La llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999, daría lugar a un insólito período en la historia constitucional latinoamericana. Su idea de una Asamblea Constituyente originaria y plenipotenciaria modificó radicalmente las reglas de juego y para ello fue necesario convocar referéndums que de alguna manera legitimaran lo actuado por quienes fueron convocados a partir de una ilegalidad manifiesta. Esta historia puede ser seguida posteriormente en Bolivia y Ecuador, donde se decidió transitar igualmente la senda de la reforma constitucional. Nuevamente volvió a emerger la idea de las asambleas originarias, dotadas según sus impulsores de la legitimidad proveniente del poder popular, vía referendo, y no de las leyes previamente existentes.

En Ecuador ocurrió algo similar a Venezuela. No sólo el presidente Rafael Correa vació de contenido al parlamento en marzo de 2007, instalando en lugar de diputados opositores a parlamentarios suplentes, más afines al oficialismo, sino también hizo aprobar de prisa y corriendo un proyecto constitucional caracterizado por numerosas incongruencias, sonados errores y una casuística imposible de llevar a la práctica de no mediar la gran concentración de poder en manos presidenciales. En Bolivia, más allá de las peculiaridades de todo el proceso constitucional, que se llevaron por delante la voluntad de un amplio consenso nacional manifestada por los legisladores, el Parlamento se inventó una elección revocatoria claramente anticonstitucional y ahora es el presidente Morales quien por medio de un decreto sin ningún sustento en la legislación actualmente vigente decidió convocar un referéndum para aprobar la nueva Constitución.

El enorme pragmatismo de las sociedades latinoamericanas es lo que permite explicar, una vez más, aquello de que el fin justifica los medios

Los ejemplos no terminan aquí. En Perú, una parte de la oposición, especialmente la más vinculada a Ollanta Humala, quiere convocar un referéndum revocatorio a fin de que el pueblo hable. Sin embargo, se da la circunstancia de que tal extremo no está contemplado por la Constitución, ya que no hay ninguna ley que permita una medida semejante de participación popular. En Paraguay, el recién elegido presidente Fernando Lugo afirmó que no tendría inconveniente en convocar un referéndum para dinamizar la participación popular en contra de un Parlamento controlado por las fuerzas de la oposición.

Partiendo de la idea de que la democracia no es el respeto a las reglas de juego sino únicamente a la voluntad popular, expresada a través de los caudillos nacionales y líderes locales y regionales que controlan los movimientos sociales y las movilizaciones de masas, cualquier avance sobre las instituciones termina siendo tolerado. El enorme pragmatismo de las sociedades latinoamericanas es lo que permite explicar, una vez más, aquello de que el fin justifica los medios.

Las leyes no están hechas para ser respetadas sino para ser vulneradas por los poderosos, por quienes detentan el gobierno o la riqueza, cuantas veces se estime necesario

Hay en la historia latinoamericana, al menos en buena parte de los países de la región, una tendencia patológica y casi compulsiva a reinventar la rueda con cada cambio de gobierno. Esto se observa en la trayectoria de las constantes reformas constitucionales, que con una alternancia espasmódica en algunos casos, cambian las reglas de juego a la primera de cambio. No sólo eso. Cada recién llegado descalifica radical y absolutamente a su predecesor, o a sus predecesores, de forma tal que el comienzo de la era cristiana se produce en ese momento. Así, por ejemplo, hay un antes y un después en la historia argentina antes de la llegada de Néstor Kirchner al poder, y lo mismo se puede decir de Bolivia con Evo Morales, de Venezuela con Hugo Chávez o de Ecuador con Rafael Correa. De este modo, cualquier intento de acumular capital, sea capital humano, capital social o capital físico, resulta imposible.

En 1970, el matrimonio formado por Stanley y Barbara Stein publicaba La herencia colonial de América Latina, un libro que en su versión española ya va por la 27ª edición. Se trataba en él de ver cuáles eran las estructuras coloniales ibéricas que según los cánones de la teoría de la dependencia permitían explicar el atraso y el subdesarrollo de la región. Los latifundios, el feudalismo, la burocracia, la iglesia, eran, entre otras, causas profundas, según los autores, del revival neocolonial ocurrido a partir del siglo XIX. Buscar la herencia colonial nos puede llevar a callejones sin salida, aunque hay una vieja práctica de aquel entonces, que con sus matices y actualizaciones sigue plenamente vigente. Se trata de la práctica que señala que las leyes no están hechas para ser respetadas sino para ser vulneradas por los poderosos, por quienes detentan el gobierno o la riqueza, cuantas veces se estime necesario.

La existencia de más poderes o más funciones no significa en absoluto la existencia de más transparencia o más control por parte de la ciudadanía

En la liturgia colonial era frecuente que el funcionario de turno, haya sido virrey, gobernador o presidente de Audiencia, cogiera la cédula que contenía la norma recién llegada desde la Península, y tras llevársela a la cabeza en señal de respeto pronunciara la fórmula ritual de se acata pero no se cumple. Para eso mismo siguen estando, según nuestros líderes populistas, las leyes y las constituciones actuales, para vulnerar su contenido cuando se lo estime oportuno. Si se observa lo ocurrido con la Constitución Bolivariana de Venezuela, promulgada el 17 de noviembre de 1999, la conclusión no puede ser menos contundente. Pese a ser redactada a imagen y semejanza del presidente, el comandante Chávez no ha hesitado mínimamente cuando se trataba de vulnerarla.

La nueva oleada de constituciones gusta hablar de la democracia participativa y con el ánimo de impulsarla ha creado nuevos y originales poderes. Así, por ejemplo, en Venezuela junto a los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos al poder ciudadano y al poder electoral. En Ecuador y Bolivia, en lugar de poderes, según la terminología clásica, se optó por un modelo más funcionalista y así encontramos la Función electoral y de los procesos de participación democrática y la Función de control en el texto ecuatoriano y las funciones electoral, de contraloría y de defensa de la sociedad en el proyecto boliviano. Sin embargo, y esto es lo más preocupante, a la vista de la gestión de los respectivos gobiernos y de su poco apego por el reforzamiento institucional: la existencia de más poderes o más funciones no significa en absoluto la existencia de más transparencia o más control por parte de la ciudadanía. Por lo general, todos los nuevos textos han tendido de una manera brutal al reforzamiento del poder presidencial.