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Opinión/Revista de Prensa
El caso Ekin: el melindre garantista y la pérdida del sentido de la realidad
Por ojosdepapel, sábado, 14 de abril de 2001
Repaso a la prensa española con motivo de la resolución de la Sala IV de lo Penal de la Audiencia Nacional que, por dos votos contra uno, ha decidido excarcelar a parte de los miembros de Ekin, organización política de la banda terrorista Eta.
La revisión de la prensa española en torno a un tema concreto que ha tenido hondo calado en la opinión, como ha sido el fallo de la Sala IV de los Penal de la Audiencia Nacional que ha supuesto la excarcelación de siete miembros de Ekin, el aparato político de Eta, permite constatar, una vez más, un bajo nivel en la calidad de las opiniones, atribuible a la falta de especialización, a la ligereza con la que se abordan los asuntos y a la obsesión por el ejercicio estilístico. En vez de satisfacer la necesidad pública de contar con valoraciones razonadas, ecuánimes y documentadas, los lectores se encuentran con la tradicional verborrea de los opinadores profesionales que viven del cuento de largar sobre lo divino y lo humano. En los medios se echa de menos la presencia de profesores y especialistas sobre las cuestiones que están a debate. En este sentido sorprende la falta de capacidad de la prensa para contar con un personal cualificado.

Dicho esto, hay que precisar que en las cuestiones jurídicas, como la que atrae hoy la atención de esta revista, se mueven en un campo dominado por la complejidad y la subjetividad, lo cual no obsta para que sea patente la diferencia que hay entre los grandes periódicos y los demás medios y el abismo que separa a los especialistas de los eruditos a la violeta que producen artículos en serie.

Los datos son los siguientes. El paso día 4 de abril la mencionada sala de la Audiencia Nacional, por dos votos a uno, dictó una resolución aceptando la apelación de parte (siete de catorce) de los encarcelados de forma preventiva por el juez Baltasar Garzón. Estaban acusados de formar parte del entramado político de la banda terrorista Eta. Para la Sala no había pruebas suficientes para mantenerlos en prisión por no haberse demostrado la vinculación entre la banda terrorista y la organización política a la que pertenecían.

El ejemplo más clamoroso de haber estado en la higuera lo proporciona José María Carrascal, quien cree que hubo un pleno (cuando fue la Sala IV) que dirimió entre los dos jueces y Garzón y “prefirió no quitar la razón a uno ni a otro, dando a cada parte la mitad del niño”, despiste al que añade la peregrina idea de que “el Derecho admite también una `presunción de culpabilidad´ que en este caso parecía evidente” (La Razón, 6-4-2001) Aparte de estos despropósitos, destacan las posiciones ambiguas o que no se decantan -¡valiente forma de valorar y/o opinar!- de El Periódico o de dos firmas tan reputadas como las de José Antich, director de La Vanguardia o Abel Hernández (El Periódico, 5-4-2001; Abel Hernández, Estrella Digital, 8-4-2001; José Antich, La Vanguardia, 5-4-2001).

El resto de las opiniones se pueden agrupar en cuatro grandes grupos, en una disposición que va desde la máxima hostilidad hacia las actuaciones de Baltasar Garzón hasta la defensa de las mismas y la crítica de la actuación de los dos magistrados; la reprobación del juez en el primer grupo va generalmente unida a la defensa de las tesis del nacionalismo radical vasco (Gara, Deia, juez Navarro); luego están los que, por diversas razones (Liaño, etc,) simplemente detestan a este juez y aprovechan la ocasión para zaherirle (Gabriel Albiac y Lorenzo Contreras); aquellos que consideran que es algo normal que se produzcan discrepancias entre jueces, que hay que acatar sin más sus decisiones, enfatizando el asunto desde el punto de vista de la independencia del poder judicial (Josep Ramoneda, Diario16, El Correo, El Mundo, P. J. Ramírez); por último, está la mayoría compuesta por los que comparten las tesis de Garzón sobre las vinculaciones entre Eta y Ekin y consideran censurable la resolución de los dos magistrados que excarcelaron a Matanzas y sus compañeros.
Es curioso que en ningún caso los de Deia partan de la convicción moral de que existe esa trama civil de los terroristas, aunque se puedan agarrar a que no se ha podido demostrar. Se nota que no les interesa hablar mal de sus hermanos políticos

