En mi opinión, las medidas contenidas en el Real Decreto–Ley (RD-L) se han concebido en función de un diagnóstico desacertado acerca de la situación real de la economía española en el momento actual. España participa plenamente de la crisis económica internacional, como muestra la fuerte desaceleración de todos los indicadores coyunturales, el empeoramiento del déficit exterior, la ampliación del diferencial de inflación con la zona del euro —expresiva del deterioro de la relación real de intercambio—, las severa reducción de la recaudación fiscal en todos los impuestos sobre el consumo, en especial en el IVA, y la reducción misma del gasto de los consumidores, la deflación en el sector inmobiliario —paralela al aumento de las crisis empresariales del sector que se reflejan en un aumento de las suspensiones de pagos—, el racionamiento del crédito bancario, la elevación de los tipos de interés y el aumento del desempleo.

Sin embargo el RD-L concibe esa situación como una mera perturbación adversa de corto plazo. Ello está determinado por el interés que tiene el Gobierno en reafirmar el discurso del Presidente durante la campaña electoral y en su investidura, aunque tal actitud implique una palmaria falta de realismo. Y, como fruto de esa orientación, las medidas adoptadas no responden a las necesidades reales de la economía española.

El Gobierno debería haber presentado un plan económico con dos objetivos básicos: por una parte, la estabilización de la demanda, principalmente la de inversión; y por otra, la mejora de la competitividad de las empresas españolas para corregir el déficit exterior y el diferencial de inflación. Sólo de esta manera la política económica hubiera podido orientarse hacia la corrección de los problemas estructurales que aquejan al sistema productivo, haciéndolo más capaz de proyectarse sobre los mercados internacionales y de generar empleo en unas condiciones financieras adversas, como son las actuales.  No ha sido así.

Por el contrario, las medidas del RD-L son meros parches coyunturales que, por su concepción, pueden acabar produciendo efectos contrarios a los deseados. La principal de esas medidas se refiere a la deducción de 400 € en la cuota del Impuesto sobre la Renta para los perceptores de rentas del trabajo o rendimientos de actividades económicas. Esta medida es:

• Regresiva, pues deja fuera de su ámbito de aplicación, total o parcialmente, a los perceptores de rentas bajas. Así, se estima que 1.736.000 contribuyentes no lograrán obtener la totalidad de la deducción por carecer de cuota suficiente al ser su renta baja. Y otro tanto ocurrirá con varios millones más que ni siquiera están obligados a presentar declaración del IRPF. Los más pobres quedan fuera del manto benefactor de Rodríguez Zapatero, lo que no deja de ser un buen indicador de los planteamientos demagógicos de su política social.
• Muy costosa en términos económicos, pues, según ha señalado el Ministro de Economía, se espera que con ella el PIB experimente un incremento del 0,2 %, cuando su coste, estimado en 5.698 millones de €, equivale aproximadamente al 0,6 % del PIB. Es decir, el coste de deducir 400 € de la cuota de los contribuyentes del IRPF es tres veces mayor que los beneficios que el Gobierno espera obtener de esta medida.
• E inflacionista. Por su instrumentación, la rebaja fiscal propuesta por el RD-L será percibida por los operadores económicos como una mejora transitoria de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y autónomos. Recuérdese que la mitad de la cifra se va a obtener antes del verano y el resto se reparte en los seis meses siguientes. Ese carácter transitorio implicará que no se van a inducir incrementos significativos en la oferta, como el mismo Gobierno prevé al señalar que su impacto en el PIB será del 0,2 %. Por tanto, nos encontraremos con un aumento nominal de la demanda muy superior al incremento de la oferta real; y ello supondrá que, para que se produzca el ajuste entre oferta y demanda tendrán que elevarse los precios. En consecuencia, la medida adoptada por el Gobierno en vez de contribuir a frenar la inflación y a reducir su diferencial con la zona del euro, va a propiciar todo lo contrario, agravando así uno de los problemas esenciales que tiene la economía española. Añadiré, a este respecto, que difiero de la apreciación del Banco de España que, en su último informe de coyuntura, apuesta por un incremento del ahorro derivado de la devolución del impuesto sobre la renta, ahorro que, a su vez, irá a financiar la elevación de los tipos de interés de las hipotecas.

Por tanto, el paquete fiscal del RD-L no va a contribuir a la estabilización de la economía, como sugiere el preámbulo de esta norma, sino más bien todo lo contrario. Tampoco estas medidas van a ayudar a mejorar la eficiencia de la economía española, como también señala el preámbulo del RD-L, al no propiciar ni la reasignación de recursos a las actividades de mayor productividad, ni la mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, ni la mejora de la posición competitiva de las empresas españolas, tanto en el mercado interno como en los exteriores.

A este respecto, las únicas medidas que pueden tener una valoración positiva, por favorecer esa reasignación de recursos, son las referentes al empleo, singularmente a los incentivos a la movilidad geográfica de los trabajadores. Sin embargo, estas medidas son demasiado estrechas, demasiado limitadas, y por consiguiente sus efectos también lo serán. En particular:

• Se han concebido como medidas de carácter excepcional y, por tanto, temporalmente limitadas. Son medidas transitorias.
• Se refieren a un grupo singular de trabajadores —los expuestos a exclusión del mercado laboral— que se espera que queden desempleados como consecuencia de la crisis en el sector inmobiliario.
• Más aún, el RD-L promete una ayuda de 350 € durante tres meses a esos trabajadores mientras se reinsertan en el mercado de trabajo. Y el Gobierno ha previsto para ello un gasto de cinco millones de euros. Hagamos la cuenta y veremos que sólo 4.762 personas se podrán beneficiar de la ayuda gubernamental. ¿Es esta la política social de la que tanto presume el partido socialista? Indudablemente sí.

Por tanto, los efectos beneficiosos que puedan derivarse de las medidas laborales serán muy limitados tanto en el tiempo como en relación a los trabajadores que se puedan acoger a ellas. Desde mi punto de vista, hubiese sido deseable plantear las ayudas a la movilidad laboral con un carácter permanente y generalizado y no como una mera acción coyuntural para unos pocos meses y unos pocos trabajadores en desempleo.

En resumen, el Gobierno ha planteado un programa económico que no responde a los graves problemas con los que se enfrenta la economía española. Un programa desenfocado con respecto a la verdadera naturaleza de la crisis internacional en la que España participa. Y un programa, también, cuyos efectos previsibles, en especial los de las medidas fiscales, van a ser contraproducentes.