Análisis/Política y sociedad latinoamericana
Bolivia: balance de un año con Evo Morales
Por Carlos Malamud, jueves, 1 de febrero de 2007
En enero de 2007 se cumplió un año de gobierno de Evo Morales. Desde entonces mucha agua ha corrido por los turbulentos ríos de la política y la economía bolivianas. Con un 59% de respaldo popular Morales sigue generando optimismo en buena parte de sus conciudadanos, aunque algunos de los mitos que rodearon su toma de posesión han comenzado a ser cuestionados. Mientras el balance económico, especialmente el macroeconómico, es positivo, desde el punto de vista político y social los resultados no son tan esperanzadores.
Después de ganar de forma abrumadora las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, surgieron grandes expectativas sobre el gobierno de Evo Morales, tanto dentro de Bolivia como fuera de ella. Los bolivianos lo votaron de forma masiva cansados de no tener respuestas satisfactorias de los llamados políticos tradicionales y hartos de los cortes de carreteras y demás conflictos causados por los movimientos sociales que se oponían a los distintos gobiernos que conoció el país en los últimos años. Desde fuera se confiaba en que la llegada de Morales y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo) comenzara a descomprimir una situación harto complicada y que el gobierno concibiera los mecanismos más eficaces para integrar a la sociedad y a la vida política a amplios sectores, como los indígenas, a los que se consideraba fuera del sistema.
Pronto se vio que pese a la simbología indigenista con que se recubría, el gobierno de Morales era un gobierno de y para los mestizos
Algunos análisis insistían en que se trataba de la última oportunidad que tenía Bolivia antes de caer en una conflictividad todavía mayor, en un país que corría el riesgo de sufrir una importante escisión de los departamentos orientales (Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando), los más ricos y pujantes, que no casualmente son los que almacenan en su subsuelo la mayor parte de las reservas de hidrocarburos. Una fractura de Bolivia podría tener gravísimas repercusiones geopolíticas, agravadas por los apoyos con contaran las partes enfrentadas, comenzando por el respaldo venezolano al gobierno de Morales, que incluye un componente militar. Por eso, ante tantas expectativas y temores, la comunidad internacional le otorgó un voto de confianza al nuevo gobierno boliviano. El respaldo internacional se vio reforzado ante la escenografía que rodeó al presidente y a su labor. Aceptando acríticamente el discurso oficial, todo el mundo asumió que Evo Morales era un indígena puro (u originario en su particular acepción) y no un mestizo fuertemente urbanizado. Es más, si algo es Evo Morales, es un claro producto del sistema democrático y político boliviano, que ha permitido la emergencia de nuevos grupos, nuevos partidos y nuevos líderes, que son los que hoy ejercen el poder.
Sin embargo, las expectativas internas y externas comenzaron a ser defraudadas rápidamente, gracias a un estilo de gobierno sumamente confrontacional. El discurso del presidente Morales, de su vicepresidente Álvaro García Linera y de los principales ministros de su gabinete era sumamente victimista (los 500 años de coloniaje, la explotación imperialista, la destructiva labor de la oligarquía nacional) y muy poco respetuoso de los derechos de la oposición. Esto se vio a partir de la elección de la Asamblea Constituyente, la encargada de redactar una nueva Constitución para el país, toda vez que Morales apostó por un modelo refundacional, cercano al del presidente Hugo Chávez. Si bien la legislación que hizo posible la convocatoria electoral señalaba claramente que la nueva Constitución debía aprobarse con los dos tercios de los votos, lo que implicaba la necesidad de lograr amplios consensos, el gobierno del MAS que no logró esa cantidad en la Asamblea, quiso cambiar las reglas de juego para poder imponer su propia mayoría.
