junio por medio de Iniciativa Internacionalista. Por otra, en el seno de sus bases se habían encontrado algunos resquicios para reactivar las acciones de propaganda en torno al asunto del la construcción del tramo ferroviario de alta velocidad y, más tardíamente, de la reclamación de una nueva negociación con el Estado. Además, en el medio carcelario empezaba a cundir la impaciencia y el desánimo, dando lugar a algunas deserciones alimentadas desde el Ministerio del Interior. A su vez, los portavoces de ETA informaron de un debate interno en el seno de la organización cuya resolución final se daría a conocer antes de la llegada del verano. El atentado contra Eduardo Puelles ha sido esa respuesta: ETA impulsa un nuevo ciclo de violencia con el que busca reanimar a sus bases haciendo palpable su presencia, a la vez que trata de presionar al Gobierno para abrir una nueva negociación política.

Estos acontecimientos señalan que, tras la ruptura de la última tregua, ETA, aunque haya podido estar debilitada, no por ello ha sucumbido a la imposibilidad de la acción y, menos aún, haya sido puesta en el borde de la derrota. Florencio Domínguez —periodista e investigador a quien debemos algunas de las mejores páginas de análisis sobre el terrorismo nacionalista vasco— en un excelente artículo publicado por El Correo, ha destacado que en los tres años que siguieron a la tregua auspiciada por el pacto de Lizarra, ETA cometió 43 crímenes, mientras que en un período similar tras la negociación con Zapatero sólo ha podido asesinar a siete personas. Estas cifras son un signo de las dificultades que ha encontrado para ejercer la violencia, pero no una expresión de su derrota. Por ello, añade Domínguez, «la mayoría de los miembros de la banda, en ese debate virtual interminable que vienen manteniendo desde que rompieron la tregua, han decidido continuar con el terrorismo … con la esperanza de que su situación mejore con el tiempo».

Convengamos, entonces, que ETA no está derrotada a pesar del importante esfuerzo policial y judicial que se ha desplegado para perseguir a sus miembros y desmantelar su capacidad material para cometer atentados. Es entonces cuando podemos preguntarnos si ese esfuerzo ha sido todo el que el Estado podía ejercitar o si más bien, por el contrario, la acción del Gobierno se autolimitó por razones políticas dejando desactivados algunos elementos importantes de la política antiterrorista. Desde mi punto de vista, la respuesta a esta cuestión se inclina por esta segunda posibilidad. Las razones de ello son las siguientes: 

