Desde entonces, las víctimas del terrorismo en España se cuentan por miles.
Miles han sido, en efecto, los asesinados, secuestrados, heridos,
extorsionados
o damnificados en atentados terroristas perpetrados no
sólo por ETA, sino también por otras muchas organizaciones como el FRAP, los
GRAPO, Terra Lliure, la Triple A, el Batallón Vasco Español, los GAL y un largo
etcétera de grupos de origen nacional, amén de los extranjeros Al–Fatal, Yihad
Islámica y Al–Qaeda. Miles han sido también los familiares de esas víctimas que
sufrieron con ellas el zarpazo material y moral de la violencia. Y muchos miles
más sus amigos y conocidos, sus conciudadanos desconcertados ante unos crímenes
que se antojan de imposible explicación racional. «Todo delito terrorista
—señala el profesor Antonio Beristain desde la atalaya que le concede su
dilatada experiencia como penalista estudioso de la victimología— produce muchas
víctimas, en plural: la directa y muchas más indirectas; por eso —añade— sus
víctimas merecen el nombre de
macrovíctimas».
Aunque hayan sido
muy numerosas las víctimas del terrorismo en España, no se conoce con precisión
su cuantía. Las autoridades políticas y la sociedad en general, durante muchos
años, dieron su espalda a las víctimas y trataron de eludir cualquier expresión
de solidaridad con ellas; y tampoco les dieron respaldo institucional. Ello
cambió durante los años noventa, especialmente durante la segunda mitad de esta
década; pero entretanto se había perdido una buena parte de la información
acerca de los estragos humanos causados por el terrorismo. Tal es el motivo de
que aún hoy carezcamos de una idea precisa sobre cuántas personas han sufrido
las consecuencias de los atentados.
Según
Gesto por la Paz, más de 40.000 personas soportan algún grado de amenaza y, de
ellas, un millar se desenvuelven en su vida cotidiana con una escolta. Además,
teniendo en cuenta los resultados del Censo de Población de 2001, se
puede estimar que unas 125.000 personas han abandonado el País Vasco para eludir
las amenazas y el clima opresivo al que el terrorismo les ha
sometido
En
julio de 2005 el Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria informó
escuetamente de que en los registros del Ministerio del Interior constaban
17.816 víctimas. Y desde esa fecha ha habido, al menos, pues la contabilidad no
es completa, otras 3.872 adicionales, con lo que se totalizarían, hasta el
momento actual, 21.856 personas directamente afectadas por el terrorismo. Pero
esta última cifra no recoge toda la extensión de los daños causados por las
acciones de las organizaciones armadas, pues sólo hasta 2007 el Consorcio de
Compensación de Seguros —que cubre los riesgos de terrorismo sobre las personas
o los bienes para los que se han suscrito pólizas de seguro— había resuelto
31.871 expedientes, de los que 1.875 correspondían a daños sobre las personas y
29.996 a daños sobre bienes materiales. Teniendo en cuenta estos datos, así como
los referentes a los más de seis mil expedientes resueltos por el Ministerio del
Interior en aplicación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo,
creo que se puede estimar razonablemente que en España ha habido unas 37.700
víctimas directas.
La distribución de este balance del terror según el
tipo de daños causados por las organizaciones terroristas, arroja el siguiente
resultado:
· En primer lugar, 1.273 personas muertas, de las que casi
dos tercios se deben a ETA (65,1 %) y el resto de reparte casi por igual entre
las organizaciones de signo islamista (16,4 %) y todas las demás (18,5 %).
· Por otra parte, 94 personas secuestradas, de las que doce fueron
asesinadas, casi todas ellas por ETA.
· En tercer lugar, 5.098 personas
heridas con diferente gravedad, de las cuales aproximadamente una cuarta parte
soportaron lesiones invalidantes.
· Y, por último, 31.235 personas
damnificadas por los daños materiales causados en los
atentados.