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Opinión/Revista de Prensa
El fracaso de la fusión entre Endesa e Iberdrola (II)
Por ojosdepapel, sábado, 17 de febrero de 2001
Todavía son muchos los aspectos que faltan por conocer sobre el fracaso de este importante proyecto de fusión en el sector eléctrico español. Las interrogantes por las causas que precipitaron el inesperado final persisten, aunque ya se conocen más detalles.
Una valoración distanciada respecto al asunto, algo que no ha abundado en exceso entre analistas y observadores en la prensa, es la de Manuel Pérez, quien aprecia como “excesivamente reduccionistas” tanto la postura que defiende que el gobierno tan solo se ciño a la defensa de los intereses de la competencia como la que apuesta por la versión de que el consejo de Iberdrola antepuso los intereses de los accionistas al “ordeno y mando” del gobierno (La Vanguardia, 11-2-2001) De forma más aventurada sostiene este columnista que una zancadilla procedente de algún miembro del gabinete abortó la operación. Más adelante se verá, independientemente de las intenciones personales que pudiera haber, que hay elementos que no respaldan que ésta sea la causa.
Entre demostrar fidelidad al principio de la competencia y la necesidad de apoyar una operación de gran alcance, que podía ensuciar aún más de arbitrariedad y amiguismo la imagen del gobierno, se optó por una distancia de seguridad que cortó las comunicaciones con los directivos de Endesa e Iberdrola

Efectivamente, esta última versión no parece bien encaminada sencillamente porque lo que se viene constatando es desconcierto en el gobierno y enfado del presidente (Jesús Cacho, El Mundo, 11-2-2001). Hay que recordar que José María Aznar y su equipo económico estaban atados por la defensa de sus compromisos liberales, seriamente puestos en duda por las numerosas pruebas de amiguismo y de concentración de poder. El rotundo fracaso de la implantación de la competencia en el sector de los combustibles también lastraba la libertad de movimientos del gobierno. Esta es la clave: entre demostrar fidelidad al principio de la competencia y la necesidad de apoyar una operación de gran alcance, que podía ensuciar aún más de arbitrariedad y amiguismo la imagen del gobierno, se optó por una distancia de seguridad que cortó las comunicaciones con los directivos de Endesa e Iberdrola, lo que al final terminó por cegar la salida al embolado provocado por las draconianas condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).

Mientras la realidad va, más o menos, por esos meandros de ambigüedad, inhibición y deseos frustrados, los editorialistas y columnistas de El País lo tienen claro. El gobierno tiene la culpa del desaguisado. Para Josep Ramoneda, éste tiene toda la responsabilidad, empezando porque fue el patrocinador político de la fusión. Además, en absoluto se comportó como el paladín de la competencia, al contrario, fue su “irreprimible voluntad intervensionista” la que frustró la operación (El País, 11-2-2001). Javier Pradera también se suma a esa denuncia de la vocación intervensionista de un gobierno que se proclama liberal. Fue el juego malabar con elementos tan heterogéneos (los intereses de las empresas, la merma de los Costes de Transición a la Competencia – CTC-, fiscalizaciones...) lo que acabó por echar por tierra la fusión (El País, 11-2-2001) El editorialista de El País está de acuerdo en que el gabinete fue el gran valedor político de la fusión, pero no supo conciliar la contradicción entre sus simpatías, que apostaban por la concentración en un mercado cerrado, beneficiando a una empresa amiga (Endesa), con sus principios de defender la competencia. Lo mejor de todo, señala, es que, como se ha visto, los accionistas también importan, desde luego más que los intereses de los directivos y el gobierno (El País, 11-2-2001) Es curioso tanto escrúpulo con la intervención política del gobierno central cuando es sabido que los nacionalistas vascos, en defensa de su ilusorio proyecto soberanista (capítulo auto-abastecimiento eléctrico), a través del BBK y del BBVA, se volcaron presionando para hacer fracasar la operación (Isabel San Sebastián, El Mundo, 10-2-2001), y continúan ahora la ofensiva para controlar el consejo de Iberdrola (ABC, 9-2-2001), sin que El País mencionara el asunto.
Si el gobierno hubiese actuado de una forma arbitraria en favor de los amigos y de sus intereses, es obvio que la integración entre las dos compañías no se hubiera frustrado

