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La "jornada de lucha" del 11 de diciembre de 1975
Por Juan José Gallardo, miércoles, 28 de febrero de 2007
Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, se abrió un período de fuerte conflictividad social y laboral que tuvo, en los meses de diciembre de ese año y enero de 1976, un carácter masivo en todo el país.
Estas movilizaciones fueron impulsadas por todo tipo de organizaciones políticas, laborales y ciudadanas. Tenían como objetivo declarado dos cuestiones fundamentales:
- La amnistía. La liberación de todos los presos políticos que poblaban las cárceles era un clamor impresionante en toda España. El indulto otorgado por el rey Juan Carlos el 25 de noviembre era considerado insuficiente y políticamente suponía simplemente un perdón, una concesión generosa del sucesor de Franco (aunque había supuesto la libertad de importantes personalidades de la oposición antifranquista, como Marcelino Camacho). La amnistía, sin embargo, suponía que el encarcelamiento de los opositores a la dictadura no era legítimo y políticamente significaba no el perdón, sino el reconocimiento como justas de todas aquellas acciones que habían llevado a cabo y por las cuales fueron condenados. La amnistía era reconocer la ilegalidad del franquismo.
Las peticiones de amnistía durante aquellos dos meses fueron numerosísimas. La prensa diaria de Barcelona, sobre todo Tele-Exprés, publicaba diariamente una relación de entidades o personalidades que exigían la amnistía. Iban desde el cardenal Jubany, pasando por las Juntas de Gobierno de las tres Universidades catalanas, el Colegio de Economistas o la Asociación de la Prensa de Barcelona hasta delegados sindicales, asambleas de trabajadores, Institutos de Enseñanzas Medias, Cooperativas, etc. Incluso algunos ayuntamientos cuyos ediles comenzaban a distanciarse del continuismo franquista.
- El segundo objetivo de las movilizaciones era el rechazo de las medidas económicas del gobierno interino y del primer gobierno de la monarquía. Estas medidas contemplaban una congelación salarial que era rechazada por los trabajadores (en aquellos momentos la congelación salarial aplicada por el gobierno contemplaba que las subidas de salarios sólo podían llegar a un máximo de dos puntos por encima del índice del coste de la vida). La influencia de la crisis del petróleo de 1973 comenzaba a sentirse con fuerza en la economía española y la respuesta del gobierno pasó por un ajuste económico que se alejaba del triunfalismo característico de los años del desarrollismo.
Una muestra del descontento laboral existente fue la exposición que enlaces sindicales de distintos ramos de la producción de Badalona, Santa. Coloma y San Adrián del Besós hicieron ante el delegado provincial de sindicatos Riverola Pelayo. Junto a la reivindicación de un sindicalismo independiente del gobierno y la patronal, uno de los problemas concretos que planteaban era:
“... su enérgica denuncia de la prolongación del decreto de congelación de salarios, por entender que lesiona los intereses de la clase obrera, haciendo que nuestro salario tenga cada día menos valor adquisitivo, dado que a la vez se autoriza la subida de precios energéticos, lo cual tendrá una incidencia en los artículos de primera necesidad y por la situación desventajosa de los trabajadores ante los próximos convenios colectivos a negociar.”
No se olvidaba el escrito de exigir la amnistía general para los presos políticos y sindicales, así como la vuelta de los exiliados. Aunque estos dos aspectos eran los señalados habitualmente en las movilizaciones, estas tuvieron un objetivo claro: conseguir la ruptura política con la dictadura impidiendo cualquier intento de continuismo:
“Avui amb Juan Carlos como ahir amb Franco, no hi ha cap possible sortida democràtica sense ruptura. No un canvi evolutiu que vagi donant parcel.les de “llibertat”, sino un trencament amb les institucions del franquisme que doni la paraula al poble, amb AMNISTIA, amb LLIBERTATS POLITIQUES per a tothom sense discriminacions, amb ELECCIONS LLIURES A CORTS CONSTITUENTS, tot això acompanyat de la instauraciò a Madrid d’un GOVERN PROVISIONAL DE RECONCILIACIÓ I UN GOVERN PROVISIONAL DE LA GENERALITAT a Barcelona.”