Lo de Gara sólo tiene el interés, como no podía ser de otra forma, de verificar la satisfacción del entorno de los terroristas con la decisión de la Sala IV (5-4-2001). El valor que se le pueda dar a su editorial es como aceptar los argumentos de Goebbles de que de labios de los nazis nunca salió una palabra sobre el exterminio de los judíos ¡Palabrita del niño Jesús! Con ser esto demasiado, sin embargo, lo del magistrado Joaquín Navarro clama al cielo, aunque, al menos, queda retratado para la posteridad. Acusa a Garzón de ser “un juez escasamente amigo de la seguridad jurídica, el honor y la libertad de los inculpados y decididamente amante de las tiernas miradas del poder”, que se dedica a “fabular y disparatar, inventándose relaciones fantasmáticas de diversas asociaciones vascas con el terrorismo, contando con informes policiales de opereta y con el impulso soberano del `príncipe´ (el gobierno)” curiosamente la misma tesis que sus amigos de Gara que acusan a Garzón de “servir a los intereses del Gobierno español” (Joaquín Navarro, Deia, 7-4-2001; Gara, 5-4-2001) La guinda la pone Navarro cuando califica a Matanzas, el tipo que brindó por la muerte del concejal Carpena, y a sus colegas de “víctimas de la fabulación” (Joaquín Navarro, Deia, 7-4-2001) Sólo queda recomendar a Luis María Anson que, ya puestos, contrate como columnista de su periódico a Otegui, pues más vale original político que copia en forma de caricatura.

Los de Deia atacan a Garzón desde diversos ángulos, sobre todo que no se ha podido demostrar la vinculación entre Eta y Ekin, por la ligereza a la hora de instruir y porque “se intuye el intento de lograr un objetivo político, al margen de que haya o no base legal para ello” (Deia, editorial, 5-4-2001; Amaia Fano, Deia, 4-4-2001, Pablo Belderrain, Deia, 5-4-2001; Félix Macua, “Sólo el chulo de `gran hermano´ le hace sombra a Garzón”, Deia, 6-4-2001). Al grupo de nacionalistas vascos de Deia se suma el corresponsal nacionalista catalán que también emplea los mismos términos en las críticas al juez (Robert Pastor, “De numerito en numerito”, 9-4-2001) Es curioso que en ningún caso los de Deia partan de la convicción moral de que existe esa trama civil de los terroristas, aunque se puedan agarrar a que no se ha podido demostrar. Se nota que no les interesa hablar mal de sus hermanos políticos. Mientras esa relación no se demuestre, para los de Deia esa realidad no existe. Se han acostumbrado a vivir en la pestilencia, hace mucho que han perdido el sentido del olfato.

Al segundo grupo pertenecen todos aquellos que tienen enfilado a Garzón. Ya lo advierte de forma inmediata Gonzalo Bareño que comenta que habrá quien se alegre de la revocación de la Sala IV sobre la prisión preventiva de Matanzas y de parte de sus turiferarios, pues Garzón “está en el punto de mira de más de uno” (Diario 16, 4-4-2001) El mejor representante de esta tropa es Gabriel Albiac, para el que la resolución sobre los de Ekin le sirve para llegar a donde quiere, criticar a Garzón por su papel en la caída de Liaño, calificando esta operación como “unico y jaleado éxito” de “un mal juez” , pues “no da una sin meter técnicamente la pata” (El Mundo, 9-4-2001) Más sutil es Lorenzo Contreras, quien como es costumbre, al grito de ¡viva la aritmética!, explota una misma noticia en sus tres columnas semanales (una en La Razón y dos en Estrella Digital), dando a entender que Garzón tiene tendencia a confundir el indicio con la prueba, a abordar los temas de Eta “fuera de los cánones tradicionales, más allá de lo que la prudencia al uso entiende por persecución judicial”, razón por la cual se han producido sus fracasos con Xaki, Egin, el inicial con Pepe Rei y ahora con Ekin (Estrella Digital, 4 y 6-4-2001; La Razón, 5-4-2001). Es muy extraño que con tanto papel escrito no haya abordado ni una sola vez el voto particular del juez que discrepó de los otros dos magistrados de la Sala IV.

