Afortunadamente para nosotros, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora desde 2004, en el marco de una investigación de ámbito europeo coordinada por Eurostat, la Encuesta de Condiciones de Vida, a partir de la cual podemos obtener el material numérico que posibilita una respuesta bien ajustada a la pregunta anterior. Y esa respuesta es, sin ninguna duda, negativa.

En efecto, el primero de los indicadores que el INE proporciona a este respecto es el índice de Gini. Con él se mide el grado de desigualdad existente en la distribución personal de la renta, de manera que los valores que adopta van desde el cero —que señala una completa equidad cuando todos los individuos perciben los mismos ingresos— hasta el cien —cuando toda la renta se concentra en un solo individuo—. Por tanto, cuanto más bajo es este indicador mayor el nivel de equidad distributiva o, si se prefiere, cuanto más elevada es su cuantía mayor es asimismo la desigualdad. Pues bien, si en 2004, cuando Rodríguez Zapatero entró a gobernar, el índice de Gini adoptó en España un valor de 30,7, cuatro años más tarde, en 2007, había aumentado en seis centésimas hasta situarse en 31,3. Es claro entonces que la equidad, lejos de mejorar, tal como sugiere la retórica del socialismo zapateril, ha empeorado, aunque lo haya hecho con modestia.

Entre mediados de los años setenta y el comienzo de la década de los noventa tuvo lugar en España un importante aumento de la equidad distributiva, de manera que las fuertes desigualdades heredadas de franquismo se fueron atenuando paulatinamente, aún a pesar de la crisis que afectó a la economía española hasta bien entrado el decenio de los ochenta

Otra forma más sencilla de medir la desigualdad es la ratio S80/S20 que relaciona la renta que está en manos del veinte por ciento de los hogares más ricos, con la que se encuentra en poder de la misma proporción de los hogares más pobres. Según el INE, en 2007, este cociente señalaba que los ricos tenían una renta 5,3 veces mayor que la de los pobres; y su posición relativa había mejorado desde cuatro años antes, pues en 2004 el valor del indicador era 5,1. Por tanto, también por esta vía se comprueba que la equidad ha ido empeorando durante la última legislatura.

Este nivel de desigualdad en la distribución de la renta es más elevado en España que en el promedio de los países de la Unión Europea, donde la ratio S80/S20 era 4,8 en 2005. Más aún, de los 27 países de la UE, sólo ocho —Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y el Reino Unido— presentan una menor equidad que España; y en uno más —Rumania— el nivel es el mismo. A su vez, la desigualdad es notoriamente inferior a la española —con una ratio S80/S20 en torno a 3,5— en Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Países Bajos, la República Checa y Suecia. Ello indica claramente que una mayor equidad no sólo es posible, sino que constituye un objetivo alcanzable para la política social española.

Las políticas sociales de Zapatero no han corregido este problema de erradicación de la pobreza por mucho que se haya proclamado que se han subido las pensiones mínimas, que se protege más a los desempleados, que se atiende a la dependencia o que se progresa en la igualdad de género

Pero para valorar esta última conviene situar los resultados de la legislatura socialista en una perspectiva temporal más amplia. Para ello viene muy bien la excelente síntesis que ha realizado para Caritas un equipo dirigido por Luís Ayala dentro del VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. De acuerdo con su análisis, entre mediados de los años setenta y el comienzo de la década de los noventa tuvo lugar en España un importante aumento de la equidad distributiva, de manera que las fuertes desigualdades heredadas de franquismo se fueron atenuando paulatinamente, aun a pesar de la crisis que afectó a la economía española hasta bien entrado el decenio de los ochenta. Esta «aparente paradoja de la contención de la desigualdad en una etapa de fuerte destrucción de empleo y profunda caída de la actividad económica se explica —señala el profesor Ayala— por la simultaneidad de factores muy distintos … (como) la quiebra del modelo de determinación salarial, … el desarrollo tardío de componentes básicos del sistema de protección social y de los instrumentos tributarios más progresivos». En suma, los gobiernos centristas de la época, y el socialista presidido por Felipe González, impulsaron un Estado del Bienestar que apenas se había desarrollado durante la dictadura; y como resultado de ese empujón se logró un nivel de equidad semejante al que exhiben los países desarrollados menos igualitarios.

Sin embargo, el impulso reformista, en lo que a la política social se refiere, se frenó con el acceso al poder del Partido Popular. Éste actuó bajo una inspiración extremadamente conservadora que veía en las acciones redistributivas del Estado un obstáculo a los incentivos al trabajo —una tesis ésta que no ha podido ser corroborada por los estudios empíricos—, ignoraba que los avances en la equidad tienen un efecto directo sobre el tamaño del mercado —con lo que se favorece la innovación tecnológica o, como ya apuntó Adam Smith en los capítulos iniciales de La riqueza de las Naciones, la división del trabajo— y confiaba en que los incrementos del empleo darían por resueltos todos los problemas distributivos. El gobierno de Aznar, creyéndose inspirado por la doctrina liberal, desoía así el consejo de los viejos maestros de esta escuela, para quienes la libertad económica no estaba reñida con el Estado Social. Léase si no a Hayek en su Camino de servidumbre cuando afirma que «los argumentos para que el Estado ayude a organizar un amplio sistema de seguros sociales son muy fuertes», hasta el punto de que «no hay incompatibilidad de principio entre una mayor seguridad, proporcionada de esta manera por el Estado, y el mantenimiento de la libertad individual». Y como fruto de esta confusión conceptual se introdujeron cambios fiscales que limitaron los efectos redistributivos de la imposición personal sobre la renta, a la vez que se limitó el crecimiento de las prestaciones sociales, especialmente las de carácter asistencial. En tales circunstancias el nivel de desigualdad se quedó estancado.

