Además, del nivel educativo depende también el nivel tecnológico del sistema productivo. Las tecnologías no son sino conocimiento acumulado en las formas y métodos de producción que se incorpora a las rutinas de las empresas, a su manera de abordar las soluciones técnicas a los problemas productivos, y también a los bienes y servicios que se obtienen. El input educativo de las tecnologías que se desarrollan internamente en el mundo industrial o cuyo logro se obtiene en cooperación con el mundo académico, es muy relevante. El desarrollo tecnológico requiere el empleo de científicos e ingenieros entrenados en la búsqueda de soluciones a problemas complejos de carácter concreto, asociado a un producto o un sistema productivo. Requiere también el entrenamiento de los trabajadores en el empleo de la tecnología, en su comprensión, en su comportamiento. Y lo mismo ocurre si las tecnologías, en vez de ser desarrolladas por quienes las van a emplear, son adquiridas a otros, muchas veces a empresas extranjeras, bajo la forma de máquinas, patentes, planos o asistencia técnica. También la tecnología importada requiere aprendizaje, comprensión, lo que sólo será viable si se cuenta con la base de conocimientos previa que la haga asimilable.

Por tanto, afirmar que la educación forma parte del núcleo de problemas esenciales de cualquier nación, no constituye ninguna exageración: resolver los problemas educativos es, seguramente, una de las mejores formas de contribuir al desarrollo económico y, con él, al bienestar de los ciudadanos.

En España adolecemos de unos bajos niveles de productividad en términos comparativos con los países más desarrollados. De ellos se deriva una capacidad disminuida para competir en los mercados internacionales, lo que acaba traduciéndose en fuertes desequilibrios exteriores: las importaciones exceden con mucho a las exportaciones y ello nos obliga a recurrir al ahorro exterior para poder financiarlos. La baja productividad se corresponde con un también bajo nivel relativo de capital humano y, así, mientras nuestra población en edad de trabajar ha pasado, en promedio, 9,4 años dentro del sistema educativo, la de Estados Unidos cuenta con 13,2 años de escolarización. La media de la Unión Europea está en 11,4 años de estudios. Se trata de diferencias apreciables que, a pesar del esfuerzo realizado por los españoles durante las últimas décadas, no ha logrado acortarse de una manera apreciable, pues los otros países siguen compitiendo en la carrera por lograr una mejor formación. Los estudios que, sobre esto, han realizado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas lo dejan claro.

No se trata sólo de que la población española tenga menos años de escolarización, sino que también hay que tener en cuenta que, sobre todo en los últimos años, la calidad de la educación en España ha ido disminuyendo de una manera alarmante

Pero no se trata sólo de que la población española tenga menos años de escolarización, sino que también hay que tener en cuenta que, sobre todo en los últimos años, la calidad de la educación en España ha ido disminuyendo de una manera alarmante. Es conocido el aumento del fracaso escolar, de manera que el porcentaje de los jóvenes que no han completado la enseñanza secundaria obligatoria —el 31 por 100 en 2007— duplica el promedio europeo. También se han difundido mucho los resultados del Informe PISA que realiza la OCDE en el que se comparan las puntuaciones obtenidas por los alumnos de 15 años, en 57 países de todos los continentes, en ciencias, matemáticas y lectura. Un informe que revela que, en España, los conocimientos adquiridos están claramente por debajo del promedio de los países más desarrollados; y que, además, en nuestro país cunde la mediocridad, de manera que nuestra elite escolar —la formada por los estudiantes más aventajados— es muy estrecha. Sin embargo, son menos conocidos otros aspectos como el hecho de que una mayoría de los profesores —según una encuesta dirigida por el conocido impulsor de la LOGSE, Álvaro Marchesi— consideran que ha habido un empeoramiento en el nivel de conocimientos de sus alumnos. O también que, según un estudio patrocinado por la Fundación Bofill, una de las variables que inciden sobre el bajo nivel de conocimientos de los estudiantes en Cataluña es la lengua materna, de forma que los castellanohablantes obtienen puntuaciones significativamente más reducidas que los catalanoparlantes. Y añadamos a todo ello que, como ha mostrado en un trabajo reciente el profesor Rafael Doménech, existe una relación positiva entre los años de escolarización de la población adulta y el rendimiento educativo de los escolares de quince años.

