Análisis/Política y sociedad latinoamericana
Lucha abierta por el poder en Ecuador
Por Carlos Malamud, domingo, 1 de abril de 2007
El propósito del presidente ecuatoriano Rafael Correa de convocar una Asamblea Constituyente que permita refundar la república debe imponerse contra viento y marea. Esta es la consigna que intentan cumplir a rajatabla los seguidores del presidente y esto es lo que está generando en el país una serie importante de problemas y dificultades de muy difícil solución. La cuestión de fondo, con todo, sigue siendo cuál será el precio que deberá pagar la sociedad ecuatoriana para que el sueño mesiánico de Correa pueda comenzar a transitar.
En la historia latinoamericana los cambios constitucionales son algo bastante frecuente, especialmente en algunos países de la región. La constante era que muchos espadones, llegados con el ánimo de salvar a la Patria y pasar, simultáneamente, a la Historia (eso sí, con mayúscula), elaboraran una nueva Constitución, que sentara las bases de un país económicamente próspero, socialmente justo y políticamente soberano. En realidad, esta gente nunca entendió, y sigue sin entender, que las normas fundamentales son sólo el marco que rige la convivencia y la vida en sociedad, y que no por tener mejores o peores leyes se puede transformar la realidad al gusto de uno. Las leyes, sin instituciones que las respalden, y sin una justicia independiente que las aplique, son claramente insuficientes. La teoría es necesaria, pero la práctica es imprescindible y si bien hay que se empeña en sostener aquello de que si la teoría y la realidad no coinciden, peor para la realidad, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso, no se trata sólo de escenificar aquello que refleja aquel viejo refrán que tropieza una y otra vez con la misma piedra, sino de la compulsiva necesidad, cada vez más patológica, de los mesías que últimamente vienen a salvarnos, de reinventar la rueda en cada recodo histórico.
El objetivo de Correa de refundar Ecuador mediante una Asamblea Constituyente que proclame una nueva Constitución sigue claramente la estela trazada por Hugo Chávez tras su llegada al poder, y más recientemente por Evo Morales, que se encuentra actualmente navegando en las aguas procelosas de la redacción del nuevo texto legal, aunque carente de un experto timonel que lo pueda conducir a un puerto seguro. La inexperiencia política del MAS es algo evidente y, pese al optimismo inicial, está pasando una gravosa factura a todos los bolivianos. La misma inexperiencia es aplicable al presidente Correa, ya que su efímero paso por el ministerio de Economía de la anterior administración es claramente insuficiente para ejercer un liderazgo comprometido con el bienestar de todos los ecuatorianos y no sólo con la coherencia de su proyecto político.
La intrahistoria del actual proceso constitucional ecuatoriano está camino de convertirse en un culebrón con mayores atractivos sadomasoquistas que la OPA de Endesa
La intrahistoria del actual proceso constitucional ecuatoriano está camino de convertirse en un culebrón con mayores atractivos sadomasoquistas que la OPA de Endesa. En un conjunto de desvaríos cruzados todo el mundo pretende tener la suma del poder público, y la representación de toda la soberanía popular, olvidando que pese a quien le pese, y hasta nuevo aviso, en Ecuador sigue rigiendo aquello tan viejo de la división de poderes y de los pesos y contrapesos institucionales. Resumiré brevemente la situación actual.
El presidente quiere convocar un referéndum que le permita convocar a la Asamblea Constituyente, ya que según la actual Constitución sólo el Congreso está habilitado para reformar la Carta Magna. Como tiene prisas, no sea que con el paso del tiempo su índice de popularidad baje y su propuesta pierda adeptos, quiere hacer las cosas cuanto antes. En su calendario, el 15 de abril es la fecha señalada. Pero no se trata sólo de cambiar el máximo texto legal del país. También hay que acabar con esa fuente de corrupción que es el Parlamento, controlado por los tan denostados “políticos y partidos tradicionales”. Con este objetivo en la mira, el presidente quiere que una de las potestades de la Asamblea Constituyente sea la de disolver al actual Congreso, donde los seguidores del presidente no están presentes (no pudo presentar candidatos y luego hizo una bandera política de ello). Pero el Congreso se opuso y ahí comenzó el rifirrafe, ya que si bien accedió a la convocatoria electoral se negó a darle tal potestad a la Asamblea.
Según la ley, el máximo responsable de todos los procesos electorales del país es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe velar por que se cumpla la legalidad en todo lo relativo a los comicios. Como el TSE se empeñaba en darle la razón al presidente de la república, el Congreso, controlado por la oposición, tomó la ilegal salida de destituir al presidente del Tribunal. En respuesta éste también tomó la ilegal salida de destituir a 57 parlamentarios y poner en su lugar a aquellos suplentes que se avenían, quebrando la disciplina partidaria, a los cantos de las verdes sirenas del poder (recuérdese que la economía ecuatoriana está dolarizada). El nuevo Congreso batió palmas a los dictados del poder, que apoyó sus propuestas con movilizaciones populares. La gente en la calle, el verdadero pueblo (los que no piensan como el gobierno son traidores a la patria y a los verdaderos intereses del Ecuador), es la palanca que debía abrir las puertas y vencer las resistencias de aquellas instituciones que se mostraban contrarias a los deseos presidenciales. Daba igual si se tenía o no tenía razón. Hay prisas y como estamos en medio de una revolución, la ley sólo es para después.
Enfrentados a una fuerte crisis política, social y económica, con cientos de miles de ecuatorianos viviendo fuera de su país porque dentro no ven futuro, son numerosos los que esperan los efectos curativos y balsámicos del nuevo texto legal
Inicialmente el Tribunal Constitucional (TC) se abstuvo de intervenir en el conflicto de poderes, pero un juez de Guayas dio amparo a un pedido de un diputado y restituyó a los cesados. La respuesta del TSE fue tan contundente y arbitraria como todas las anteriores: cesar al juez, matar al mensajero. Por si toda esta suma de despropósitos pareciera escasa, la policía ecuatoriana, dependiente del ministro del Interior, dependiente del neutral presidente Correa, es la que impide a los congresistas cesados entrar al Parlamento y cumplir con su labor. Como el presidente del Congreso decidió esperar el pronunciamiento del TC antes de permitir nuevas decisiones irreversibles no sería improbable que el TSE también decida cesarlo.
Cuando empezaron las transiciones a la democracia en la década de 1980 fueron muchos los políticos empeñados en insistir una y otra vez que la democracia debía dar de comer. Hoy nos encontramos en una situación parecida, pero cambiando democracia por constitución. Al mismo tiempo, enfrentados a una fuerte crisis política, social y económica, con cientos de miles de ecuatorianos viviendo fuera de su país porque dentro no ven futuro, son numerosos los que esperan los efectos curativos y balsámicos del nuevo texto legal. Como si todo esto fuera poco, y al igual que ocurre en otros países donde se desarrollan procesos semejantes, la anomia política ha llevado al desconcierto a la oposición, que no encuentra las respuestas adecuadas. De momento en Ecuador no se ha llegado a los extremos venezolanos, pero no debe olvidarse que hoy estamos en esta situación porque los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta electoral por la presidencia planteaban riesgos similares para la futura gobernabilidad del país. Mientras tanto, la democracia ecuatoriana es la que sufre y no es con estos métodos como se va a introducir la moral republicana. Es verdad que en buena medida el Parlamento lucha por la defensa de sus privilegios pero el camino elegido para contrarrestarlo sólo conduce a mayores sufrimientos para los ecuatorianos.