¿Podrían corregirse estos déficits sociales en una situación de crisis económica como la actual? Por lo general se suele sostener que la progresión en el Estado del Bienestar sólo es posible en períodos de expansión económica. Sin embargo, la experiencia española, como antes se ha señalado, desmiente esta presunción, pues fue precisamente durante la crisis de los setenta y ochenta cuando más se desarrollaron las políticas sociales

Con la entrada de Rodríguez Zapatero en el gobierno nada de esto cambió. El mismo conservadurismo que había alumbrado a su predecesor se mantuvo, aún cuando el discurso gubernamental anunciaba mejoras para los más desfavorecidos. Pero no confundamos la retórica con la política práctica: el gasto social, que había venido descendiendo en términos relativos desde hacía una década, acabó situándose en el veinte por ciento del PIB, con lo que el esfuerzo español en esta materia se quedó en un nivel equivalente al 76,5 por 100 de la media de la Unión Europea. Y lo mismo puede decirse en el terreno fiscal. Así, la única reforma del IRPF firmada por Zapatero —la de 2007— ha tenido dos efectos redistributivos que difícilmente redundarán en un aumento de la equidad. Por una parte, como se ha destacado por la Fundación de las Cajas de Ahorros, ha hecho caer los tipos impositivos medios para todos los contribuyentes, aunque de una forma más intensa para los que obtienen las rentas más bajas y las más altas, sin incidir a penas entre los de rentas medias. Y, por otra, ha escindido el impuesto en dos, de manera que los rendimientos del ahorro y las ganancias del capital tributan según un tipo único más bien reducido del 18 por 100, mientras las del trabajo lo hacen sobre una escala variable que va desde el 24 hasta el 43 por 100. Conviene recordar con respecto a esto último que los rendimientos del capital mobiliario son obtenidos principalmente por las personas más adineradas del país, pues no en vano el 70 por 100 de la riqueza financiera está en manos del 10 por 100 de la población. Y si a todo ello se le añade la reciente supresión del impuesto sobre el patrimonio, que implica una mejora de la renta de los más ricos en unos 2.100 millones de euros, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que con Zapatero el socialismo ha culminado la contrarrevolución fiscal que emprendió su predecesor en el gobierno.

No sorprenderá entonces que en los últimos años apenas se hayan registrado avances en la erradicación de la pobreza dentro de España. Si en 2004 la Encuesta de Condiciones de Vida cifraba la tasa de pobreza relativa en el 19,9 por 100 de la población, en 2007 apenas la había rebajado en dos décimas, quedando en el 19,7 por 100. Ello significa que casi uno de cada cinco españoles viven con una renta inferior al 60 por 100 del valor de la mediana de la distribución de la renta. Tal proporción está lejos de la media europea —que se sitúa alrededor del 15 por 100— y contrasta con la de países como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia, donde sólo uno de cada diez ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de pobreza. Las políticas sociales de Zapatero no han corregido este problema por mucho que se haya proclamado que se han subido las pensiones mínimas, que se protege más a los desempleados, que se atiende a la dependencia o que se progresa en la igualdad de género. Y así los mayores riesgos de pobreza se registran entre los pensionistas, los parados, los incapacitados, las mujeres y los niños. Es decir, en los segmentos de población que no han visto progresar la política social, pues en España, por comparación con los países más avanzados de Europa, existe un auténtico déficit en materias como las pensiones de viudedad y orfandad, el subsidio de desempleo, los servicios y prestaciones para las personas dependientes, la corrección de las discriminaciones salariales por sexo y las prestaciones económicas para la infancia.

¿Podrían corregirse estos déficits sociales en una situación de crisis económica como la actual? Por lo general se suele sostener que la progresión en el Estado del Bienestar sólo es posible en períodos de expansión económica. Sin embargo, la experiencia española, como antes se ha señalado, desmiente esta presunción, pues fue precisamente durante la crisis de los setenta y ochenta cuando más se desarrollaron las políticas sociales —y, con ellas, más se corrigieron las desigualdades—, y ha sido durante la última década de crecimiento cuando ese desarrollo se ha frenado. Por ello, incluso en las actuales circunstancias, cabe reclamar al Estado un mayor compromiso social que vaya cerrando paulatinamente la brecha que nos separa de la Europa más avanzada. Bueno será entonces que el socialismo abandone la demagogia zapateril para ponerse a la tarea de recuperar sus viejos planteamientos de equidad, y la derecha se libere de sus prejuicios contra la redistribución y recobre en esto la mejor tradición liberal.