Estos son los principales problemas que ha de abordar la política educativa. En mi opinión, ésta, para reformularse correctamente, debería partir de la aceptación por los diferentes actores políticos y sociales de la idea de que la escuela no debe ser el escenario de las confrontaciones ideológicas, sean de carácter religioso, moral o político. Tampoco debe estar sujeta al interés de los poderes locales, sean o no de carácter nacionalista, ni menos aún al de los grupos económicos interesados en la contraposición entre la enseñanza pública y la privada. Y para que esto sea así, no cabe duda de que el único modelo viable es aquél en el que el Estado ostenta las principales competencias que dan lugar al diseño y la regulación del sistema educativo, el control e inspección de los centros de enseñanza y también el del ajuste de los contenidos de los textos escolares a los programas docentes establecidos. Ello supondría, con respecto a la situación actual, una recentralización de las competencias educativas de las Administraciones Públicas, quedando para las Comunidades autónomas la simple ejecución de la política educativa del Estado.

El mayor esfuerzo ha de hacerse en la educación infantil y en la educación primaria, pues es en estos niveles iniciales en donde se gesta el fracaso escolar que se manifiesta, años más tarde, entre los alumnos de secundaria

Esa política tendría que incrementar sus recursos financieros, aunque en esto el esfuerzo a realizar no tiene por qué ser excesivo, pues los niveles de gasto educativo actuales se encuentran próximos al promedio europeo. El mayor esfuerzo ha de hacerse en la educación infantil y en la educación primaria, pues es en estos niveles iniciales en donde se gesta el fracaso escolar que se manifiesta, años más tarde, entre los alumnos de secundaria. España debe mejorar su actuación educativa entre los niños que se incorporan a la escuela —especialmente, entre los que provienen de las clases más desfavorecidas económicamente, o de las familias desestructuradas— durante los primeros años de su andadura.

Además, parece conveniente el rediseño del sistema actual en algunos aspectos singularmente problemáticos. Uno de ellos es el de la diversificación de los itinerarios en el segundo ciclo de la secundaria, de manera que se puedan atender, dentro de este nivel de la enseñanza obligatoria, las necesidades de los alumnos que prefieren una orientación profesional frente a la de carácter más académico. Otro es el de la introducción de incentivos al aprendizaje por parte de los alumnos mediante la introducción de pruebas estandarizadas de carácter nacional cuya superación sea considerada como un requisito ineludible para la obtención de la titulación académica. Asimismo, debe haber incentivos para el profesorado, de manera que su destino o puesto de trabajo y su retribución dependa, parcialmente, de su esfuerzo formativo individual, del rendimiento de sus alumnos y del de su centro. Esto último debería implicar una mayor autonomía de los colegios e institutos públicos en lo que atañe a su organización interna y al empleo de sus medios materiales y personales. Y no debe descartarse la posibilidad de introducir elementos de competencia entre los centros a través de la atribución de una mayor capacidad de elección a los padres de los alumnos, incluyendo la introducción del cheque escolar. Naturalmente esto último tendría que acompañarse de un sistema de evaluación objetiva y pública de los centros, sea cual sea su propiedad, y de su rendimiento, pues de otro modo el mercado no sería lo suficientemente transparente como para asegurar la racionalidad del derecho de elección de los padres.

En el sistema educativo se juega el futuro económico del país y el bienestar de las generaciones que nos sucederán. Ahora que, en España, experimentamos el zarpazo de la crisis, es el momento de remover los obstáculos que, en el pasado, impidieron que nuestra escuela alcanzara la calidad requerida por una sociedad cada vez más abierta y competitiva en la que los viejos anhelos de equidad y libertad pudieran llegar a realizarse.