Sobre las razones de la resolución de estos dos magistrados, advierte Contreras, y no es el único, que hay sospechas de que “responda a motivaciones personales” (Estrella Digital, 4-4-2001). Efectivamente, lo mismo apuntan otros medios y columnistas: “inquina contra Garzón de los dos magistrados”, enemistades, celos profesionales, peleas gremiales y personales, “rifirrafe corporativo con el hombre que veía amanecer”... (ABC, editorial, 9-4-2001; El Correo, editorial, 5-4-2001; El Periódico, editorial, 5-4-2001; Abel Hernández, Estrella Digital, 8-4-2001; Jorge Trias Sagnier, ABC, 9-4-2001)
Puede que esos dos jueces que han excarcelado a los miembros del aparato político de Eta hayan logrado que el Derecho haya salido impoluto, bruñido, centelleante gracias a su remilgado garantismo, pero de lo que no cabe duda es que con su actitud han dado muestras de permanecer en el limbo, alejados del problema de lo que realmente constituye el entramado civil de la banda terrorista

El tercer grupo de opiniones giran en torno a la necesidad de acatar las sentencias, al hecho de que las discrepancias entre jueces son algo corriente y a que la prevalencia de la independencia judicial sobre cualquier otra cosa, convierte la resolución en algo de rango menor (La Vanguardia, editorial, 4-4-2001; Diario 16, editorial, 5-4-2001; El Mundo, editorial, 5-4-2001; El Correo, editorial, 5-4-2001; P. J. Ramírez, El Mundo, 8-4-2001). Como señala Josep Ramoneda, el problema puede enfocarse desde el punto de vista del intervensionismo del gobierno y, en este sentido, es razonable señalar que la “independencia incluye naturalmente la posibilidad de equivocarse” (El País, 5-4-2001)

Pero es el propio Diario 16 quien establece el fondo de la cuestión: “cómo combatir judicialmente las tramas civiles de Eta que se esconden tras una aparente legalidad formal” (5-4-2001) Y aquí entra el grupo mayoritario de opiniones que se oponen a la medida de los dos magistrados de la Sala IV y se muestran de acuerdo tanto con el enfoque que Garzón hace de la cuestión como con el voto particular que respalda la actuación de este magistrado (La Razón, editorial, 4, 5 y 9-4-2001; Carlos Dávila, ABC, 4 –4-2001; El País, editorial, 5-4-2001; Luis María Anson, La Razón, 5-4-2001; Maite Cunchillos, Libertad Digital, 5-4-2001; Ramón Villota-Coullaut, Libertad Digital, 5-4-2001; José Martí Gómez, La Vanguardia, 6-4-2001; Carlos Martínez Gorriarán, ABC, 6-4-2001; Javier Pradera, El País, 11-4-2001). Incluso La Vanguardia, que inicialmente se había declarado con medias tintas (4-4-2001), calificó la resolución de los dos magistrados de “distorsión del sentido común” (5-4-2001) Se considera que el problema es que ambos jueces se habían extralimitado en sus funciones, actuando como una suerte de instancia instructora a distancia, lo cual es un despropósito y, además, que se trataba de valorar si había indicios racionales de criminalidad, no pruebas, pues el alcance de éstas tiene que verificarse en el juicio oral (ABC, 4 y 5-4-2001).

El planteamiento de Maite Cunchillos, quien no ve el sentido de las fianzas y el mantenimiento de la imputación por delito de integración en banda armada de los excarcelados si los jueces no han aceptado las pruebas de la relación entre Ekin y Eta, encuentra respuesta en su mismo medio con la aportación de Ramón Villota-Coullaut: la medida “implica conocer y admitir la presunción de delito pero, al mismo tiempo, no darle la gravedad que requiere a un delito de colaboración con banda armada”, sutil apreciación que da la medida de las dificultades y complejidades del ámbito jurídico (Maite Cunchillos, Libertad Digital, 5-4-2001; Ramón Villota-Coullaut, Libertad Digital, 5-4-2001)

Santos Juliá establece el centro de la cuestión que ambos jueces han obviado de forma irresponsable, dejando indefensa a la sociedad democrática que están obligados a defender: “El problema de considerar a Eta como una banda armada y actuar jurídicamente en consecuencia implica ignorar su dimensión como parte de un movimiento nacional (...) Eta no es una mera banda de pistoleros, sino una organización terrorista que cuenta con ramificaciones especializadas”; así pues, “la exigencia de pruebas documentales donde sólo puede haber indicios racionales, amplía el margen de impunidad de estos enemigos organizados de la libertad”; efectivamente, “documentos no los habrá, pero indicios sobran...”(Santos Juliá, El País, 8-4-2001)

En definitiva, puede que esos dos jueces que han excarcelado a los miembros del aparato político de Eta hayan logrado que el Derecho haya salido impoluto, bruñido, centelleante gracias a su remilgado garantismo, pero de lo que no cabe duda es que con su actitud han dado muestras de permanecer en el limbo, alejados del problema de lo que realmente constituye el entramado civil de la banda terrorista, de los que organizan y dirigen la lucha callejera, las amenazas e intimidaciones, de los que recaudan y reparten, de los que vigilan, delatan, de todos esos que sirven y facilitan la labor de los verdugos asesinos.
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