(Hoy con Juan Carlos como ayer con Franco, no hay salida democrática posible sin ruptura. No un cambio evolutivo que vaya dando parcelas de “libertad”, sino una ruptura con las instituciones del franquismo que dé la palabra al pueblo, con la AMNISTIA, con LIBERTADES POLITICAS para todos sin discriminaciones, con ELECCIONES LIBRES A CORTES CONSTITUYENTES, todo esto acompañado de la instauración en Madrid de un GOBIERNO PROVISIONAL DE RECONCILIACIÓN Y UN GOBIERNO PROVISIONAL DE LA GENERALIDAD EN BARCELONA)
Este objetivo político de las movilizaciones no escapaba a las propias autoridades, como muy claramente ponía de manifiesto un informe de la agencia Logos sobre lo que llamaba “una campaña de agitación subversiva”:
“Se ha podido saber que la campaña de agitación subversiva iniciada estos días últimos, tiene unos objetivos concretos y programados con antelación por los grupos subversivos. La finalidad última es hacer imposible la evolución pacífica de la situación española dentro de la serenidad que la inmensa mayoría del pueblo español desea, según ha quedado de manifiesto en los acontecimientos de las últimas semanas; la finalidad inmediata es la de provocar manifestaciones, detenciones, paros, tendentes sobre todo a crear una cumbre de inquietud en la semana que va desde hoy al martes próximo, día 16. Las consignas que se han dado a los grupos subversivos es dejar en libertad a los responsables de cada provincia o región para que elijan alguno de estos días para la fecha clave en el lugar. Para Madrid esa fecha para provocar incidentes ha sido ya señalado. La propaganda inicial de base, ha buscado problemas que puedan encontrar un eco más fácil entre la masa, como el aumento de los precios derivados de la inflación, y el de la “congelación salarial”, exageradamente denominada así en la propaganda subversiva, ya que no se trata exactamente, de una “congelación salarial” puesto que se autoriza un aumento de salarios incluso por encima del porcentaje de crecimiento del costo de la vida, pero fijando un tope de hasta dos o tres puntos.
Las consignas pretenden crear en el mundo laboral huelgas, paros y asambleas; en los centros de enseñanza huelgas, manifestaciones y también asambleas; y en los barrios se quiere lanzar la misma consigna que ha fracasado en ocasiones anteriores: boicot a los mercados y concentración de público con ánimo de provocar tensión fuerte a la fuerza pública, de donde pueda surgir algún incidente grave o víctima, sobre los que montar nuevos incidentes.
Por los informes confidenciales que ha podido captar la policía y en las que se contienen las órdenes y sugerencias de los órganos subversivos de decisión a sus afiliados, se sabe que la estrategia subversiva, principalmente del Partido Comunista y de sus colaboradores, para el delicado momento en que diera en España sus primeros pasos la Monarquía, tras la muerte de Franco, iba dirigida a conseguir una acción política inmediata y directa en la calle, aun antes de que mediante reformas legales se crearan unas posibilidades más abiertas que en la situación anterior, con objeto de que o se tolerase una ilegalidad creciente, o al reprimirla, montar campañas de desprestigio en el interior y, sobre todo en el exterior, sobre la base de que no había propósito alguno de apertura democrática en la nueva Monarquía. Se trata, en definitiva, al parecer, de boicotear cualquier posibilidad de evolución pacífica para lo que han creído que deben intensificar la campaña en estos momentos en que las más altas responsabilidades de España están empeñadas en la creación de un nuevo gobierno, con la consiguiente situación de espera en la definición de la nueva política.” (Signos de puntuación así en el original).
