Y no es posible dejar de resaltar el apartado “La fragmentación del mercado nacional” a través de las diferentes normativas de las Comunidades Autónomas, tan bien estudiadas por el profesor Cabrillo y donde, por cierto, su índice de regulación muestra un mínimo en el caso de la Comunidad de Madrid, lo que no deja de explicar por qué marcha mucho mejor que otras autonomías. Culmina eso Buesa con este texto de la pág. 61 referido a todo el conjunto español: “Los estudios académicos realizados en los últimos años han señalado que estas desigualdades normativas no han afectado aún al mercado de capitales, aunque están provocando que los flujos de capital se orienten hacia las regiones en los que existe mayor libertad económica... Se ha podido constatar que las regulaciones autonómicas tienen un efecto negativo sobre las ganancias de productividad, lo que se traduce en un menor desarrollo de las Comunidades Autónomas en las que la proliferación normativa ha sido mayor”. Se debe agregar, que estas Autonomías, según el Índice Cabrillo de Regulación de las Comunidades Autónomas, con mayor intervencionismo son, de mayor a menor, Extremadura, Asturias y Aragón, y las tres de menor perturbación interventora, de menor a mayor, en este caso, son Madrid, Valencia y Murcia. Agréguese que en este libro se documenta (pág. 63) como “las políticas lingüísticas, especialmente las que afectan al sistema educativo, constituyen una barrera a la movilidad geográfica de los trabajadores, de manera que algo más del 60% de los españoles las ven como una dificultad para aceptar un empleo que les obligue a cambiar de Comunidad Autónoma de residencia”.

Todos sabemos que una de las exigencias de la autonomía catalana se basa en el asunto de las balanzas fiscales, planteamiento iniciado por Trías Fargas, con un apéndice actual de Sala i Martín como se destaca en las págs. 90‑93. Conviene, en estos momentos, en que se ha planteado la cuestión del posible concierto económico para Cataluña, leer las págs. 93 a 96 de este libro. Su complemento, naturalmente, es el estudio que se efectúa sobre el régimen de Concierto económico vasco y navarro (págs. 97‑138).

El segundo bloque de aportaciones es el titulado “Economía de la secesión”, y sus muy notables cuantificaciones, que se suelen omitir, o simplificar, como es el caso de los planteamientos de Sala i Martín. Ya acabo de comentar esto, especialmente significativo para todo economista y todo político mínimamente sensato. En el tercer bloque, “Las reformas estructurales”, sintetiza Mikel Buesa muy bien lo que estamos diciendo multitud de estudiosos sobre una salida de la crisis, en materia de educación, respecto a la necesaria reforma del mercado de trabajo –con puntualizaciones como la de la pág. 198: “Los estudios internacionales señalan que el modelo de negociación colectiva de tipo sectorial‑territorial es el que conduce al mayor divorcio entre salarios y productividad, y, como consecuencia, resulta ser el más desfavorable para el empleo”, determinando la necesidad “de tomar distancia con respecto a los agentes sociales que dicen representan, aunque ello sea dudoso, al conjunto de las clases trabajadoras” (págs. 202-203), duda que se justifica de inmediato en las págs. 205‑210 sobre el “poder sindical”. Y por supuesto pasa a tener mucha actualidad lo que indica sobre la necesidad de reformas en el sistema financiero, con especial énfasis en la cuestión de las Cajas de Ahorros, defendiendo, en la línea de un trabajo que Jaime Terceiro había publicado anteriormente en Información Comercial Española, al escribir ahora el profesor Buesa que “solo un cambio institucional profundo... puede encarrilar (el sector crediticio español) hacia la eficiencia y la estabilidad” (pág. 232).

Mikel Buesa efectúa una crítica a lo que parece ser una paradójica realidad derivada del socialismo: que empeore la distribución de la renta cuando su única base doctrinal era la de igualar lo más posible los ingresos

Finalmente, como era lógico, plantea la seria situación energética española, con un gráfico, el 16.4 de la pág. 245 que ha pasado a tener en estos momentos extraordinaria actualidad: un megavatio/hora, en diferentes tipos de centrales eléctricas, costaba 39’0 euros en centrales hidráulicas; 44’4, en nucleares; 68’6 en las de ciclo combinado; 71’8 en las de carbón; 84’0 en las eólicas y 430 en las fotovoltaicas.

Este repertorio de reformas concluye con el planteamiento de la precisa alteración del Estado de Bienestar con estas certeras palabras, muy dignas de ser escuchadas en estos momentos de evidente confusión en ese terreno, tras recordar (págs. 155-256) que las mejoras logradas en este sentido “no fueron nunca el fruto de la lucha sindical, sino más bien el resultado de las iniciativas de políticos más bien conservadores preocupados porque las condiciones de vida de los trabajadores no derivaran en estallidos sociales... Y hay que decir que sus logros, hasta el presente, fueron notables. Por ello, ahora que la termita demográfica –término afortunado de Leguina y Fernández-Cordón‑ hace impostergable la decisión de reformar el sistema de pensiones, lo que se espera de los gobernantes y de quienes ejercen la oposición sobre ellos es que aborden este problema con realismo, basándose en los mejores estudios disponibles, y planteen su solución alejados de cualquier tentación populista, haciendo pedagogía democrática, y tratando a los ciudadanos como personas adultas capaces de entender y asumir las medidas que se propongan”. Y es significativo algo que se suele ocultar y que conviene recordar, como colofón de toda esta postura crítica que hasta aquí se expone. Pues bien, el índice de Gini, que cuanto más bajo es, más explica que se avanza en la equidistribución de la renta, había ido disminuyendo en España hasta 30’7 en 2004; pues bien, nos destaca Mikel Buesa como cinco años más tarde, en 2008, había subido a 31’7. Y a partir de ahí, (pág. 258), efectúa una crítica a lo que parece ser una paradójica realidad derivada del socialismo: que empeore la distribución de la renta cuando su única base doctrinal era la de igualar lo más posible los ingresos. Por ello pide (pág. 263) que “el socialismo abandone la demagogia” actual y se ponga “a la tarea de recuperar sus viejos planteamientos de equidad” y que “la derecha se libere de sus prejuicios” y “recobre.... la mejor tradición liberal” (pág. 263).

He aquí, pues, un libro que necesita difundirse y leerse, no ya por los economistas, los empresarios y los políticos, sino por todos los españoles, y hacerlo desde la cruz –con esa cita de uno de los ensayos más lúcidos de uno de mis maestros, el profesor Manuel de Torres el titulado Misión intelectual del economista, quien señalaba que una parte esencial de ésta era “la de adoctrinar a la sociedad, la de mejorarla haciéndola más justa y más estable, más progresiva y equilibrada a la vez”‑, a la fecha.