A finales de septiembre pasado la prensa boliviana, con titulares más o menos parecidos, daba cuenta de la siguiente noticia: “Anuncian sindicatos oficialistas que cercarán Congreso boliviano por nueva Constitución”. Ante el anuncio de los partidos opositores de que sus legisladores, con los votos que legítimamente representan, bloquearán en la Cámara cualquier convocatoria a un referéndum para aprobar la nueva Constitución, la respuesta del oficialista MAS (Movimiento al Socialismo) y de los movimientos sociales que lo integran fue contundente. A partir del 13 de octubre los sindicatos campesinos y obreros partidarios del gobierno cercarán el Parlamento para obligar a diputados y senadores a aprobar la ley de convocatoria a la consulta sobre el texto constitucional. Lo más curioso del caso es que el presidente Evo Morales participó de la reunión que tomó semejante decisión y la avaló con sus palabras y sus hechos.

Sin embargo, no es la primera vez, desde la llegada de Evo Morales al poder, que ocurren fenómenos semejantes. A fines de noviembre de 2006 el Senado debía aprobar un proyecto de ley que creaba el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Como las perspectivas señalaban la posibilidad de una derrota gubernamental, grupos afines al MAS impidieron el ingreso en el recinto de los parlamentarios opositores, poniendo cerco al Congreso desde 48 horas antes del comienzo del pleno. Como carecían de quórum propio, habilitaron a dos senadores suplentes de la oposición, previamente convencidos de votar a favor, de modo que se pudiera aprobar la Ley INRA, así como 44 contratos petroleros y se convalidara un acuerdo de cooperación militar con Venezuela.

Los constituyentes masistas decidieron reunirse de forma semi clandestina, y sin la participación de la oposición, a fin de aprobar el nuevo texto constitucional, en una actitud claramente contraria en el texto legal que reglamentaba la convocatoria de la Asamblea y su funcionamiento

Un año después, el MAS, que había perdido el control del Senado, volvió a movilizar a sus huestes, con motivo de la discusión de otras medidas especialmente sensibles para la política social del gobierno. Y al igual que en el pasado, mineros, cocaleros, campesinos y pobladores de El Alto pusieron cerco al Parlamento. En esta oportunidad se trataba de aprobar el nuevo reparto del Impuesto de los Hidrocarburos (IDH), que implicaba menos dinero para las regiones y universidades. Nuevamente, los senadores oficialistas, más los mismos senadores suplentes, sacaron adelante la propuesta del gobierno, que también implicaba el pago de la renta Dignidad, una especie de pensión no contributiva para los mayores de 60 años consistente en el pago de 200 bolívares mensuales.

La Asamblea Constituyente conoció formas similares de democracia directa y participativa. En 2007 los movimientos sociales masistas cercaron el teatro Gran Mariscal, de Sucre, donde se estaba discutiendo la nueva Constitución. Esta vez el temor eran las presiones de los chuquisaqueños que exigían la capitalidad plena para su ciudad. Después de unos serios desórdenes, que terminaron con víctimas mortales, los constituyentes masistas de la Asamblea decidieron reunirse de forma semi clandestina, y sin la participación de la oposición, en Oruro, a fin de aprobar el nuevo texto constitucional, en una actitud claramente contraria en el texto legal que reglamentaba la convocatoria de la Asamblea y su funcionamiento.

La matanza de Pando evidenció hasta dónde pueden llegar estos conflictos cuando se apuesta por la movilización popular y no por la negociación política

No se crea, pese a todo, que estas formas de democracia popular son nuevas. Los presidentes Sánchez de Lozada (Populismo y democracia representativa en América Latina) y Carlos Mesa fueron forzados a renunciar después de numerosos bloqueos de caminos y movilizaciones de los movimientos sociales. Una vez Evo Morales en el poder, la oposición comenzó a poner en práctica métodos similares, que alcanzaron su máxima expresión en los últimos meses, cuando se produjo la pulseta (pulso en jerga boliviana) en torno al reparto del IDH y a la cuestión autonómica. La matanza de Pando evidenció hasta dónde pueden llegar estos conflictos cuando se apuesta por la movilización popular y no por la negociación política.

Después de los sucesos de Pando el gobierno boliviano, respaldado por Hugo Chávez, comenzó a hablar del “golpe de estado autonómico o cívico – prefectual”, por las fuerzas cívicas que respaldan a los prefectos autonómicos. La protesta era contra la imposición, por la vía de los hechos y de la movilización popular, de reivindicaciones específicas de la oposición. Según se ve, los métodos empleados desde el poder en las negociaciones en marcha, con mediación internacional, no son muy diferentes.

He ahí las limitaciones claras y precisas de la democracia directa y participativa, especialmente cuando los grupos políticos y sociales son capaces de movilizar a grupos enfrentados entre sí. Entonces aparece la lógica de la violencia y de la fuerza y quien tiene la razón, toda la razón, es aquel capaz de movilizar más o de imponerse por la fuerza a sus enemigos, que no adversarios. La liquidación del contrario se impone al diálogo y a la búsqueda de consensos, en una espiral nefasta que tiende, lamentablemente, a la anomia social.