La visión del comentarista (posiblemente un comunicado del Ministerio de la Gobernación dirigido por el reformista Fraga) era acertada en cuanto a los objetivos políticos de las movilizaciones, pero afirmaba esperanzas democráticas en las que nadie creía, pues se consideraba imposible, en los círculos de la oposición y para la mayoría de los analistas políticos, que el propio régimen se “suicidara” para dar paso a aquello contra lo que había luchado durante cuarenta años: el pluralismo político, la libertad sindical, el derecho de huelga, etc.
Fue en este contexto de ebullición política y social cuando se produjo la detención y tortura de los vecinos de Sta. Coloma. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática (y en Cataluña la Asamblea de Cataluña) lanzaron un llamamiento conjunto a una “jornada de lucha” en todo el Estado para el jueves 11 de diciembre. Por jornada de lucha debía entenderse cualquier tipo de acción reivindicativa o movilización social con una clara petición de amnistía, libertades democráticas y contra las medidas económicas del gobierno. Pero se trataba, sobre todo, de realizar una huelga en los sectores productivos lo más amplia posible:
“Desde hace aproximadamente una semana gran cantidad de octavillas, pancartas y pintadas se habían venido produciendo por las calles de la ciudad, intensificándose en las zonas suburbanas y en el cinturón industrial. Se hablaba en medios obreros, de llevar a término una jornada de protesta pacífica con carácter generalizado. Esta es, sin duda, la primera manifestación ilegal importante producida en Barcelona y su provincia desde que el rey Juan Carlos I asumió el poder.”
Los resultados de las movilizaciones fueron muy desiguales aquel día. Según los datos suministrados por la agencia oficial de noticias Cifra, hubo paros en 101 empresas de Barcelona de las 147.581; pararon 32.000 trabajadores de un censo de casi un millón y se perdieron 63.353 horas de trabajo, lo que representaba sólo el 0,63 %.
Según informaciones recogidas por Grama (enero de 1976) de fuentes sindicales, los trabajadores en huelga sobrepasaron los 80.000. La prensa diaria recogió de manera importante los efectos de la movilización. El diario Tele-Exprés señalaba:
“En cuanto a nuestras propias fuentes, permiten valorar que los ramos más afectados fueron la construcción, especialmente la comarca de Badalona, Banca, Confección, Metal y Químicas.”
Ante estos últimos datos tenemos que señalar dos cosas:
- Que los mayores efectos se producen en los sectores más importantes de la actividad productiva, destacando la construcción, sector en plena expansión en aquella época y en el que trabajaban Téllez, Moya y Alejo.
- Que fue la zona de Badalona, donde actuó el piquete informativo compuesto por Alejo y Moya, entre otros, una de las más afectadas por las movilizaciones:
“En el sector de la construcción se mantuvieron en huelga durante toda la mañana una veintena de obras ubicadas en los barrios de LLefiá y LLoreda, y algunas en Pomar y centro urbano (en Badalona).”
Esto nos permite concluir que la actuación de estos militantes colomenses el día 11 fue muy importante para el éxito de la “jornada de lucha” en su zona.
En la propia Sta. Coloma aquel día se sucedieron actos de relieve, como fueron las numerosas peticiones de amnistía (62 diferentes asociaciones de la ciudad; 14 ex-presos políticos colomenses; el claustro de profesores del, por entonces, único Instituto de Bachillerato, etc.)
En el terreno laboral hubo paros en algunas obras de construcción; en una pequeña empresa del metal -Talleres Adell Riera, TARSA- los trabajadores pararon veinte minutos; y el Instituto paró completamente.
Alrededor de la siete de la tarde, convocada por Comisiones de Barrio, se realizó una manifestación por la calle San Joaquín, sin intervención de la policía. A las 8.30 de la tarde, en la Plaza de la Vila, se concentraron unas 600 personas que acompañaban a una comisión de ciudadanos que hicieron entrega de un manifiesto al alcalde Blas Muñoz, donde se pedía su dimisión y se decía:
“Consideramos sinceramente que en Sta. Coloma existen todavía soluciones posibles para alcanzar una vida digna, cuya realización está condicionada a la existencia de un clima de libertades en el que la población pueda reunirse, discutir y solucionar libremente sus problemas, eligiendo para la gestión de sus asuntos a representantes ajenos a otros compromisos e intereses.”