• En primer lugar, es evidente que Rodríguez Zapatero no ha querido entrar en el fondo del debate ideológico que subyace al terrorismo, un debate que le hubiera llevado a rechazar radicalmente la tesis nacionalista del conflicto político y, con ello, a una confrontación extrema con todos los partidos nacionalistas, incluidos los que desarrollan su acción fuera del País Vasco. Y no lo ha querido porque su propia debilidad parlamentaria le impide romper los lazos que le vinculan con unas fuerzas políticas cuyo apoyo necesita para sostenerse en el poder. Curiosamente, en este aspecto, ha encontrado el sordo apoyo del Partido Popular por idénticos motivos, pues los resultados electorales señalan que éste sólo será capaz de articular una alternativa al socialismo en el conjunto de España con el apoyo nacionalista.
• Por otro lado y en conexión con lo anterior, resulta clara la negativa del Gobierno de Zapatero a entrar en la confrontación con ETA dentro del plano político–institucional. Las reiteradas demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de los foros cívicos para que se proceda a la disolución de los Ayuntamientos gobernados por ANV, han sido, por ello, desatendidas e incluso descalificadas por medio de una confusa alegación a que la Ley de Régimen Local lo impide, cuando justamente el artículo que se reformó en su día para favorecer esa disolución responde al supuesto del apoyo municipal a las organizaciones terroristas. Y también en este caso el Gobierno se ve respaldado por el PP, cuyo dirigente regional vasco, Antonio Basagoiti, echando balones fuera, ha declarado recientemente que su partido apoyará un cambio en la citada Ley para que, después de las elecciones municipales de 2011, no pueda darse la participación de un partido vinculado al terrorismo en las corporaciones locales.
• En tercer lugar, no se ha afrontado seriamente el problema de la canalización de los recursos presupuestarios de las Administraciones Públicas hacia las organizaciones encuadradas dentro del entramado terrorista. Esta fuente de recursos para la financiación del terrorismo ha sido, y aún es, muy importante, aunque, con el desalojo parcial de los representantes políticos de ETA en las instituciones, esté en retroceso. El Gobierno del lehendakari López ha dado algunos pasos para evitar que, desde el presupuesto de la Comunidad Autónoma, se financie a esas organizaciones, pero se ha limitado básicamente a la cuestión de la subvención de los familiares de los reclusos de ETA, sin entrar en los programas referidos a actividades culturales, lingüísticas o de cooperación internacional de los que se han nutrido tradicionalmente el referido entramado. Y, del mismo modo, apenas se han anotado actuaciones para evitar que, desde las Corporaciones Locales, se financie ese tipo de organizaciones, revestidas muchas veces del papel de animadoras en las fiestas municipales.
• La cuestión de la financiación del terrorismo es más amplia y compleja que lo señalado en el punto anterior. El Gobierno español no se está dando ninguna prisa para introducir en el Código Penal el delito de financiación del terrorismo, a pesar de que está obligado a ello por sus compromisos internacionales, en especial por las directivas europeas que abordan este asunto. Y tampoco ha tomado medidas para mejorar los medios materiales y personales que se requieren para investigar las operaciones de financiación de las organizaciones terroristas. No sorprende, por ello, que en la Audiencia Nacional dormite desde hace más de una década un sumario referido a la extorsión que apenas ha dado frutos y que la mayor parte de quienes han tenido la responsabilidad de allegar recursos económicos a ETA hayan salido penalmente indemnes.
• Otro aspecto relevante de la política antiterrorista en el que se experimentó un enorme retroceso con ocasión de la negociación entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ETA, es el que alude al reconocimiento social a las víctimas del terrorismo. Las asociaciones de víctimas —que, en aquel período, adquirieron un inusitado protagonismo por su oposición a las pretensiones gubernamentales en demanda de justicia— han sido relegadas tanto por el Gobierno como por el principal partido de la oposición. Y, con ello, siguen desatendidas las demandas de revisión de la vieja Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo que se ha quedado obsoleta en una buena parte de su contenido y sobre la que se ha demandado una ampliación de éste. Los medios de comunicación, con muy pocas excepciones, han hecho seguidismo de la sordina puesta por el PSOE y el PP a las víctimas del terrorismo, lo que ha impedido el debate social acerca de la política antiterrorista.
• Y, finalmente, como corolario de lo anterior, se ha producido un enorme retroceso de la movilización de la sociedad civil contra el terrorismo. Las concentraciones y manifestaciones convocadas con ocasión del asesinato de Eduardo Puelles —incluida la de Bilbao, que, aunque concurrida, no lo fue tanto como en otras ocasiones— son una buena muestra de ello. Pero no se puede olvidar que esa movilización es esencial para dar legitimación al combate contra el terrorismo y que, sin ella, seguramente las posibilidades que tiene cualquier gobierno para perfeccionar el soporte legal de la lucha antiterrorista o para mantener posiciones firmes frente al embate del nacionalismo, son muy limitadas.

En apretada síntesis, por consiguiente, parece que se puede sostener que la política de Rodríguez Zapatero con respecto a ETA, basada en una eficaz actuación policial contra los comandos terroristas, pero carente de elementos ideológicos, institucionales y económicos, desvinculada asimismo de las asociaciones de víctimas y deliberadamente desmovilizadora de la sociedad civil, no ha sido capaz de llegar al acorralamiento definitivo de la organización terrorista. El final del terrorismo ni siquiera se vislumbra, al contrario de lo que ocurrió en los meses finales del año 2003 durante el último Gobierno Aznar; y ETA parece haber reemprendido un nuevo ciclo de violencia.