En el breve lapso de unas pocas semanas hemos asistido a tres declaraciones muy fuertes de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Argentina que, con distintos motivos, ponían por medio a la CIA, a la que acusaban de intentos desestabilizadores o de buscar el desprestigio del país. De alguna manera estos hechos dan continuidad a las expulsiones de los embajadores de Washington en La Paz y Caracas, después de una serie de denuncias del gobierno de Evo Morales contra el representante diplomático de Estados Unidos Philip Goldberg, acusándolo de buscar su derrocamiento. Vale la pena recordar también las continuas declaraciones del gobierno venezolano alertando de una posible invasión de tropas estadounidenses contra su territorio. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que entre los últimos acontecimientos y los anteriores ha mediado la llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. De ahí, los profundos interrogantes acerca de los objetivos aquí presentes.

En Bolivia, el presidente Evo Morales denunció la infiltración de la CIA en la empresa energética estatal YPFB. El objetivo no era otro que buscar la corrupción de los principales gestores con el ánimo de acabar con la que debería ser una de las piedras basales del nuevo régimen. Días antes se había destapado un nuevo escándalo de corrupción en YPFB que había llevado a la cárcel a su presidente, Santos Ramírez, uno de los máximos dirigentes del MAS y ex senador de la República. Ramírez, que no llevaba un año en el cargo era el quinto presidente de la petrolera estatal y como sus cuatro predecesores tuvo que dejar el cargo acompañado de fuertes escándalos.

A fines de enero de 2009 Ramírez fue acusado de recibir, a través de sus familiares, algo menos de medio millón de dólares de la empresa Catler-Uniservice, adjudicataria en julio de 2008 de una planta separadora de gas natural valorada en 86 millones de dólares. Veinte días después, en un acto político con cocaleros, Evo Morales dio su particular explicación de los hechos, y para ello daba entrada, a la teoría del complot, ya que, según sus palabras: “ha habido presencia de la CIA en YPFB y algunos de nuestros compañeros han sido atrapados por esa infiltración externa”. Sin dar demasiados detalles, ni aportar evidencias o más explicaciones, agregó: “después de que fracasaron en sacarnos del Palacio, mediante el voto, mediante un golpe de Estado Civil ahora vienen con el sector de Yacimientos, con el sector petróleo. No me equivoqué, pero yo había pensado que iba a haber un paro de los petroleros para dejarnos contra la pared y contra el pueblo boliviano. No había sido esa sino otra forma. Cualquier momento vamos a denunciar nombres”.

Resulta cuanto menos curioso que en un sistema democrático, las elecciones y el intento legítimo de llevar a una determinada opción política a triunfar en las urnas sean definidos como “un golpe de Estado Civil”. En realidad, en la singular interpretación presidencial, todo se debe al deseo de venganza del imperialismo que no perdona el gesto soberano del gobierno y el pueblo bolivianos al nacionalizar el sector de hidrocarburos, un sector estratégico para el país. Por eso, “a los corruptos que estaban dentro de Yacimientos” se los protege legalmente, se los defiende “desde el exterior, desde Estados Unidos… con gente, abogados desconocidos, pero expertos en defender a los delincuentes, a los corruptos. Es el grupo que representa al capitalismo salvaje, que representa a las grandes transnacionales, a ellos no les interesa la pobreza, no les interesa la vida ni la humanidad sino cómo acomodar el capital en pocas manos. A nosotros nunca nos van a perdonar su sistema su modelo sus representantes nunca nos van a perdonar si hemos empezado a dignificar a los bolivianos”.

El presidente Rafael Correa dijo: “Hablemos claro: Sullivan era el director la CIA en Ecuador”

Muy pocos días después Morales volvió a la carga y, nuevamente sin pruebas, acusó al ex gerente de Comercialización de YPFB, Rodrigo Carrasco, de ser el principal "espía infiltrado" de la CIA en la empresa. Se trataría de un individuo muy peligroso que por su entrenamiento "cuenta con una gran capacidad para construir redes de corrupción". El gran error de Ramírez fue haber desoído de forma continua los llamamientos sistemáticos del presidente Morales para apartarlo de su puesto de responsabilidad en la empresa.