Terminada sin éxito la reunión con el alcalde unos 400 manifestantes recorrieron la Rambla de San Sebastián y la calle Irlanda a los gritos de “Dimisión”, “Amnistía”, “Libertades Democráticas”, etc. La manifestación fue disuelta contundentemente por la fuerza pública.
El día 11 de diciembre fue, por lo tanto, un día conflictivo socialmente y coincidió con el nombramiento del primer gobierno de la monarquía. Presidido por Arias Navarro, su hombre fuerte era, sin embargo, Manuel Fraga. Este asumió como un reto el Ministerio de la Gobernación, encargado del orden público. Ante las fuertes movilizaciones sociales, Fraga asumía el ministerio más comprometido, y su actuación desde el mismo terminaría por convertirse en un test de sus reales pretensiones aperturistas. El “caso Téllez”, entre otros muchos acontecimientos ocurridos en el país durante su mandato, puso a prueba los límites del reformismo de Fraga, nada más tomar posesión de su cargo, en uno de los aspectos básicos de cualquier comportamiento civilizado y democrático: las prácticas de torturas en los cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Y no nos referimos tanto a que dependiese de Fraga evitar ese comportamiento de sus subordinados (que de todas formas era su responsabilidad), sino a su compromiso real en delimitar las posteriores responsabilidades y exigir un castigo justo a los culpables. Las declaraciones de buena voluntad sólo podían contribuir a incrementar el escepticismo respecto al espíritu democratizador de la monarquía. Así se ponía de manifiesto en una octavilla de la organización del PSUC en Sta. Coloma denunciando lo ocurrido a Francisco Téllez:
“A pesar de la tolerancia -forzada por la presión democrática del país- que el primer gobierno del rey manifiesta hacia actividades reivindicativas y democráticas hasta hace poco duramente reprimidas, subsiste la práctica degradante de la tortura.(...). El rey y su gobierno, Arias y todos sus ministros, empezando por el de Gobernación -Fraga- están encubriendo este crimen y convirtiéndose en cómplices del mismo. Prometen “liberalización” y “democracia”, pero ¿puede haber democracia con prácticas de esta clase?.”
Francisco Téllez había sido detenido durante la represión que la Brigadilla Especial de la Guardia Civil había realizado durante la “jornada de lucha”. Ese mismo día ya habían sido detenidos Alfonso Moya, Alejo Castellanos y Emilio Contreras. Fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil de Badalona, situado en la calle Eduardo Maristany (tras las vías del tren y frente a la playa) y mantenidos incomunicados durante tres días en aplicación de la Ley Antiterrorista. Cuando el día 14 de diciembre fueron conducidos al Palacio de Justicia de Barcelona todos presentaban síntomas de haber sufrido una brutal paliza: pies hinchados, uñas arrancadas, hematomas diversos, etc. El que presentaba peor aspecto era Francisco Téllez hasta el punto de que, tras un reconocimiento por el médico forense del Juzgado de Guardia, el propio juez ordenó su inmediato traslado –aunque en calidad de detenido- al Hospital Clínico de Barcelona, donde permaneció en cuidados intensivos hasta el 31 de diciembre. Los otros tres detenidos fueron conducidos a la cárcel Modelo, donde permanecieron hasta el 29 de diciembre en que salieron en libertad provisional bajo fianza.
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NOTA DE LA REDACCIÓN: Este texto ha sido extraído del libro de Juan José Gallardo que lleva por título Tortura y transición democrática. El caso Téllez (Ediciones Carena, 2004). Queremos hacer constar nuestro agradecimiento al director de Edciones Carena, José Membrive, por su gentileza al facilitar la publicación de dicho texto en Ojos de Papel.