Los dos columnistas y el editorialista incurren en una contradicción debido a una postura de partida hipercrítica y con escasa objetividad que les obliga a hacer cuadrar el círculo: el gobierno cultiva el amiguismo sin freno, es intervensionista sin tasa, pero, como es torpe y tiene cortapisas que le impiden maniobrar sin tropiezos, hace que fracase la fusión. Una cosa o la otra. Si hubiese actuado de una forma arbitraria en favor de los amigos y de sus intereses, es obvio que la integración entre las dos compañías no se hubiera frustrado. No parece que el gobierno, como sostienen, haya patrocinado políticamente el proyecto, más bien se trataba de que “había dado a entender que la fusión no le desagradaba” (Manuel Pérez, La Vanguardia, 11-2-2001) Un matiz clarificador que refuerzan en las confidencias de Martín Villa a Jesús Cacho: “Esta no es una operación del gobierno, de modo que el riesgo es vuestro”, les advirtió Rodrigo Rato a los dos máximos directivos de Endesa e Iberdrola (El Mundo, 11-2-2001)

Al final se puede decir que la situación se desarrolló como en un juego de puertas similar al de las películas de Lubitch. El “criterio presidencial” era evitar “cualquier salpicadura incómoda” (Isabel San Sebastián, El Mundo, 10-2-2001), lo cual refuerza la idea de que el gobierno velaba por mantener su imagen liberal a salvo de las críticas por intervensionismo y amiguismo. Más aún, Manuel Pérez relata que las dos entrevistas de Martín Villa y Oriol, previas a la decisión del gobierno sobre la fusión, denotaban que “el diálogo directo con los responsables gubernamentales había quedado interrumpido en algún punto de la cadena” (La Vanguardia, 11-2-2001). Que el juego de equívocos continuó lo confiesa Martín Villa: “yo creí, y ahí me he equivocado, que la discusión estaba centrada en las cuotas, cosa que no me preocupaba. Lo que no me esperaba era la torta de los CTC y en el peor de sus tratamientos, en el agravio comparativo”, “hablé con Rato y tuve la sensación de que no había reparado (...) no sabía la mercancía que iba en ese decreto”. Al final se llega al absurdo: “En el fondo nunca creyeron (en el gobierno) que íbamos a decir que no. Martín Villa por la obediencia debida, e Iñigo por los problemas que tiene en su casa con el BBVA” (Jesús Cacho, El Mundo, 11-2-2001). La distancia con la que jugaron los puntales del gabinete no fue producto de la ligereza, sino del deseo de mostrar que el gobierno no era responsable directo del curso de la fusión, pues, como señala Javier Pradera, el dictamen del TDC había puesto al ejecutivo ante un “incómodo dilema” (El País, 11-2-2001) Fue así, por eso no se puede hablar en este caso de rampante intervencionismo del gobierno y favoritismo hacia los amiguetes. Si de arbitrariedad gubernamental se habla, ¿cómo no se influyó para que el TDC bajara el listón de las exigencias?

Por último, vuelven aparecer testimonios que documentan esa serie de apaños a los que están acostumbrados los factotum de los grandes negocios en sus relaciones con las autoridades. Martín Villa admite que “...a lo mejor me faltó hacer una o dos llamadas esa noche (1 de febrero). Una a Rodrigo. Y otra al presidente Aznar...” (Jesús Cacho, El Mundo, 11-2-2001). Y más adelante añade un intercambio con Folgado “quiero decirte una cosa respecto a la lealtad política (...) me cuentas las condiciones, te diré si son admisibles o no, de forma que si es que no, el coste de imagen sea mío. Te digo esto para que decidáis si políticamente es mejor que el Consejo de Ministros diga no a la fusión...” (Jesús Cacho, El Mundo, 11-2-2001). Nunca tan oportuno el tópico de apaga y vámonos.
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