En Ecuador, a lo largo del mes de febrero de 2009, el gobierno expulsó a dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Primero a Armando Astorga, al que acusó de pretender inmiscuirse en la designación del jefe de una unidad de la Policía dedicada al combate del contrabando, y unos días más tarde a Marck Sullivan, de quien el presidente Rafael Correa dijo: “Hablemos claro: Sullivan era el director la CIA en Ecuador”. Este último caso también estuvo relacionado con cuestiones policiales, especialmente por diferencias con el relevo del responsable de la Unidad de Investigaciones (UIES). El ministerio de Relaciones Exteriores declaró persona non grata a Sullivan al descubrir que se había cometido una “intromisión inaceptable en los asuntos internos del Estado”. Sullivan recibía información privilegiada de jefes policiales ecuatorianos sobre el narcotráfico y llegó a condicionar la cooperación logística y económica a la UIES al nombramiento de funcionarios recomendados por la su embajada. Finalmente, retiró de las dependencias policiales unos ordenadores con información vital sobre el tema.

Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos han sido bastante conflictivas en los últimos tiempos y las acusaciones de ingerencia en los asuntos internos del país andino son constantes. Entre las causas del malestar valdría la pena mencionar el futuro de la base de Manta y el ataque colombiano contra una base de las FARC en territorio ecuatoriano, donde resultó muerto el número dos de esta organización terrorista. En este último caso el gobierno de Correa planteó sus sospechas de una estrecha colaboración de Estados Unidos en el ataque. Del otro lado, los reproches se centran en el combate contra el narcotráfico, en el tratamiento dispensando a algunas empresas petrolíferas y en la política seguida con la deuda externa ecuatoriana.

El caso argentino es sensiblemente diferente ya que no se acusó a la CIA de inmiscuirse de forma abierta en sus asuntos internos, sino que se criticaron unas declaraciones de su nuevo director, Leon Panetta, quien advirtió en una conferencia de prensa sobre las posibles repercusiones negativas de la crisis financiera internacional en América Latina, especialmente en países como Argentina, Ecuador y Venezuela. Siguiendo el esquema iniciado por la presidenta Cristina Kirchner, cuando habló de una conspiración en su contra tras el inicio de un juicio por la introducción de maletas repletas de dinero venezolano, en esta ocasión le tocó el turno al ministro de Exteriores Jorge Taina. En su declaración el ministro señaló: “Tomamos conocimiento, con sorpresa y malestar, de las declaraciones de Panetta, director de la tristemente célebre CIA… Son irresponsables, infundadas e inmaduras”. Posteriormente dijo que por pedido expreso de la presidenta Kirchner, citó al embajador de Estados Unidos para “exigirle las explicaciones correspondientes ante estas lamentables palabras”.

La apelación a la conspiración, desde esta perspectiva, no deja de ser más que un burdo intento de maquillar los propios problemas y responsabilidades, a la vez que desnuda la incompetencia de quien realiza estas denuncias

En realidad, Panetta no había expresado la opinión oficial de la Agencia, sino que utilizó una elipsis, poniendo en boca de un supuesto visitante, lo que él creía era el difícil futuro económico de la región. Desde distintas instancias de la administración Obama se intentó quitar hierro al asunto y se ofrecieron las correspondientes excusas. Sin embargo, como señaló correctamente Joaquín Morales Solá desde su columna en La Nación: “El escándalo por las declaraciones del jefe de la CIA, Leon Panetta, sobre eventuales riesgos institucionales en la Argentina, tiene su explicación: el Gobierno se olvidó de la diplomacia y sólo confía en el drama del espectáculo callejero. ¿No habría sido más eficaz un discreto llamado a la administración de Obama para informarle sobre probables efectos negativos de esas declaraciones y pedir una rectificación? Hubiera sido más efectivo, pero habría carecido del teatro, de la épica y del melodrama, que son la única oferta de los que mandan”.

Al margen de la mayor o menor verosimilitud de los hechos, llama la atención la recurrencia de las denuncias, su carácter omnímodo y la falta de pruebas que generalmente suelen acompañarlas. La apelación a la conspiración, desde esta perspectiva, no deja de ser más que un burdo intento de maquillar los propios problemas y responsabilidades, a la vez que desnuda la incompetencia de quien realiza estas denuncias. No será exorcizando a la CIA como se resolverán los problemas latinoamericanos, sino llamando las cosas por su nombre y gobernando para el conjunto de la sociedad y no sólo para una parte de ella.