Pronto se vio que pese a la simbología indigenista con que se recubría, el gobierno de Morales era un gobierno de y para los mestizos. La mejor evidencia de lo poco que en el fondo le preocupan los indígenas la tenemos en el reciente cambio de su gabinete, que marca un giro importante desde las posiciones más declarativamente indigenistas a otras más identificadas con la izquierda, con la intención de recuperar el favor de los sectores medios que inicialmente lo apoyaron y ahora comienzan a darle la espalda. De alguna manera la guinda que coronó el pastel se exhibió en los festejos del primer aniversario, cuando delante del presidente, del comandante en Jefe del Ejército y del embajador de Cuba desfilaron nutridos grupos de campesinos aymarás, algunos de ellos armados, conocidos como los ponchos colorados. Se trata de un grupo con algunos componentes paramilitares y, tanto en esa ocasión como en otras anteriores, fueron invocados por las más altas instancias políticas (el presidente y el vicepresidente) para defender la soberanía nacional, la unidad de la patria y los hidrocarburos de la voracidad extranjera. Por otro lado, se avanza en la equiparación de la justicia indígena tradicional (no sabemos de cuándo), los llamados usos y costumbres, con la justicia boliviana. Por supuesto que las garantías que pide una, comenzando por la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, no existen en la otra, que, por admitir, admite los castigos físicos. Se trata de un evidente retroceso en la lucha por las libertades individuales, gracias a la existencia de un discurso indigenista que en puntos como éste muestra su faz más retrógrada y reaccionaria.
La pérdida del Senado implica que en el futuro el presidente y el vicepresidente no podrán ausentarse juntos del país, si no quieren que el control de la República caiga en manos de un opositor
Pese a las expectativas tampoco llegó la paz social. La tensión interétnica creció rápidamente, muchas veces estimulada desde el propio gobierno. Por si esto fuera poco, hay que recordar los 16 muertos de los enfrentamientos entre mineros por el control del yacimiento de Huanuni y más recientemente los dos fallecidos durante los enfrentamientos en Cochabamba, impulsados por los cocaleros y otros grupos masistas, que al margen de cualquier legalidad querían remover al prefecto (gobernador), que había osado convocar un nuevo referendo autonómico (también al margen de la legalidad). En este punto se ve el poco apego del actual gobierno a la democracia y a los sistemas de controles propios de ella. Así, por ejemplo, cuando estalló la conflictividad con los prefectos, el gobierno propuso introducir la figura del referéndum revocatorio (similar al existente en Venezuela) para las principales autoridades surgidas de elecciones populares. Como los prefectos cuestionados estaban de acuerdo se avanzó en la propuesta, pero la piedra del escándalo surgió cuando el gobierno se mostró una vez más como un jugador de ventaja, toda vez que propuso que aquellas autoridades que habían ganado la elección con más del 50% de los votos requerían para ser removidas no la mayoría absoluta sino un punto porcentual más a la cifra obtenida cuando llegó al poder. Se trataba, obviamente, de preservar la continuidad del propio presidente Morales.
Con el nuevo año, la oposición logró el control del Senado, algo que no cayó nada bien en las filas masistas, que se veían ilegítimamente despojados de algo que consideraban legítimo. Más allá del normal juego de mayorías y minorías, lo cierto es que esta nueva situación tiene importantes consecuencias políticas a la hora de aprobar leyes, que necesitan el visto bueno de ambas cámaras. Pero si todo esto fuera poco, la pérdida del Senado implica que en el futuro el presidente y el vicepresidente no podrán ausentarse juntos del país, si no quieren que el control de la República caiga en manos de un opositor, el presidente del Senado.
La economía va bien. Las cuentas públicas están en orden y con recursos más abundantes que en el pasado gracias a los mayores ingresos generados por el gas y las exportaciones mineras. Sin embargo el intervencionismo estatal va en aumento y esto se está convirtiendo en un factor disuasorio importante para atraer inversiones extranjeras. Prueba de ello es la reciente renuncia, o cese, del presidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia), que quería impulsar la regeneración de la empresa desde bases racionales y con criterios de rentabilidad económica. Esto implicaba, entre otras cosas, la selección del personal en base a sus antecedentes y no por sus conexiones políticas y sus relaciones clientelares. Pero como el MAS quiere “ministros que den pegas (trabajo)” su futuro se convirtió rápidamente en pasado. Bolivia no se puede dar el lujo de prescindir de políticos y gestores capaces en función de su poca sintonía con el gobierno. Así no se reconstruye un país arrasado como éste, que para su recuperación necesita el concurso de toda la sociedad.